RESOLUCION ANSeS 350/16. P.N.R.H.

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RESOLUCION SECRETARIA SEGURIDAD SOCIAL – SSS 6/2016

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DECRETO REGLAMENTARIO 894/2016- DE LA LEY 27260

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LEY 27260 PROGRAMA NACIONAL DE REPARACION HISTORICA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

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Legislación de la Seguridad Social LEY Y-1885

Sistema Integrado Previsional Argentino

Antes leyes 24241,26222,26417 y 26425

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Acordada 14/2014 – CSJN

Se solicita al Congreso de la Nación que considere la necesidad de crear nuevos tribunales con competencia en materia de seguridad social, establecer mecanismos para abreviar procedimientos, disminuir la litigiosidad e incentivar el acatamiento, por parte de las autoridades administrativas, de las reglas de derecho establecidas consistentemente por esta Corte.

 

Bs. As., 6/5/2014

CONSIDERARON:

1°) Que mediante el pronunciamiento dictado, en la fecha, en la causa COM.766.XLIX «Pedraza, Héctor Hugo c/Anses s/Acc. de amparo», esta Corte ha sostenido -sobre la base de considerar la existencia de una situación de colapso en el trámite de los procesos radicados ante la Cámara Federal de la Seguridad Social- que la aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo 18 la ley 24.463, en tanto asignan competencia exclusiva de dicho tribunal para conocer, en grado de apelación, de todas las sentencias que dicten los juzgados federales con asiento en las provincias en los términos del art. 15 de la citada ley, importa una clara afectación de la garantía a la tutela judicial efectiva de los jubilados y pensionados que no residen en al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde esta comprobación, la Corte afirmó que permitir que las cámaras de apelaciones federales con asiento en las provincias intervengan como alzada en materia previsional garantiza el bienestar de los ciudadanos, el federalismo, la descentralización institucional y la aplicación efectiva de los derechos de los beneficiarios del sistema previsional.

En las condiciones expresadas y por las razones desarrolladas en los considerandos que sostienen el pronunciamiento que se relaciona, ante la necesidad de proceder a la tutela inmediata de las garantías constitucionales desconocidas, el Tribunal estableció que la Cámara Federal de la Seguridad Social dejará de intervenir en grado de apelación contra las sentencias dictadas por los jueces federales con asiento en las provincias, que con el alcance establecido en el considerando 18, serán de competencia de las cámaras federales que sean tribunal de alzada, en causas que no sean de naturaleza penal, de los juzgados de distritos competentes.

2°) Que frente al alcance de dicho pronunciamiento corresponde a esta Corte, como única responsable del Gobierno del Poder Judicial de la Nación, disponer las medidas apropiadas para que se realice de manera ordenada y rápida el desplazamiento de la competencia que se dispone.

3°) Que este Tribunal tiene entera conciencia de que la medida adoptada se trata de un mero paliativo a la situación de atolladero institucional que padece el fuero de la seguridad social, que avanza únicamente sobre los efectos de un sistema de litigación que, tras veinticinco años de contar con una jurisdicción especializada, se ha mostrado desde su génesis como ineficiente para brindar tutela judicial efectiva a demandas de prestaciones alimentarias promovidas por personas que transitan por una condición -de adultos mayores- que exige una respuesta rápida y oportuna, si lo que se pretende es cumplir con los mandatos imperativos que la Constitución Nacional impone a todas las Autoridades de la Nación respecto de los derechos de la seguridad social.

4°) Que con el mismo énfasis y reiteración que el Tribunal puso de manifiesto ante la situación creada -en la década de 1980- ante la Justicia Nacional del Trabajo, cuando la irrazonable demora en la realización judicial de los créditos laborales y previsionales reclamados llevó a afirmar que se habían visto «defraudados» los propósitos que motivaron la creación de ese fuero especial (acordadas Nro. 37, del 21 de junio de 1984; 17, 8 de mayo de 1986; 41, del 18 de septiembre de 1986; y 6, del 30 de abril de 1987; Fallos 306: 37; 308: 23 y 1511; Y 310:12, respectivamente), esta Corte debe insistir en la necesidad de que todos los Departamentos del Gobierno Federal pongan en ejercicio las atribuciones constitucionales que, respectivamente, les han sido reconocidas, con el objeto de propender coordinadamente a que la reclamación de estos derechos en sede administrativa y la ulterior judicialización de esas pretensiones, se encauce mediante instancias y procedimientos que sean apropiados para la oportuna tutela de derechos superiores que, para ser genuinamente efectiva, deben ser satisfechos en vida de sus titulares.

Por ello ACORDARON:

1) Dirigirse al Congreso de la Nación a fin de poner en su conocimiento la presente, y de solicitar que se considere la necesidad o conveniencia de poner en ejercicio sus facultades legislativas a fin de crear nuevos tribunales con competencia en materia de seguridad social, de dictar las disposiciones que permitan abreviar los procedimientos por los cuales tramitan esta clase de asuntos, de establecer los mecanismos que disminuyan la litigiosidad y que incentiven el acatamiento, por parte de las autoridades administrativas, de las reglas de derecho establecidas consistentemente por esta Corte; y de adoptar toda otra medida que se considere apropiada para el mejor logro del propósito que se persigue.

