FALLO TOMMASI: JUZGADO CYC 1 DJMDP

Carátula: TOMMASI GASTON ALBERTO C/ COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. S/ EJECUCION DE HONORARIOS DE MEDIACION LEY 13.951 –

Nro de causa: 126907

Fecha: 08/04/2020

Descripción: SENTENCIA INTERLOCUTORIA

Estado: En Letra

Observación :

Trámite Despachado :ESCRITO ELECTRONICO (242200490018376380)

TOMMASI GASTON ALBERTO C/ COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. S/ EJECUCION DE HONORARIOS DE MEDIACION LEY 13.951

Exte. N°126907

Objeto:contesta excepciones

Peticionante:Dr. Gastón Alberto Tomassi. Actor.

Escrito electrónico:ESCRITO ELECTRONICO (242200490018376380)

Mar del Plata, 8 de abril de 2020.

AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: «TOMMASI GASTON ALBERTO C/ COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. S/ EJECUCION DE HONORARIOS DE MEDIACION LEY 13.951» Expte. N° 126907, de trámite por ante este Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 Departamental y de los cuales;

RESULTA:

  1. I) Que mediante la presentación del 18/7/2019 -fs. 26/28- el Dr. Gastón Alberto Tommasi –en ejercicio de su propio derecho- promueve acción de determinación y ejecución de honorarios de mediación contra la “Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A.» por la suma de ocho mil cuatrocientos pesos ($8400) con más actualización monetaria, intereses, costos y costas del proceso.

Como antecedentes de su reclamo refiere que intervino como mediador prejudicial en los autos “Panario Roció Joana c/ Repetto Sofía s/ Daños y Perjuicios», identificada como MP 6205/2019, que fuera asignada a éste Juzgado en lo Civil y Comercial nro. 1 a mi cargo.

Relata que dicho proceso de mediación transcurrió con normalidad, llegándose a un acuerdo sustentable al cabo de dos audiencias, por la suma de $45.000.- para la requirente y a cargo del tercero requerido, la Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A.

Refiere que al momento de confeccionar el acta de cierre de mediación, la obligada al pago rechazó abonar sus emolumentos de acuerdo al art. 31 inc. b) del decreto vigente a la fecha de cierre de la mediación.

Solicita aplicación de la retribución establecida en el art. 31 inc. b) del Decreto Reglamentario 43/19 de la ley 13.951.

Ofrece prueba.

  1. II) Que por auto de fecha 7/8/2019 -fs. 29/30- se da curso a la pretensión del actor en los términos de los arts. 521 y 529 del CPCC y se ordena librar mandamiento de intimación de pago y embargo por la suma de $8400.- con más la de $ 8404.- que se presupuestan provisoriamente para responder a intereses, costos y costa de la ejecución, cuyo diligenciamiento consta a fs. 31/33.

III) Que mediante el escrito electrónico del 9/9/2019 -nro. 247400490018237089- se presenta el Dr. Fabián Daniel Fittipaldi como apoderado de “Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A.» oponiendo la excepción de “inhabilidad de título” al progreso de la acción, y solicita su rechazo con costas.

Considera que en el instrumento acompañado por la actora -acuerdo suscripto por las partes- se pactó que los honorarios del mediador serían determinados por el suscripto.

Indica que el demandante no tuvo ninguna intervención en la construcción del convenio al que arribaran las partes.

Aduce que la petición del mediador fue a fin de la determinación de sus honorarios para que los mismos sea ejecutables y no para ejecutarlos.

Expresa que no hay suma exigible, ello por cuanto en el título no está acordada y determinada conforme lo exige el art. 518 del CPCC.

Concluye que no hay vía ejecutiva por no existir título hábil con obligación de dar sumas de dinero liquidas y exigibles.

  1. IV) Que por auto de fecha 4/10/2019 -fs. 35vta.- se corre traslado de la excepción opuesta, la que es contestada por el Dr. Gastón Alberto Tomassi a través de la presentación efectuada el 15/10/2019 –nro. 242200490018376380-.

En primer término, se extiende sobre la función del mediador, y su retribución ello en los términos de la ley 13.951 y el Decreto 43/19.

Argumenta que el acta de cierre de mediación cumple acabadamente con los requisitos establecidos en el art. 518 del CPCC.

Manifiesta que los honorarios del mediador se encuentran tasados por ley, y que ello se diferencia de la facultad del juez de morigerarlos.

Refiere que en caso de que en el ámbito de la mediación prejudicial se arribe a un acuerdo, son las propias partes las interesadas en presentarlo a homologación judicial

Cita jurisprudencia en apoyo de su postura, funda en derecho y solicita el rechazo de la excepción opuesta con costas y que se dicte sentencia condenatoria.

Y CONSIDERANDO:

  1. I) De acuerdo con el trámite que prevé la ley para la mediación previa, el reclamante debe presentar la demanda ante la Receptoría de Expedientes, donde se sortea un mediador y el juzgado que eventualmente intervendrá en la homologación del acuerdo y -en su caso- de los honorarios que se hayan convenido, o en la litis (arts. 6 y 7 de la ley nro. 13951 y 6 del Decreto que la reglamenta, nro. 43/19).

