Acciones Privadas… ¿cuál es el alcance?

¿Cuál es el alcance que cabe otorgarle a las acciones privadas?

El alcance que cabe otorgarle a las «acciones privadas» previstas en el artículo 19 de la Constitución Nacional, al bien jurídico «salud pública», ha sido resuelto acertadamente en «Bazterrica» (Fallos: 308:1392), precedente que en los últimos veinte años, se ha transformado en un caso emblemático.

Fallo Capalbo. Tenencia de estupefacientes para consumo personal. Delito de peligro abstracto. Salud pública

Fallo Bazterrica Gustavo Mario – Tenenecia de Estupefacientes

Si bien con posterioridad a «Bazterrica», la Corte dictó otro pronunciamiento in re «Montalvo» (Fallos: 313:1333), que consideró legítima la incriminación de la tenencia para consumo personal, el Tribunal, decide apartarse de la doctrina jurisprudencial de ese último precedente y afianzar la respuesta constitucional del fallo «Bazterrica».

La jurisprudencia de la Corte en un tema tan trascendente, lejos de ser pacífica, ha sido zigzagueante. Así en «Colavini» (Fallos: 300:254) se pronunció a favor de la criminalización; en «Bazterrica» y «Capalbo», se apartó de tal doctrina (Fallos: 308:1392); y en 1990, en «Montalvo» vuelve nuevamente sobre sus pasos a favor de la criminalización de la tenencia para consumo personal (Fallos: 313:1333), y hoy el Tribunal decide volver a «Bazterrica». (Sumario confeccionado por el SAIJ).

En el fallo “Arriola, Sebastián y otros s/ causa N° 9080”, casi 23 años después de pronunciarse en “Bazterrica, Gustavo Mario s/tenencia de estupefacientes”,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a declarar la inconstitucionalidad de
la punición de la tenencia de estupefacientes para uso personal. Ahora bien, ¿Retoma
la Corte en Arriola la postura sostenida en Bazterrica en cuanto a la protección de la
autonomía (art. 19, Constitución Nacional)? ¿O la resguarda en menor medida? ¿O, en
cambio, la robustece? En “Arriola” se reivindica el voto que Petracchi había emitido
en Bazterrica –aún más liberal que el de la mayoría–. La interpretación amplia del
alcance dado en “Arriola” al principio de autonomía ciertamente se compadece con la
idea de igualdad democrática.

En el Fallo Salvini, Marcelo Daniel y otro s/Incidente de recurso extraordinario, del día 30 de Agosto 2022, la Corte Suprema declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal en cárceles. La decisión se apoya en el precedente “Arriola” y remarca que se trata de una acción realizada en el ámbito privado sin perjuicio a terceros que se encuentra protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal y reconoció que la penalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal en cárceles constituye una intromisión en la privacidad por parte del Estado que se encuentra protegido por el artículo 19 de la Constitución Nacional.

La decisión se nutre de un voto adoptado por Carlos Rosenkrantz en septiembre de 2021, donde –en disidencia y tomando como base el fallo “Arriola”– consideró que era inconstitucional el castigo penal a quien dentro de una institución carcelaria poseía estupefacientes para consumo personal en una pequeña cantidad de modo no visible u ostensible.

En el caso, el Juzgado Federal N° 1 de Paraná a cargo de Pablo Andrés Seró, había condenado a Marcelo Daniel Salvini a la pena de dos meses de prisión de cumplimiento efectivo por tenencia de estupefacientes para consumo personal, luego de que se le encontrasen ocho (8) cigarrillos de marihuana en una requisa mientras se encontraba alojado en la Unidad Penal Nº 7 de la ciudad de Gualeguay.

Esa sentencia fue recurrida ante la Cámara Federal de Casación Penal que, con votos de los jueces Liliana Catucci y Eduardo Rafael Riggi –y disidencia de Juan Carlos Gemignani– rechazó el recurso de casación, por considerar que “el ámbito carcelario donde fue incautada permite afirmar que la conducta de Salvini ha trascendido el ámbito privado protegido por el artículo 19 de la ley fundamental”.

Arribado el caso a la Corte, con la integración del conjuez Guillermo Antelo –juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal- y los votos de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte revocó la resolución de casación y envió la causa a primera instancia para dictar una nueva sentencia. Para ello, se remitió a la disidencia efectuada por Carlos Rosenkrantz en el fallo Rodríguez, Héctor Ismael, adoptado en septiembre de 2021.

Finalmente, concluyó que “esta Corte no puede justificar en este caso la criminalización de la conducta imputada por el mero hecho de que haya ocurrido dentro de un establecimiento carcelario”.

De esa forma, el voto de Rosenkrantz concluía que el castigo penal establecido en el art. 14 de la ley 23.737 a quien, dentro de una institución penitenciaria, posee estupefacientes para consumo personal en una pequeña cantidad de modo no visible u ostensible, era “constitucionalmente inválido”.

Por su parte, el juez Lorenzetti hizo lo propio y adhirió a los mismos argumentos que el magistrado había realizado en el fallo “Rodríguez”, que a la vez remitían a su voto en el fallo “Arriola”.

De esa forma, ratificó que el artículo 19 de la Constitución Nacional constituye una frontera que protege la libertad personal frente a cualquier intervención ajena, incluida la estatal. Para este magistrado “no se trata sólo del respeto de las acciones realizadas en privado, sino del reconocimiento de un ámbito en el que cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea”.

FALLO ARRIOLA SEBASTIAN

FALLO SALVINI MARCELO FPA 009510_2017_3_1_1_RH001

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