2) Dirigirse al Poder Ej ecutivo de la Nación a fin de poner en su conocimiento la presente, y de solicitar que se considere la necesidad o conveniencia de poner en ejercicio sus facultades como Jefe del Gobierno de la Administración Central de la República, a fin de disponer lo necesario para que las agencias bajo su ámbito lleven a cabo un acatamiento institucional de las decisiones reiteradamente tomadas por esta Corte como tribunal supremo y último intérprete de la Constitución Nacional y de sus leyes reglamentarias, en materia de determinación del haber inicial, de movilidad del haber, y de todo otra materia en que se hayan establecido consistentemente reglas de derecho; y de adoptar toda otra medida que se considere apropiada para el mejor logro del propósito que se persigue.

3) Dirigirse al Ministerio Público Fiscal a fin de poner en su conocimiento la presente, y de solicitar que se considere la necesidad o conveniencia de poner en ejercicio sus facultades procesales para que, en las causas judiciales de que se trata, sus magistrados tomen una participación activa y rápida en defensa de la supremacía de la Constitución y de la legalidad; y al Ministerio Público de la Defensa, con el objeto de que se sirva considerar la necesidad o conveniencia de tomar participación procesal para evitar situaciones de privación de justicia.

4) Dirigirse al Consejo de la Magistratura de la Nación, a fin de que provea eficazmente a la Cámara Federal de la Seguridad Social de los recursos materiales, humanos y financieros necesarios para superar la crisis de que se trata.

5) Dirigirse a la Cámara Federal de la Seguridad Social con el objeto de que: a) Considere la necesidad de habilitar días y horas, sobremanera para magistrados y funcionarios, a fin de concretar inmediatamente el desplazamiento de la competencia decidido en la causa COM.766.XLIX «Pedraza Héctor Hugo c/Anses s/Acc. de amparo», tomando todas las medidas que permitan que se cumpla con la mayor celeridad la remisión de las causas alcanzadas a los juzgados de primera instancia; b) Considere la necesidad de habilitar días y horas, sobremanera para magistrados y funcionarios, para la clasificación, tramitación y decisión, de todos los asuntos que se mantienen radicados ante su estrado, con o sin sorteo de sala; c) Se sirva adoptar un criterio de marcada excepcionalidad en sus decisiones y opiniones concernientes a las autorizaciones que requieran magistrados y funcionarios para el ejercicio de la docencia, o para él otorgamiento de licencias -por motivos científicos, culturales, deportivos, o personales- o de cualquier otra especie que no resulten compatibles con la situación de colapso que se reconoce; d) Se sirva elevar un informe quincenal sobre la cantidad de sentencias dictadas por el período considerado y la cantidad de causas ingresadas ante la segunda instancia, con o sin sorteo de sala; y sin perjuicio de las estadísticas que oportunamente se están comunicando; e) Se sirva elevar un informe quincenal con la cantidad de causas que han sido remitidas a los nuevos tribunales competentes, en cumplimiento de lo decidido en la causa COM.766.XLIX «Pedraza, Héctor Hugo c/Anses s/Acc. de amparo».

Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando que se comunicase y registrase en el libro correspondiente, por ante mí, que doy fe.

Ricardo Luis Lorenzetti. Carlos S. Fayt. Elena I. Highton de Nolasco. Juan Carlos Maqueda. Enrique S. Petracchi. E. Raúl Zaffaroni.

 

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Fallo Corte Suprema de Justicia: «Pedraza, Héctor Hugo c/ANSeS s/acción de amparo»

Declaración de inconstitucionalidad de oficio del art. 18 ley 24.463. Cámara Federal de la Seguridad Social deja de intervenir en instancia de apelación. Competencia de las Cámaras Federales Locales (Art. 24, inc. 7° del Decreto-Ley 1285/58).

Suprema Corte:

-I-

Los magistrados de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y los de la Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social, discrepan en torno a su competencia para conocer en esta causa, promovida por el actor contra la A.N.Se.S. -Unidad de Atención y Asistencia a Veteranos de Malvinas- con el fin de que se condene al organismo a liquidar y pagar la «Pensión Honorífica de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur», en los términos de la ley nº 23.848 y sus modificatorias y del decreto 2634/90 -y su mod.- (fs. 74/82, 88, 131/133, 167, 181 Y 189/191).

Con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que rechazó la acción de amparo incoada, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán declaró su incompetencia para intervenir como tribunal de alzada y remitió la causa a la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Por su lado, la Sala I de esa Cámara, rechazó su competencia con sustento en que sólo debe actuar como tribunal de grado, en los recursos de apelación intentados contra sentencias dictadas por los juzgados federales de primera instancia con asiento en las provincias, en los supuestos en que la acción se promovió conforme a lo previsto por el artículo 15 de la ley 24.463.

En tales condiciones, se suscita un conflicto negativo de competencia que toca dirimir al Tribunal, en los términos del artículo 24, inciso 7°, del decreto-ley 1285/1958, texto según ley 21.708.

-II-

La presente causa guarda sustancial analogía con la dictaminada por la Sra. Procuradora General de la Nación, e114 de agosto de 2013, en los autos Comp. 56, L. XLIX, «Portells, Hipólito y otros c/Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/Personal Militar y Civil de las FF.AA. y de Seguridad», a cuyas conclusiones incumbe remitir, en todo lo pertinente, por razones de brevedad.