Las alternativas por las que puede culminar dicho procedimiento de mediación son dos: o bien con un acuerdo de las partes sobre la controversia o -por el contrario- por la imposibilidad de arribar a él.

En ambos supuestos se debe labrar un acta, cuyo contenido varía según el modo en que haya finalizado el procedimiento en cuestión.

Así, en caso de no mediar acuerdo, se dejará constancia de tal resultado y de lo acontecido en el trámite, tal como cantidad de audiencias realizadas, quienes asistieron a ellas y solicitaron el cierre, entre otras. Y en éste último caso, el reclamante queda habilitado a iniciar la vía judicial correspondiente (arts. 18 de la ley 13951; 18 del Decreto 43/19).

En lo que respecta a la retribución del mediador, el artículo 31 de la citada la ley especial dispone que el Mediador percibirá por la tarea desempeñada en la mediación una suma fija, cuyo monto, condiciones y circunstancias se establecerán reglamentariamente, y que dicha suma será abonada por la o las partes conforme al acuerdo transaccional arribado.

Asimismo, regla que en el supuesto que fracasare la mediación, el mediador podrá ejecutar el pago de los honorarios que le corresponda ante el Juzgado que intervenga en el litigio.

Por su parte, el artículo 31 del Decreto reglamentario 43/19 establece las pautas para determinar tales estipendios, la oportunidad en que se deben pagar y –eventualmente- ejecutar.

Dicha norma dicta que una vez finalizada la mediación, si mediare acuerdo, en el acta se deberá dejar establecido el monto, el lugar, la fecha de pago -que no podrá extenderse más allá de treinta (30) días corridos-, y los obligados al pago, en tanto que si no mediare acuerdo y la parte requirente no iniciare el proceso judicial dentro de los ciento veinte (120) días de finalizado el proceso de mediación, el mediador quedará facultado a solicitar judicialmente el pago de los honorarios.

Y la última parte del citado artículo estipula que el mediador también quedará facultado a solicitar la determinación judicial de sus honorarios si se iniciare el proceso judicial pero el mismo no registrare movimiento útil por ciento ochenta (180) días.

Por otro lado, en cuanto a la excepción de inhabilidad, vale señalar que la misma está referida a lo que la ley entiende por título, esto es al documento que da base a la ejecución, de modo que toda defensa que no ataque directamente de inhábil al instrumento que prueba el derecho, no puede detener el curso del trámite judicial. Por ello, la excepción de inhabilidad de título solo puede fundarse en las condiciones extrínsecas del instrumento que comprueba la obligación, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa (art. 542 inciso 4to. del CPCC).

  1. II) a. La pretensión contenida en la demanda iniciada por el Dr. Gastón Alberto Tommasi por su propio derecho consiste en la determinación y ejecución de sus honorarios por su labor como mediador prejudicial.

Aclaro que ello resulta válido, puesto que la aparente alternativa de que el nombrado deba tramitar dos procesos distintos –uno para determinar honorarios y otro para ejecutarlos- no se muestra concordante con los más elementales principio procesales, como lo es el de economía procesal.

Al respecto vale mencionar que la cuantía de tales estipendios no depende de una regulación judicial, sino que es la propia ley especial –en éste caso, el Decreto 43/19- quien la establece. Concretamente, el artículo 31 de dicha normativa fija una suma única y específica de retribución por dichas labores que depende directamente del monto del asunto que es sometido a mediación. No resulta necesario entonces el dictado de un auto regulatorio en sede judicial, sino que –en su caso- tal intervención se vinculará con la ejecución de los estipendios del mediador.

En ese sentido tiene dicho la jurisprudencia que «Como resulta de la ley 13951, la judicatura no tiene como función regular los honorarios de los mediadores, sino que estos llegan al proceso tabulados y al solo efecto de ser ejecutados. Por lo tanto, mal puede asimilarse la situación del mediador con la de los auxiliares de justicia cuya actividad debe ser mensurada a través de una regulación de honorarios.» (conf. Excma. Cámara de Lomas de Zamora, Sala II, sent. 30/9/2016, en autos: «Insúa Leandro Javier c/ Pereira Josefina Pilar s/ Cobro Sumario»).

  1. De la lectura de las constancias de autos surge que la suma reclamada por el ejecutante coincide con la que el citado inciso “b” del artículo 31 de Decreto 43/19 determina para aquellos casos en los que el monto del reclamo -o aquel que resulte del acuerdo, transacción y/o sentencia judicial- se encuentra entre los $40.001 y $100.000 (v. art. cit. y ap. “I” del escrito de inicio a fs. 26/vta.; arts. 330 del CPCC).

Con más precisión, el monto cuyo pago se peticiona en concepto de honorarios profesionales tiene como base el contenido en el acta de cierre de mediación fechada el 19/6/2019, agregada a fs. 16. Ella da cuenta del acuerdo arribado en la etapa de mediación prejudicial en el marco de la causa “Panario Rocío Joana c/ Repetto, Sofía s/ Daños y perjuicios. Autom. c/Les. o Muerte (exc. Estado)”, identificada como MP 6205/2019, por el que la “Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA” –en calidad de tercero- se haría cargo de abonar -en concepto de capital e intereses- la suma de cuarenta y cinco mil pesos ($45.000; v. fs. cit.; y ap. “I” del escrito de inicio a fs. 26; arts. 330 del CPCC).

Cabe señalar que –en rigor, por efecto del reseñado acuerdo- en lo que hace al citado expediente, la instancia de mediación prejudicial se encuentra cumplida (art. 18 del Dec. 43/19). Y ello -aclaro- y sin perjuicio de que tal lo expresado allí por el requirente y el requerido, las condiciones de tal acuerdo serían plasmadas dentro de los 10 días, en un instrumento aparte (v. acta de fs. 16).

Ante ello, era de esperar que dentro de ese plazo las partes plasmarán las condiciones de lo acordado. Asimismo, luego –en cumplimiento con lo normado por el art. 19 del Dec. 43/19- cualquiera de ellas debía solicitar la homologación de dicho acuerdo ante éste Juzgado. Y de las referidas constancias de autos no surge que alguna de tales circunstancias efectivamente se haya verificado.

Advierto que ello coloca al profesional que se desempañara como mediador –aquí, accionante- en una particular situación puesto que, según parecería ser, no se encontraría habilitado para reclamar judicialmente sus honorarios, en razón de que la mediación en la que intervino no ha finalizado por falta de acuerdo –pues aquí lo hubo-, ni tampoco puede hacerlo por no haberse iniciado proceso judicial que no registrara movimiento útil por ciento ochenta (180) días, ni tampoco se ha homologado el acuerdo en cuestión, porque nadie lo presentó a tales fines (arts. 18 y 31, última parte del Dec. 43/19). Se trataría entonces, de un supuesto que la ley no contempla expresamente.

Ese contexto, según interpreto, impone que la cuestión deba resolverse de modo equitativo de acuerdo con los principios que emanan de leyes análogas que en éste caso –subrayo- vienen dadas de la propia ley de mediación (art. 18 de la Constitución Nacional; 2 y 3 del CCyC).

Y ello así, en razón de que no se muestra ajustado a derecho que el cobro de los estipendios a los que –por ley- tiene derecho el mediador, quede sujeto a la voluntad de las partes que intervinieron en la etapa de mediación. Por caso, la omisión de presentar del acuerdo para su homologación o –en eventualmente- de iniciar un proceso judicial.

  1. Como fuera señalado, la última parte del artículo 31 del Decreto 43/19 dispone que el profesional del derecho que actuara como mediador está facultado a solicitar la determinación judicial de sus honorarios en caso de que se haya iniciado un proceso judicial, y éste no registrara actividad útil durante ciento ochenta (180) días.

Vale mencionar que para su aplicación, la analogía requiere de la existencia de una racionalidad o semejanza entre el supuesto de hecho que está regulado en la norma a la que se recurre y el que la ley no contempla expresamente.

Es por ello que -según entiendo- es dicho precepto el que cumple con tal requisito, puesto que al contraponerlo a las otras alternativas por las que la ley especial habilita al mediador a perseguir el cobro de sus honorarios –falta u homologación de acuerdo- es el que guarda mayor similitud con lo acontecido en éste caso. En otras palabras, considero que el hecho de que haya mediado un acuerdo en la etapa de mediación –que las partes no presentaron a homologar- puede equipararse a que durante un determinado plazo no se haya registrado actividad útil en los procesos judiciales iniciados con posterioridad a dicha etapa.

En consecuencia, al tener en cuenta que conforme la documentación agregada en autos el acta de cierre de mediación se labró el 19/6/2019 –fs. 16- y que a la fecha han transcurrido más de ciento ochenta (180) días, el Dr. Gastón Alberto Tommasi, quien se desempeñara como mediador prejudicial en la causa “Panario Rocío Joana c/ Repetto, Sofía s/ Daños y perjuicios. Autom. c/Les. o Muerte (exc. Estado)”, identificada como MP 6205/2019, se encuentra habilitado a peticionar que sus honorarios sean determinados.

Así, al considerar que la pretensión ejecutiva iniciada por el Dr. Gastón Alberto Tommasi contra “Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA» se basa en la copia del acuerdo transaccional celebrado entre las partes involucradas en el conflicto sometido al proceso de mediación prejudicial, en el que ambos intervinieran, el cual tuvo por efecto la finalización de dicha etapa, y cuyo monto se acordó en la suma de cuarenta y cinco mil pesos ($45.000; fs. 16), los honorarios que por tal actuación le corresponden al primero nombrado ascienden a la cantidad de ocho mil cuatrocientos pesos ($8400), lo que así se deja aclarado (art. 31 inc. “b” del Dec. 43/19).

Y de acuerdo con lo anterior, también cabe por ende reconocerle al Dr. Tommasi el derecho a ejecutarlos mediante éste proceso, como a continuación se explicará al referirme a la excepción de inhabilidad opuesta por el ejecutado.

III) De la excepción de inhabilidad opuesta.

  1. Para oponerse al progreso de la ejecución intentada por el Dr. Tommasi, la ejecutada “Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA” opuso excepción de inhabilidad de título cuyos fundamentos fueran reseñados.

En esencia, ellos se basan en la inexistencia de una suma líquida y exigible por entender que en todo caso -según interpreto- tales extremos derivaran de la futura homologación del acuerdo arribado.