Por lo expuesto, considero que la causa debe continuar su trámite ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. Buenos Aires, 29 de noviembre 2013. Marcelo Adrián Sachetta. Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Subrogante.

Autos y Vistos; Considerando:

l°) Que entre la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y la Cámara Federal de la Seguridad Social se ha planteado una contienda negativa de competencia en la causa iniciada por un pensionado en los términos de la ley 23.848 contra la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) con el objeto de obtener el pago de haberes retroactivos desde la fecha de la presentación de su solicitud administrativa.

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán se declaró incompetente por considerar que se trataba de una controversia de naturaleza previsional que debía ser resuelta por el fuero especializado en la materia para posibilitar al administrado un mejor servicio de justicia (fs. 167/167 vta). Por su lado, la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó su competencia al evaluar que, en virtud del artículo 18 de la ley 24.463, sólo actúa como tribunal de apelación en los recursos deducidos contra sentencias dictadas por los juzgados federales de primera instancia con asiento en las provincias en los supuestos en que la acción se inicie conforme a lo previsto por el artículo 15 de la ley 24.463 modificado por el art. 3° de la ley 24.655 (fs. 181).

A su turno la cámara preopinante insistió en su criterio original (fs. 189). En tales condiciones, se configura una contienda negativa de competencia que corresponde resolver al Tribunal (artículo 24, inciso 7°, del decreto-ley 1285/58, texto según ley 21.708).

2°) Que el presente conflicto de competencia debe ser resuelto en el marco de colapso en que se encuentra la Cámara Federal de la Seguridad Social debido a la sobrecarga de expedientes. Esta circunstancia obliga a esta Corte a examinar esta grave situación al margen de que ya tiene dicho que ese tribunal sólo conocerá en las apelaciones planteadas contra sentencias dictadas en demandas de conocimiento pleno en los términos del artículo 15 de la ley 24.463 (conf. Competencia N° 337. XLVII «Mamone, Rosa F. c/ ANSeS y otro s/ amparo», sentencia del 20 de diciembre de 2011).

3°) Que en su acordada 1/2014 la citada cámara ha advertido que se encuentra en una aguda crisis que la pone en la imposibilidad de brindar el servicio de justicia que merece nuestra sociedad en materia de derechos alimentarios que hacen a la subsistencia misma.

4°) Que la crítica situación señalada impacta directamente en uno de los grupos vulnerables que define nuestra Constitución -los jubilados- que no logran obtener respuestas de los jueces cuando efectúan un reclamo en torno a su prestación previsional, de neto carácter vital y alimentario (artículo 75, inc. 23).

5°) Que en la búsqueda de resolver esta aguda crisis que va a contramano del mandato del constituyente de otorgar mayor protección a quienes más lo necesitan, resulta necesario empezar por recordar que este Tribunal ya ha acudido a la declaración de inconstitucionalidad de oficio de las normas atributivas de competencia que excedan los límites constitucionales de sus atribuciones jurisdiccionales, en la medida en que la ausencia de planteamiento de la incompetencia ratione materiae por los interesados no puede ser obstáculo para el pronunciamiento de oficio a su respecto (Fallos: 143:191; 185:140; 238:288 entre otros); de lo contrario, se forzaría a los magistrados a declinar la propia jurisdicción o asumir la de otros tribunales u órganos sobre la base de normas constitucionalmente inválidas (Fallos: 306:303 voto de los jueces Fayt y Belluscio).

6°) Que dadas las circunstancias actuales descriptas, y de acuerdo con los fundamentos mismos de su rol institucional como cabeza del Poder Judicial de la Nación, esta Corte Suprema estima oportuno revisar la validez constitucional de la competencia atribuida por el artículo 18 de la ley 24.463 a la Cámara Federal de la Seguridad Social en lo que respecta a su carácter de tribunal de apelación de las sentencias dictadas por los juzgados federales con asiento en las provincias en los términos del artículo 15 de esa ley.

En efecto, ciertas normas susceptibles de ser consideradas legítimas en su origen, pudieron haberse tornado indefendibles desde el punto de vista constitucional con el transcurso del tiempo y el cambio de las circunstancias objetivas relacionadas con ellas. Las leyes no pueden ser interpretadas sin consideración a las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad, porque toda ley, por naturaleza, tiene una visión de futuro, y está destinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción (Fallos: 241:291 y 328:566).

7°) Que la ley 24.463 implicó -en conjunción con otras leyes de la época- una profunda reforma al sistema jubilatorio y en particular al procedimiento de impugnación judicial de los actos administrativos de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

En cuanto aquí interesa, estableció que la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social creada por ley 23.473 como fuero especializado de competencia nacional se transformaría en Cámara Federal y que intervendría en grado de apelación contra las sentencias dictadas por los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social de la Capital Federal y de los juzgados federales con asiento en las provincias (artículos 15 y 18).