Asimismo, la ejecutada argumenta que las partes no acordaron un monto a pagar al mediador, sino que pactaron que sean determinados en sede judicial y expresa su desacuerdo en el monto propuesto por tal concepto. Explica que esto último se basa en la desproporción en comparación con los honorarios asignados al letrado de la parte actora en el proceso en el que se desarrollara la mediación y la calidad de la intervención del mediador.

  1. En cuanto a la exigibilidad y liquidez del crédito del mediador, tal como fuera explicado en el apartado que antecede, se impone subrayar que mal podrían configurarse tales presupuestos si el acuerdo en cuestión jamás es presentado por las partes para su homologación. Como se refiriera, la existencia de esos requisitos no puede quedar sujeta a un acto que no depende del propio mediador sino de las partes, dentro de las cuales –destaco- se encuentra la aquí ejecutada.

Así, al haber quedado establecido que la cuestión se enmarca en lo normado por el artículo 31 del Dec. 43/19 -más precisamente su inciso «b» y última parte-, que los honorarios del Dr. Tommasi por su actuación como mediador ascienden a $8400, y que en razón de haber transcurrido -en exceso- el plazo de 180 días que fija la ley el nombrado se encuentra habilitado para que sean determinados y -también- ejecutarlos, es que encuentro reunidos en el caso los requisitos que impone el artículo 518 del código de forma.

Ello así, toda vez que el crédito que el Dr. Gastón Alberto Tommasi tiene con la “Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA” se encuentra debidamente instrumentado a través del acta de cierre de mediación agregada a fs. 16, la cual contiene una suma de dinero fácilmente liquidable y exigible.

A ello agrego que la ejecutada no ha negado las firmas existentes en la reseñada acta de cierre de mediación. Ello tiene como efecto que –en definitiva- no se haya negado la deuda cuyo pago se le reclama.

Sobre el particular se tiene dicho que “En rigor de verdad, la existencia de la deuda se niega, en la práctica, con el desconocimiento de la firma inserta en el título que se ejecuta. Lo contrario importa ponerse en contradicción con sus propios actos. Para negar la deuda, hay que desconocer la firma… no basta con oponer excepción de inhabilidad de título… porque ello es además de insuficiente, contradictorio con su conducta anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. (arg. CC0002 LM 841 RSI-94-5 I 14/06/2005, voto del Juez Iglesias Berrondo, SD).

Por lo demás, la circunstancia de que -según lo afirma la ejecutada al contestar la intimación a pagar que se le hizo- el acuerdo en cuestión haya sido entregado al mediador para que lo presente a homologar, a más de que no cumple con lo que la ley establece -art. 19 del Dec. 43/19- y de que no hay prueba al respecto, no pasa de ser una consideración personal del letrado que representa a la demandada, que tampoco resulta útil para sostener la excepción opuesta, pues implica cuestionar la causa de la obligación (v. presentación del 9/9/2019 -nro. 247400490018237089-; arts. cit. y 542 inc. 4° del CPCC).

Idéntico reparo merece el modo en que la ejecutada califica la intervención del mediador y la alegada desproporción entre los honorarios de éste último y los que le fueran asignados al representante de la ejecutada.

En cuanto a esto último, cuadra mencionar que del acta de cierre de mediación –fs. 16- no surge que se hayan convenido los honorarios del letrado apoderado de la aquí ejecutada por la cuestión de fondo, ni tampoco dicha afirmación resulta justificada por el aludido profesional, ni surge del resto de las constancias de autos (art. 375 del CPCC).

No obstante ello, vale mencionar que -en general- los emolumentos del abogado deben guardar relación con el trabajo efectivamente realizado, ya que de procederse de otro modo, llevaría a incurrir en una evidente arbitrariedad violatoria de la manda constitucional que dispone igual remuneración por igual labor, debiendo tal paga ser equitativa y prudente (art. 14 bis CN; Cám. Civ. y Com. Segunda de La Plata, Sala I, causa 95.858, RSD 191-4, res. del 14/09/2004, autos «Vanney v. Huarte S.A s/ Regulación de honorarios» y SCBA, Ac. 59.11.0, res. del 09/02/1999, autos «Baquero s/ Inc. de desindexación», citados por Hitters-Cairo, «Ley de Honorarios Profesionales», Ed. LexisNexis, 2007, pág. 30).

Con igual sentido se ha expresado que así como no sería válida una regulación ínfima, por no guardar relación con la retribución justa correspondiente a las tareas de los profesionales de conformidad a las circunstancias económicas imperantes, tampoco puede serlo la que fija un honorario exorbitante y ajeno a toda proporción con los intereses controvertidos y con las tareas efectivamente desplegadas por el letrado (conf. Larroza-Taranto, «Honorarios de Abogados y Procuradores», pág. 243; Hitters-Cairo, ob. cit., pág. 31).

Ahora bien, conforme tales lineamientos, entiendo que en el caso, donde se llevaron a cabo audiencias de mediación (fs. 16 y 17; arts. 18 de la ley 13.951 y 9 del decreto 2530) la aplicación de la escala prevista en el art. 31 inc. “b” del Decreto 43/19 (correspondiente según el monto del acuerdo alcanzado) no resulta en un honorario irrazonable por desproporción en relación a las tareas efectivamente cumplidas por el mediador Dra. Gastón Alberto Tommasi, aquí ejecutante.

En efecto, sobre la base de cuarenta y cinco mil pesos ($45000.-), los ocho mil cuatrocientos pesos ($8400) que –por ley- corresponden como remuneración, equivalen a un 18,7% del monto en juego. Dicha cantidad -a mi criterio- no luce manifiestamente desproporcionada con la labor desarrollada (art. 31 inc. “b” del Dec. 43/19).

A todo evento, entiendo que tampoco puede hablarse de desproporción con relación a los emolumentos del profesional que asistió a la parte ejecutada en el trámite extrajudicial, puesto que –en caso de que el alego porcentaje del 15% fuera cierto- los honorarios no fueron regulados, sino convenidos por los interesados y no constituyen el máximo de la escala legal (arts. 14, 15, 16, 21, 25 y ccdts. ley 14967).

Por lo antedicho, corresponde desestimar la excepción de inhabilidad de título opuesta por la “Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA” (arts. 518, 521 inc. 2°, 542 inc. 4°, 545 y ccdts. del CPCC).

  1. IV) En cuanto a la actualización monetaria solicitada por el ejecutante, debe ser desestimada en virtud de la prohibición expresa contenida por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, conforme actual texto dado por la ley 25.561 (v. escrito de demanda, ap. «1», a fs. 27vta., última parte).

Por todo lo expuesto, de conformidad con lo normado por el art. 161 y conc. del CPCC; Resuelvo: 1) Dejar aclarado que por su actuación como mediador prejudicial, en el marco de la causa “Panario Rocío Joana c/ Repetto, Sofía s/ Daños y perjuicios. Autom. c/Les. o Muerte (exc. Estado)”, identificada como MP 6205/2019, al Dr. Gastón Alberto Tommasi le corresponde percibir la suma de ocho mil cuatrocientos pesos ($8400), (art. 31 inc. ”b” del Dec. 43/19; 2) Desestimar la excepción de inhabilidad de título opuesta por la ejecutada “Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA” en la presentación efectuada el 9/9/2019 -nro. 247400490018237089-; 3) Mandar llevar adelante la ejecución de honorarios hasta tanto la ejecutada “Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA” haga al acreedor Gastón Alberto Tommasi, íntegro pago del capital reclamado de nueve mil doscientos cuarenta pesos ($9240); suma comprensiva de $8400.- correspondientes al valor fijado por el inciso “b” del art. 31 del Dec. 43/19, y $840 de aportes, intereses, costos y costas de la presente ejecución (arts. 68 del CPCC). Al capital de condena, se aplicará la tasa de interés que perciba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento (art. 54 inc. «b» ley 14967), vigente en cada período correspondiente y desde la constitución en mora, la que se determina al 2/9/2019 (fecha de la intimación de pago; fs. 31/33); en cuanto al interés a aplicar sobre los gastos, resulta de aplicación la tasa que regla el Banco de la Pcia. de Buenos Aires para sus depósitos a treinta días (SCBA, Ac. 43858 «Zgonc Daniel R. y otro c/ Asociación Atlética Villa Gesell s/ Cobro de Australes», del 21-5-91 conf. Acuerdo 101774 en causa «Ponce Manuel Lorenzo y otra c/ Sangalli Orlando Bautista y ots. s/ Daños y Perjuicios» del 21/10/2009 citado en autos «Consorcio Edif. Bristol Center c/ Parisi Eduardo Luis s/ Cobro Ejecutivo» por la Sala I de la Excma. Cámara Departamental -REG. 1099 R del 28/12/2010-), desde el momento en que fueron efectuados; 4) Desestimiar el pedido de actualización monetaria solicitado por el ejecutante (arts. 7 y 10 de la ley 23.928, texto ley 25.561); 5) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 51 ley 14967). Regístrese. Notifíquese.

Heber Daniel Amalfi

Juez en lo Civil y Comercial

Juzgado Civil y Comercial N°1

Nota: gracias a la colaboración de la Dra. Verónica G. Pino al acercarnos el fallo

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«La ética en el arte de mediar» Revista La Trama

 

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COLPROBA: MEDIACIÓN PREJUDICIAL A DISTANCIA

 

 

 

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Hacemos saber que el Colegio de Abogados de la Provincia, a través de…
Hacemos saber que el Colegio de Abogados de la Provincia, a través de su Comisión de Mediación y Resolución de Conflictos, ha desarrollado una propuesta de protocolo para la realización de las mediaciones ley 13.951 a distancia, para ser implementado resguardando las normas de aislamiento preve…
(COVID-19) – Propuesta Mediación Prejudicial a distancia
Hacemos saber que el Colegio de Abogados de la Provincia, a través de su Comisión de Mediación y Resolución de Conflictos, ha desarrollado una propuesta de protocolo para la realización de las mediaciones ley 13.951 a distancia, para ser implementado resguardando las normas de aislamiento preventivo y obligatorio, tanto para la conclusión de los procesos en trámite como para el inicio de nuevas causas. –
Esto en el entendimiento de que en épocas de crisis poder contar con etapas de gestión y resolución de conflictos hábiles resulta de especial importancia.
Dicha propuesta intenta abarcar la diferente casuística y es plenamente aplicable respetando todos los principios y buenas practicas que el proceso de mediación requiere, posibilitando el acceso a todos los operadores del sistema y justiciables, así como privilegiando la seguridad de las personas a partir de la exhaustiva utilización de medios electrónicos en las diferentes etapas. –
Asimismo, se ha solicitado la adhesión de la Provincia de Buenos Aires a lo establecido en el artículo 12 decreto 320/2020 respecto de la incorporación de la mediación previa en los casos de ejecuciones y desalojos.
La propuesta incluye, entre otras, la presentación electrónica de las causas, la remisión electrónica de los sorteos y declaraciones juradas al mediador, excusaciones/recusaciones, alternativas de notificaciones de y a las partes, pautas de realización de la audiencia en forma no presencial, y alternativas para la confección de las actas, cierres y acuerdos.
    • La nota de elevación