8º) Que mediante la ley 24.463 el Poder Legislativo, en uso de las facultades otorgadas por el artículo 75, inc. 20 de la Constitución Nacional, reglamentó el procedimiento en materia de seguridad social de acuerdo con un criterio cuya conveniencia o acierto esta Corte ha reconocido como un ámbito ajeno a la posibilidad de revisión judicial (doctrina de Fallos: 300:642, 700 y 328:566, entre muchos otros). Esta facultad legislativa no obsta sin embargo a la valoración que quepa efectuar acerca de la racionalidad de las medidas adoptadas, entendida ésta como la adecuación entre el medio elegido y el fin propuesto como bien social en un momento dado. Ese medio será admisible siempre que tenga una relación racional con el fin que le sirve de presupuesto, el cual deberá representar un interés social de intensidad tal que justifique la decisión. Asimismo, el medio será admisible si no suprime ni hiere sustancialmente otros bienes amparados por la misma estructura constitucional.

9°) Que el objetivo que el Estado perseguía mediante la creación del fuero federal de la seguridad social y el establecimiento de la competencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social era instalar un sistema eficiente,’ que permitiese cubrir mejor los riesgos de subsistencia de la población de mayor edad o incapacitada para el trabajo, estableciendo un modo de revisión judicial de los actos que «otorguen o denieguen» beneficios y reajustes (Fallos: 313:1005; 318:1386 y 328:566).

En este sentido, cabe tener presente que la finalidad que se tuvo en cuenta al momento de crear la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social -antecesora de la Cámara Federal actual- fue dotar a la justicia de un ámbito especializado que solucionase en forma rápida y eficaz los numerosos problemas que se presentan dentro del área de la seguridad social (conf. Debate Parlamentario de la ley 23.473).

10) Que sin embargo, el Tribunal no puede negar la evidencia empírica que demuestra que la vigencia del procedimiento de apelación establecido en el artículo 18 de la ley .24.463 ha tenido el efecto contrario. Ha producido en la Cámara Federal de la Seguridad Social una acumulación de causas provenientes de diferentes jurisdicciones federales del país que deriva en el colapso al que ya se ha hecho referencia en el considerando 3°, afectando de esta manera en forma decisiva la posibilidad de que ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad obtengan en forma rápida y eficiente una respuesta jurisdiccional a sus reclamos de contenido netamente alimentarios.

En consecuencia, la ampliación de la competencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que en su momento pudo ser considerada una ventaja para los beneficiarios del sistema previsional, ha derivado con su aplicación en el tiempo en una clara postergación injustificada de la protección que el Estado debe otorgar a los jubilados.

11) Que frente al peligro cierto de desconocer la vigencia de los beneficios de la seguridad social a centenas de miles de jubilados, el Poder Judicial ve comprometida su misión de velar por la vigencia real y efectiva de la Constitución Federal.

Ello lleva a ponderar las circunstancias presentes para evitar que por aplicación mecánica e indiscriminada del artículo 18 de la ley 24.463 se vulneren derechos fundamentales de la persona y se prescinda dé la preocupación por arribar a una decisión objetivamente justa en los casos concretos. De así ocurrir, la solución sería frontalmente contraria al propósito de «afianzar la justicia», enunciado en el Preámbulo de la Constitución Nacional, que no sólo se refiere al Poder Judicial sino a la salvaguarda del valor justicia en los conflictos jurídicos concretos que se plantean en el seno de la comunidad (doctrina de Fallos: 307: 326 y 328: 566).

12) Que en consecuencia, el artículo 18 de la ley 24.463 no permite efectivizar la pretensión fundamental del legislador de garantizar acciones y vías procesales que posibiliten un efectivo acceso al servicio de justicia y a la tutela jurisdiccional, asegurando la mayor eficiencia y celeridad de las decisiones judiciales (arg. Fallos: 328:566).

13) Que tampoco es posible soslayar que la Cámara Federal de la Seguridad Social tiene su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que en esta ciudad se concentra la totalidad de las apelaciones ordinarias deducidas en las causas previsionales que se inician en todo el país. Por tal motivo, en esta materia, cualquier adulto mayor o persona incapacitada de trabajar que decida impugnar judicialmente actos de la Administración Nacional de la Seguridad Social debe representarse la alternativa, altamente probable por cierto, de que su causa continúe su trámite ordinario en la citada ciudad.

No importa que el actor resida en la provincia que sea, lo cierto es que las decisiones que a su respecto se adopten en los juzgados federales con asiento en las provincias, al ser apeladas, continuarán su trámite en la Ciudad de Buenos Aires. Así, la aplicación de la ley vigente conduce a que se plantee la paradoja de que personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y formulan pretensiones de carácter alimentario, que se relacionan con su subsistencia y su mejor calidad de vida, se ven compelidas a acudir a tribunales ordinarios que distan centenares o miles de kilómetros del lugar donde residen, debiendo afrontar los costos que el cambio de sede implica.

14) Que por tal motivo, y atento a las particulares características de la materia en examen, es posible sostener que la aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo 18 la ley 24.463, en tanto asignan competencia exclusiva de la Cámara Federal de la Seguridad Social para conocer, en grado de apelación, dé todas las sentencias que dicten los juzgados federales con asiento en las provincias en los términos del artículo 15 de la citada ley, importan una clara afectación de la garantía a la tutela judicial efectiva de los jubilados y pensionados que no residen en al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pues mediante este sistema recursivo centralizado ven incrementados los costos y plazos para el tratamiento de sus planteos, lo que claramente les dificulta la posibilidad de ejercer adecuadamente su derecho de defensa en el proceso que persigue el reconocimiento de derechos alimentarios.