 

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ÉTICA PROFESIONAL Y HORARIOS (MIRÁS) – EL ORDEN PÚBLICO EN EL ARANCEL

Miércoles 08 de abril de 2020 abogados.com

La ética profesional y los honorarios del abogado

Estimo conveniente comenzar definiendo la mayor precisión posible qué es el Honorario. Tradicionalmente se lo define indistintamente como contraprestación, gaje, sueldo o estipendio que se paga por un trabajo o servicio. Personalmente, prefiero el concepto que habla de “retribución” por un servicio determinado.

La palabra honorario suele emplearse en plural ya que proviene del latín honorarius y se aplicaba para referir a la retribución que se concedía “con honores” y que generalmente aludía al pago de médicos, abogados y otras profesiones liberales a quienes por el honor de su profesión no correspondía que percibieran sueldo o salario. Ese origen ya distingue a este tipo de retribución de acuerdo a quien la recibe: alguien Honorable o que realiza una tarea Honorable, esto es: trascendente. Es esta una muy importante característica que distingue a dicha retribución de otras contraprestaciones, ya que si bien el trabajo per se dignifica a todo ser humano, para muchos trabajadores el salario o remuneración  probablemente sea el fin último de su tarea. En cambio, para el abogado el honorario será una consecuencia  legítima de su trabajo pero accesoria al servicio que presta que tiene un objetivo superior en cuanto excede a su persona: el alcance del bien común, la verdad, la justicia.

Por su parte, la ética profesional es el conjunto de reglas que determinan el comportamiento ejemplar que una sociedad espera del profesional, en un tiempo y lugar determinado.

Como vemos, tanto la ética como los honorarios profesionales están emparentados de raíz: el último lleva implícito el honor de la tarea del profesional que la realiza y la primera es el conjunto de normas que guían la conducta profesional que –como dice el Dr. Enrique del Carril: “… busca primordialmente  el mejor ejercicio de la abogacía contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema de Justicia como institución fundamental del Estado.”[1]

 1.- ¿Se puede aplicar lo que no se conoce? Llamado de atención a la Academia

En el Derecho Positivo local  están legislados tanto los honorarios profesionales, mediante v.g. la ley 27.423 de Aranceles y Honorarios de Abogados y Procuradores, como la ética profesional del abogado en  v.g. la ley 23.187  de Ejercicio de la Abogacía y el Código de Ética del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Esto significa que el modo, quantum, participación, forma, oportunidad y demás circunstancias vinculadas a los honorarios de los abogados, no es algo absolutamente discrecional  y arbitrario, desprovisto de reglas; por el contrario hay normas que en algunos casos sugerirán conductas y en otros pondrán límites que de ser vulnerados, ocasionarán al profesional las consecuencias que en ellas se establece.

Esto es así más allá de la justicia intrínseca de dichas reglas, de las críticas a los criterios que se adoptan en un lugar y tiempo determinados, del debate sobre la conveniencia o no de un sistema sobre otro. Lo que quiero decir es que la ética aplicada a los honorarios de los abogados no es algo difuso o incierto, no es una entelequia, en la medida que existen normas que disponen por ejemplo, que un abogado no puede participar sus honorarios a una persona que no tiene título habilitante para el ejercicio profesional. Esto lo prohíbe expresamente el art. 10 inc. d) de la ley 23.187.

Es cierto que podríamos debatir si es justo, conveniente o no, las razones que llevan a dicha prohibición, etc. Sin embargo lo que en este trabajo quiero llamar la atención es que lo que los abogados no podemos hacer es desconocer la existencia de la norma, porque además, su incumplimiento puede traer aparejado denuncias y sanciones en el Tribunal de Disciplina que la ley citada creó al efecto. ¿Cuántos estudiantes de abogacía, cuántos nóveles y también experimentados abogados, conocen estas normas? ¿Qué importancia le dan los abogados académicos y prácticos a la ética profesional?

Dejo la respuesta a mis colegas lectores pero sirva el siguiente ejemplo de comparación para aquellas reflexiones. En los Estados Unidos, v.g. en Nueva York, para poder ejercer la abogacía una vez que se ha obtenido el título de grado, el postulante debe rendir una serie de exámenes de la Barra de una altísima exigencia, que algunos califican como una “pesadilla”; entre las asignaturas a rendir una es Ética. De este modo la institución se asegura de que el abogado efectivamente tiene los conocimientos que su título indica, incluyendo los referidos al Código de Ética que lo va a regir. Pero aun así le falta un último paso.  La Barra realiza una investigación sobre cada uno de los postulantes para determinar que sea una persona que no vaya a poner en riesgo el prestigio de la institución. 