15) Que en este sentido, no es ocioso señalar que el derecho de ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional no se encuentra satisfecho con la sola previsión legal de la posibilidad de acceso a la instancia judicial sino que requiere que la tutela judicial de los derechos en cuestión resulte efectiva; esto es, que sea oportuna y posea la virtualidad de resolver definitivamente la cuestión sometida a su conocimiento. Así lo reconocen los tratados internacionales con jerarquía constitucional a partir de 1994 (artículo 75, inc. 22) entre los cuales cabe citar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 8 y 25.2.a) y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.1).

Tal derecho aparece seriamente afectado cuando, en una materia tan sensible como lo e$ la previsional, el trámite ordinario del proceso, sin razones particulares que lo justifiquen, se traslada de la sede de residencia del actor. En este sentido, cabe resaltar que la importancia de la proximidad de los servicios de los sistemas de justicia a aquellos grupos de población que se encuentren en situación de vulnerabilidad’ ha sido expresamente destacada en las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (Capítulo 11, Sección 4°, pto. 42).

16) Que permitir que las cámaras de apelaciones federales con asiento en las provincias intervengan como alzada en materia previsional garantiza el bienestar de los ciudadanos, el federalismo, la descentralización institucional y la aplicación efectiva de los derechos de los beneficiarios del sistema previsional.

17) Que, de acuerdo con lo hasta aquí expuesto, cabe concluir en que la competencia que el artículo 18 de la ley 24.463 atribuye a la Cámara Federal de la Seguridad Social en materia de apelación respecto de las sentencias dictadas por los juzgados federales provinciales en los términos del artículo 15 de la ley citada, no resulta un medio ni adecuado, ni idóneo, ni necesario, ni proporcional en relación con los derechos, intereses y valores que el Estado está. llamado a proteger en la materia bajo examen.

18) Que con arreglo a lo decidido en la acordada 80/93, este desplazamiento de la competencia será de aplicación inmediata, alcanzando inclusive a todos los asuntos radicados ante la Cámara Federal de la Seguridad Social o con recurso de apelación ya concedido, con excepción de aquellos en los que se hubiesen dictado actos típicamente jurisdiccionales antes del 30 de abril de 2014.

La fijación de esta línea divisoria en los términos señalados ha tenido debidamente en consideración la especial prudencia que debía guiar decisiones de esta especie, en la medida en que a diferencia de las situaciones examinadas por el Tribunal en los casos «Tellez» e «Itzcovich» (Fallos: 308:552 y 328:566, respectivamente), la nueva radicación de las causas ante las cámaras federales no priva de validez alguna a los actos procesales cumplidos, que mantienen incólume su validez y eficacia (Fallos: 114:89; 233:62; 256:440; 306:1223, 1615 y 2101, considerando 12 y sus citas; 310:2049, 2184 y 2845; 312:251 y 466; 313:542; 316:679 y 2695; 317:499 y 1108; 319:1675, 2151 y 2215; 320:1878; 321:1419; 322:1142; 324:2334, entre otros).

19) Que lo hasta aquí expuesto resulta aplicable con mayor razón a las cuestiones de competencia que se den en acciones de amparo como la presente, máxime si se repara en que no se encuentran incluidas dentro de las previsiones del artículo 15 de la ley 24.463 por no tratarse de demandas de conocimiento pleno.

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal: a) se declara que, con arreglo a lo establecido en el artículo 15 de la ley 24.463, la presente acción de amparo deberá tramitar ante la Cámara Federal de Tucumán; b) se declara la inconstitucionalidad del artículo 18 de la ley 24.463 en los términos señalados y se establece que la Cámara Federal de la Seguridad Social dejará de intervenir en grado de apelación contra las sentencias dictadas por los jueces federales con asiento en las provincias, que con el alcance establecido en el considerando 18, serán de competencia de las cámaras federales que sean tribunal de alzada, en causas que no sean de naturaleza penal, de los juzgados de distritos competentes. Hágase saber a la Cámara Federal de la Seguridad Social y a todas las Cámaras Federales con asiento en las provincias. Ricardo Luis Lorenzetti. Elena I. Highton de Nolasco. Carlos S. Fayt. Enrique S. Petracchi. Juan Carlos Maqueda. E. Raul Zaffaroni.

VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI

Considerando:

1°) Que concuerdo con la relación de antecedentes efectuada en los considerandos 1° a 4° del voto que encabeza este pronunciamiento, a los que remito por razones de brevedad.

También concuerdo con el fundado examen teleológico de la ley 24.463 que lleva a cabo dicho voto, así como la apropiada ponderación que realiza de las consecuencias originadas por la aplicación de dicho ordenamiento y el modo directo e inmediato en esta situación compromete las garantías constitucionales de los justiciables, razón por la cual doy por reproducidos los considerandos 7° a 17 del voto mencionado.

2º) Que esta Corte tiene el deber institucional de adoptar las medidas razonables y apropiadas para preservar la validez constitucional de los procesos, futuros y en trámite, en que la aplicación de la regla establecida por el artículo 18 de la ley mencionada dé lugar a la violación de las garantías constitucionales en juego, además de incurrir en una grave afectación de uno de los pilares fundamentales de la administración de justicia en un Estado democrático.