Parece innegable entonces la necesidad que se enseñen y se difundan las normas legales que tratan sobre distintos institutos como el de Honorarios profesionales y las normas éticas que indican las conductas esperables en el ejercicio profesional al respecto, como así también las sanciones en caso de incumplimiento. Ya en las Primeras Jornadas de Ética de la Abogacía organizadas por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal  llevadas a cabo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UBA) en septiembre de 1989, el Dr. Horacio M. Lynch [2] señalaba la preocupación por la falta de enseñanza de ética a los abogados, reflejada en v.g. la práctica del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados. Allí señalaba el prestigioso jurista que “No es posible mejorar el nivel de la abogacía si no se da un especial énfasis a estas cuestiones.”

En materia de ética profesional se actúa por intuición, no por conocimiento de las normas siendo que esto último además permitiría el sano debate sobre su necesidad, justicia, aplicación, amplitud, etc.

En el tema propuesto, la ética y los honorarios, es interesante abordar una cuestión que ha sido, y recurrentemente lo es, materia de debate legislativo, doctrinario y jurisprudencial: el orden público en el arancel de honorarios.

 A modo de prefacio, valga insistir en que la profesión de abogado tiene por objeto excelso el de colaborar en la administración de justicia. Los honorarios profesionales son entonces, legítimos pero accesorios y “…nunca pueden constituir decorosamente el móvil determinante de los actos profesionales.” [3]

2.- El orden público en el arancel de honorarios. ¿En contradicción con una norma de ética profesional?

 El orden público es un instituto que generalmente da lugar a la discusión. Veamos brevemente la evolución legislativa.

La necesidad de una legislación arancelaria ha contado históricamente con adeptos y detractores. Entre los primeros, en 1924 en la Comisión Directiva del Colegio de Abogados, presidida por el Dr. Mario A. Rivarola, se abogó porque se brinde una «solución legislativa» al tema de los honorarios, que en ese momento era materia totalmente discrecional.[4]

Más tarde, en 1940 Parry fue partidario de la sanción de una ley en resguardo del interés social, la que permitiría tener cierta previsibilidad sobre el monto de los gastos que se devengarían en el juicio. Dicho autor puso énfasis en lo que denominó como uno de los principios éticos del abogado: el de «no convenir honorarios míseros», pues ello tiende a prostituir la dignidad de la profesión.[5]

Sin embargo, podemos asegurar que una vez dictada la ley arancelaria, la misma fue convalidada por la jurisprudencia, en tanto desterraba una suerte de anarquía que  imperaba en nuestro medio judicial en cuanto a la retribución de servicios profesionales.[6]

Otras voces, en cambio, se han levantado en contra de una legislación en la materia. En tal sentido, se destaca por vehemente, la disidencia planteada por el diputado Aguiar en el Congreso Nacional en 1942 cuando sostuvo que la condición del abogado no es un oficio, sino un alto ministerio destinado a coadyuvar en la tarea de administrar justicia, y que si bien no puede predicarse que su trabajo no deba ser remunerado, «jamás el estipendio que por sus tareas se les abone, debe ser convertido en salario tarifado y de fijación automática en la ley, sino que debe mantenerse en la categoría de honorario, como corresponde a la jerarquía de las funciones que aquéllos desempeñan en el foro».[7]

A la misma altura se puede colocar a Ángel Ossorio al calificar al arancel como una «depresión del abogado», ya que un arancel es apropiado para una función mecánica como podría ser copiar un escrito, realizar un viaje a tantos kilómetros, levantar hileras de ladrillos, etc., pero no para discurrir los modos de defensa, buscar la paz o dirigir la guerra, ejercitar o renunciar los recursos que la ley establece, dar razonamientos convincentes, ingeniarse para que las pruebas den resultado, sacar consecuencias atinadas de los estados de hecho y de derecho, etc., que son cosas confiadas al talento, la experiencia, la buena redacción literaria y la elocuencia persuasiva, conceptos que nada tienen que ver con las dimensiones de la labor; de manera que cobrar «a tanto la línea o a tanto la hora, o a tanto el peso discutido» implica rebajar al abogado, equiparándolo con el delineante o con el albañil, y ello «es algo que fundamentalmente no tiene sentido»[8]

A esta altura ya podemos convenir que hoy el centro de la discusión no pasa ya por la necesidad o no de legislar en materia de honorarios cuyo beneficio para el interés general parecería estar comprobado, sino por su obligatoriedad, el orden público, o la supletoriedad. Así, otro criterio es el que fue bien expuesto por José Neira al decir: “… si bien no es imprescindible un sistema de orden público aplicable a la relación abogado-cliente, sí lo es, en cambio, en términos racionales, la existencia de un ordenamiento que complemente la legislación sobre costas y realmente sirva para que pague los gastos judiciales quien dio lugar al litigio y para que se sepa de antemano cuánto puede ser el costo de resultar perdedor en un juicio».[9]