Se trata, pues, de enfrentar con la rapidez que exige la naturaleza de los intereses comprometidos una situación que dista de ser novedosa en la doctrina de los precedentes de esta Corte, que ante casos que guardan analogía con el presente ha debido tomar decisiones con la mayor celeridad para evitar situaciones frustratorias de garantías constitucionales o de atolladero institucional en la administración de justicia (acordadas 15/87, 6/89, 45/96, 75/96, Y 34/2002, Y sus citas; acordada 23/2005).

3°) Que en el tradicional precedente de Fallos: 246:87, de 1960 («Cavura de Vlasov»), esta Corte hizo un señalamiento detallado del modo en que, sobre la base de su cóndición de titular del Poder Judicial de la Nación reconocida en la Constitución Nacional y aún sin un texto infraconstitucional expreso, hubo intervenido -desde 1928, Fallos: 153:55- para establecer el tribunal competente ante situaciones de manifiesta denegación de justicia que ofendían la garantía superior de defensa en juicio. Recordó el Tribunal en aquel fallo que sobre la base de la experiencia de esos antecedentes, el Congreso de la Nación sancionó la ley 13.998 poniendo explícitamente en cabeza de esta Corte la obligación de conocer para definir el juez competente en los casos en que su intervención fuere indispensable para evitar una efectiva privación de justicia (artículo 24, inc. 8°), texto que pasó a integrar la ley orgánica vigente desde 1958 (artículo 24, inc. 7°, del decreto-ley 1285/58, ley 14.467). En la clásica obra «Jurisdicción Federal», Jorge Gondra explicaba en 1944 que esta Corte ya intervenía para definir el juez que debía entender en un juicio ante casos excepcionales para evitar la efectiva denegación de justicia que de otro modo se produciría (pág. 430).

4º) Que en las condiciones expresadas, corresponde nuevamente poner en ejercicio la atribución de que se trata, en el recto sentido que se propone en este acuerdo, de que en los recursos de apelación deducidos en las causas radicadas ante los juzgados federales con asiento en las provincias dejará de intervenir la Cámara Federal de la Seguridad Social, conociendo de esos asuntos las cámaras federales con asiento en las provincias que, para casos que no sean de naturaleza penal, sean respectivamente el tribunal de alzada de los juzgados de distrito intervinientes.

5º) Que con arreglo a lo decidido en la acordada 80/93, este desplazamiento de la competencia será de aplicación inmediata, alcanzando inclusive a todos los asuntos radicados ante la Cámara Federal de la Seguridad Social o con recurso de apelación ya concedido, con excepción de aquellos en los que se hubiesen dictado actos típicamente jurisdiccionales antes del 30 de abril de 2014.

La fijación de esta línea divisoria en los términos señalados ha tenido debidamente en consideración la especial prudencia que debía guiar decisiones de esta especie, en la medida en que a diferencia de las situaciones examinadas por el Tribunal en los casos «Téllez» e «Itzcovich» (Fallos: 308:552; y 328:566, respectivamente), la nueva radicación de las causas ante las cámaras federales no priva de validez alguna a los actos procesales cumplidos, que mantienen incólume su validez y eficacia (Fallos: 114:89; 233:62; 256:440; 306:1223, 1615 y 2101 considerando 12 y sus citas; 310:2049, 2184 y 2845; 312:251 y 466; 313:542: 316:679 y 2695; 317:499 y 1108; 319:1675, 2151 y 2215; 320:1878; 321:1419; 322:1142; 324:2334, entre otros).

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal: a) se declara que, con arreglo a lo establecido en el artículo 15 de la ley 24.463, la presente acción de amparo deberá tramitar ante la Cámara Federal de Tucumán; b) se declara con sustento en lo dispuesto en el artículo 24, inc. 7°, del decreto-ley 1285/58, que hasta nueva disposición del Tribunal, la Cámara Federal de la Seguridad Social dejará de intervenir en grado de apelación contra las sentencias dictadas por los jueces federales con asiento en las provincias, que con el alcance establecido en el considerando 5° serán de competencia de las cámaras federales que sean tribunal de alzada, en causas que no sean de naturaleza penal, de los juzgados de distritos competentes. Hágase saber a la Cámara Federal de la Seguridad Social y a todas las Cámaras Federales con asiento en las provincias. Enrique S. Petracchi.


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Fallo

exclamEl fallo Cachero José Ramón c/Televisión Federal SA (Telefe) s/Indemnización por despido, del 20 del marzo de 2013, dictado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, es importante porque unifica la jurisprudencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la de la provincia de Buenos Aires.

El entonces fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (con la creación de los Tribunales de Casación ya no existen los fallos plenarios, aunque siguen siendo un importante precedente), en el caso Couto de Capa Irene M vs. Aryva SA, del 5 de junio de 2009, establecía lo que este nuevo fallo ordenó para la provincia de Buenos Aires.

¿Qué es lo que establecen ambos fallos? Disponen que el empleado que se jubila y continúa trabajando comienza una nueva relación laboral. Por la antigüedad, a los efectos de la indemnización, por despido se cuenta a partir desde que la persona obtuvo la jubilación.

Esto importa la posibilidad de que un empleado, a pesar de que haya obtenido la jubilación, pueda continuar trabajando para su empleador con un nuevo régimen de cargas sociales reducidas (el empleado paga aportes y el empleador, contribuciones al sistema previsional y al Instituto de Jubilados y Pensionados, y ya no el resto de las mismas). Se le paga en caso de despido la indemnización por antigüedad por los años posteriores a la jubilación, y no todos los años de la relación laboral.

TEXTO COMPLETO DEL FALLO

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 20 de marzo de 2013, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Hitters, Kogan, se reunen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 112.734, «Cachero, José Román contra Televisión Federal S.A. (Telefé S.A.). Indemnización por despido».

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, desestimó la acción instaurada con costas a la parte actora (fs. 478/493).

Ésta dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 499/503), el que fue concedido por el citado tribunal a fs. 504.

Dictada a fs. 512 la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. El tribunal del trabajo interviniente -por mayoría- rechazó la demanda promovida por José Román Cachero -continuada por Helen Nedda Aguiar, Alberto Cachero Aguiar, Roxana Cachero Aguiar y Paula Cachero Aguiar, en carácter de herederos- contra Compañía de Televisión del Atlántico S.A. (hoy absorbida por Televisión Federal S.A. ‑Telefé-) en concepto de diferencias indemnizatorias por despido y multa establecida en el art. 2 de la ley 25.323 (fs. 478/493).

II. La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la errónea aplicación del art. 253 de la Ley de Contrato de Trabajo (fs. 499/503).

Afirma que el supuesto ventilado en autos resulta ajeno a la órbita de aplicación de la norma citada, de manera tal que la indemnización por despido debe establecerse computando todo el tiempo trabajado para el empleador y no solamente el posterior al otorgamiento del beneficio previsional. Ello, porque -sostiene- el trabajador no cesó en su empleo como indica dicho precepto legal, sino que continuó desempeñándose en forma ininterrumpida.

Alega que es absurdo sostener, como lo hizo la mayoría del tribunal a quo, que existieron dos vinculaciones entre las partes pues -indica- no hubo cese de la actividad laboral ni, por ende, reingreso, y tampoco la demandada hizo uso de alguno de los derechos previstos en el art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo que permita la aplicación lisa y llana del citado art. 253.

III. El recurso no puede prosperar.

1. En lo que interesa, el tribunal de origen juzgó acreditado que el señor José Román Cachero se desempeñó bajo las órdenes de la demandada Compañía de Televisión del Atlántico S.A. como coordinador del servicio informativo a partir del día 1 de noviembre de 1998; asimismo, que esta última hubo de reconocerle la antigüedad, remuneraciones y demás condiciones laborales vigentes a esa fecha con su antecesora Telenueva S.A., titular del canal 9 de Bahía Blanca (vered., fs. 480).

Indicó que, por resolución del día 25-VI-1999, la A.N.Se.S. le otorgó al actor el beneficio jubilatorio fijando la fecha en que adquirió derecho a la prestación a partir del 5 de marzo de 1999, y que del formulario «PS 6.10» de aquel organismo -acompañado por el propio accionante- surgía su reingreso a la actividad de la Compañía de Televisión del Atlántico S.A. con la tarea de Jefe del servicio informativo, con fecha 5 de junio de 1999; siendo finalmente despedido sin expresión de causa por carta documento remitida por la demandada el día 23-III-2001 (vered., fs. 481 y vta.).

Sobre esa plataforma, analizó cuál era la antigüedad a tener en cuenta para el cálculo indemnizatorio. Señaló que, por un lado, el accionante sostuvo que la relación laboral se mantuvo en forma ininterrumpida desde el ingreso hasta el despido dispuesto por la demandada el 23 de marzo de 2001 sin invocación de causa. Y, por su parte, la empleadora apuntó que el actor fue intimado, conforme lo prescripto por el art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo a iniciar los trámites jubilatorios con fecha 30-IV-1999, obteniendo el beneficio previsional por resolución del 25 de junio de ese año, fijando entonces la fecha de adquisición del derecho (5-III-1999), con constancia del reingreso el día 5 de junio de 1999.

Sentado ello, destacó que resultaba necesario identificar si existió o no «un corte» en la relación laboral que unió a las partes (v. sent., fs. 484 vta./485), y al respecto determinó -por mayoría- que, producido su egreso con la obtención del beneficio jubilatorio, nació en forma contemporánea un nuevo vínculo con el accionante pero ya en calidad de trabajador jubilado.

Precisó que el actor, en el escrito de inicio, reconoció que reingresó el 5-VI-1999 y que se desprendía del formulario allí acompañado el pase a estado de pasividad o «cese», con la obtención del beneficio jubilatorio, el 5 de marzo de 1999, y ya, en tal carácter ‑jubilado-, fue contratado nuevamente, iniciándose un nuevo período laboral, en forma casi inmediata. Concluyó, entonces, que existieron dos contratos independientes: el primero cesó al obtener el beneficio previsional y el segundo se inició con posterioridad, aun cuando no hubiera diferencias ostensibles en cuanto a la prestación, como en el caso de autos, verificándose jurídicamente en consecuencia el «reingreso» al que aluden los arts. 34 de la ley 24.241 y 253 de la Ley de Contrato de Trabajo (sent., fs. 485 vta.).

Así -dijo-, armonizando estas dos ramas del derecho, frente al nuevo texto legal del art. 253 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por el art. 7 de la ley 24.347, habiendo alcanzado el actor el beneficio jubilatorio, a los fines del cálculo de la indemnización prevista en el art. 245 sólo debía computarse la antigüedad adquirida en la nueva etapa de la relación. Por todo ello, juzgó que al demandante sólo le correspondía percibir el rubro indemnización por antigüedad por los últimos dos años de la relación (desde junio de 1999 al 23 de marzo de 2001) en atención a la restricción establecida por la norma citada. Luego, teniendo presente que aquélla había sido abonada al accionante, desestimó la demanda interpuesta.

2. La recurrente no logra controvertir eficazmente las conclusiones expuestas por el tribunal de la instancia ordinaria.

a. La crítica desplegada por la impugnante se sustenta en las consideraciones expuestas en el sufragio del magistrado que quedó en minoría en el pronunciamiento de grado, y sabido es que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, por estructurarse básicamente en las aseveraciones de la minoría, deja incólume la construcción sustentada por la mayoría del tribunal (conf. causas L. 90.933, «Toppa», sent. de 5-V-2010; L. 77.041, «Maza Vergara», sent. de 10-IX-2003).

b. Sin perjuicio de ello, el despliegue ensayado a los fines de postular la existencia de la continuidad de la relación originaria, aún en una hipótesis más favorable, tampoco sería apto para obtener una revocación de lo juzgado en la instancia. Esta Corte en la causa L. 87.039, «Liptak Ghiloni» (sent. de 5-V-2010) estableció que conforme el párrafo agregado por la ley 24.347 al art. 253 de la Ley de Contrato de Trabajo, sólo resulta computable ‑a los efectos del cálculo de la indemnización por despido- la antigüedad acumulada por el trabajador con posterioridad a la obtención del beneficio previsional. Ello, tanto en el caso en que el dependiente hubiera cesado definitivamente y reingresado posteriormente a las órdenes del mismo empleador, como en el supuesto de que hubiera continuado trabajando en la empresa después de obtenido el beneficio, sin solución de continuidad.

Como allí lo expresó mi distinguido colega doctor Genoud en su voto -al que presté mi adhesión-, la norma prevista en el actual art. 253 de la Ley de Contrato de Trabajo no puede interpretarse con abstracción de lo decidido por el legislador al contemplar la hipótesis de la extinción por jubilación del trabajador (art. 252, ley cit.), que ante su configuración excluye la procedencia de la indemnización por antigüedad; por lo tanto al prescribir aquélla contemplando el reingreso, que en el caso de despido ulterior sólo debe computarse como antigüedad el tiempo de servicios posterior al cese, ha querido evitar que se indemnice al trabajador teniendo en cuenta los mismos períodos de trabajo en virtud de los cuales logró obtener el beneficio jubilatorio; o como bien lo apuntara el doctor Roncoroni al votar en la causa L. 78.989, «Frigerio» (sent. de 4-VI-2003), tiene por objeto «impedir una doble capitalización de la antigüedad desvirtuando con ello el fin específico de protección que de ella dimana para configurar un enriquecimiento injustificado del trabajador a expensas del Estado y del empleador».

Ese trascendental propósito que tuvo en miras el legislador atendiendo a la particular situación del «trabajador jubilado» (genérico epígrafe que la propia ley contiene en el Título XII, Capítulo X, segunda parte), no puede dejarse de lado con el argumento de que en el caso el actor no «cesó» sino que trabajó sin solución de continuidad no obstante haberle sido concedida la jubilación.

En suma, la postura que esgrime la recurrente colisiona con los lineamientos de la doctrina actual de esta Corte (v. causas L. 87.039, «Liptak Ghiloni» y L. 83.330, «Maciel», ambas sents. de 5-V-2010).

IV. Por todo lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado, con costas (art. 289, C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

Adhiero a la solución que propone el doctor Soria.

En consonancia con lo expuesto en su voto, estimo apropiado recordar lo decidido por esta Corte en punto a que a tenor de lo dispuesto por el segundo párrafo del art. 253 de la Ley de Contrato de Trabajo, introducido por el art. 7 de la ley 24.437, el legislador ha puesto fin a los discrepantes criterios jurisprudenciales y doctrinarios en torno a la antigüedad que debía considerarse a los fines del cálculo de la indemnización por despido, y dispuso se compute la adquirida después del cese, aún en los casos en que la finalización del vínculo no ha sido efectiva (conf. causa L. 83.330, «Maciel», sent. del 5-V-2010).

Voto por la negativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:

Adhiero al voto del doctor Soria, de conformidad con la posición que, sobre las cuestiones aquí consideradas, tuve oportunidad de adoptar en las causas L. 83.330, «Maciel» y L. 87.039, «Liptak Ghiloni», ambas sentencias del 5-V-2010.

Por lo expuesto, voto por la negativa.

La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votó también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, C.P.C.C.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

HECTOR NEGRI

DANIEL FERNANDO SORIA   JUAN CARLOS HITTERS

HILDA KOGAN

GUILLERMO LUIS COMADIRA

Secretario

 

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