De cara entonces al orden público arancelario vigente actualmente en la ley 27.42, un argumento que resulta también atendible es que el abogado no sufre las inhibiciones que pesan sobre otros trabajadores, el obrero o el empleado, pues es una persona especialmente preparada, capacitada para la defensa de derechos de terceros y obviamente de los propios, es como tal una persona libre en tal sentido y ejerce esa libertad aceptando o rechazando un asunto, por lo que imponer en esta materia el orden público no le aporta una protección necesaria, sino más bien conculca su libertad de contratar, de rango constitucional. Algunos van más allá aún y entienden, como Ponisio, que aquel atenta contra su dignidad, probidad y conciencia profesional.[10]

En esta línea de pensamiento se enrola Horacio Lynch quien al tiempo de la ley 24.432 consideró saludable la defensa de la libertad de contratación y con especial vehemencia sostuvo que «pedir el paraguas del orden público, demuestra inseguridad en los colegios para supervisar el ejercicio profesional», agregando que, «en verdad, el orden público no ha servido para impedir `remates de honorarios’ y, por el contrario, ha facilitado consumar estafas contra los clientes. Falta aquí un sinceramiento de la abogacía (investigación mediante) tendiente a determinar si el orden público ha protegido a la profesión o la ha perjudicado por el descrédito que provoca», y dejando de lado el ingrediente que significan el ámbito recaudatorio de colegios, cajas, tasas de justicia.[11]

También hay quienes llaman la atención, como se ha hecho en otros tiempos cuando imperó el orden público en esta materia, que imponer un “piso” a los honorarios que debe percibir un abogado es una hipocresía ya que la norma ha sido y será violada cuando el cliente no esté dispuesto a pagar ese monto, ya sea por ejemplo porque el acuerdo comprender una gran derivación de asuntos y el volumen justificaría un honorario menor lo que beneficia a ambas partes.

Pero claro está que la corriente contraria a la que acabo de exponer, esto es, la que considera que debe imperar el orden público arancelario, es la que prevaleció y hoy nos rige. Tomo textualmente los argumentos que entiendo más importantes con los que sus promotores sostienen la posición. Así:

“… se busca dignificar la profesión de los abogados y los procuradores a través de disposiciones que:
– Limiten la discrecionalidad judicial para regular honorarios.
– Determinen mínimos arancelarios.
– Restablezcan la calidad de orden público para la ley que regule los honorarios y aranceles que perciban los profesionales del derecho.
– Aseguren a los matriculados la obtención de una recompensa justa y equitativa por el ejercicio de su labor profesional.”

Creo válido apuntar que alguna de estas premisas colocan claramente el interés del abogado por encima del de su cliente lo que está en manifiesta contradicción con el Código de Ética del propio Colegio Público de Abogados de la Capital Federal autor del Proyecto que se convirtió en la ley 27.423 de Honorarios Profesionales, que reinstala el orden público en la materia. El capítulo 6. Deberes fundamentales del abogado  para con su cliente, artículo 19, inciso h), del dicho Código de Ética vigente, reza: “No anteponer su propio interés al de su cliente, ni solicitar o aceptar beneficios económicos de la otra parte o de su abogado.”

Tengo para mí que esta es la norma más importante de ese cuerpo legal, y que resulta un verdadero “faro” a la hora de dilucidar algunos dilemas éticos que se nos presentan en el ejercicio de nuestra profesión.

Espero que este discurrir invite a  reflexionar sobre el recurrente tema del orden público en la ley de aranceles profesionales, y además sobre una asignatura siempre olvidada, la ética profesional, que paradójicamente sea de las más necesarias e importantes tanto en la carrera de abogacía como en su ejercicio, para que nuestra querida profesión vuelva a gozar del prestigio que tuvo en otro tiempo.


(*) Profesora de Ética profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral

[1] La ética del abogado, de Enrique V. del Carril. Premio Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, publicado por AbeledoPerrot.

[2] Trabajo presentado por Horacio M. Lynch bajo el título “La enseñanza de la ética  a los abogados”.

[3] Conf. “Reglas de Ética Profesional de la Abogacía del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires” art. 33.

[4] «El Colegio de Abogados y las regulaciones de honorarios», Archivo General de la Nación, citado en Pesaresi-Passarón, «Honorarios de profesionales», p. 73, nota 74.

[5] Parry, Adolfo E., «Ética de la abogacía», t. II, 1940, Editorial Jurídica Argentina, ps. 165 y 169, y nota 2, in fine.

[6] Cámara Fed. Mendoza, 4/8/1945, JA 1945-III-916, voto de la mayoría.

[7] DSD 1942-III-633.

[8] Ossorio, Ángel, «El abogado», t. II, 1956, Ediciones Jurídicas Europa- América, ps. 162 y 163.

[9] Neira, José C., «Honorarios y desregulación», II Jornadas de Estudio de la Ley de Aranceles, CPACF., 1997, ponencia n. 13.

[10] Ponisio, Mario V., «Sobre aranceles de abogados», LL 38-1108 a 1110.

[11] Lynch, «Los honorarios de los abogados (los fundamentos de un proyecto de reformas)», LL 1994-E-985 y 98ética

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Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la “Convención de Singapur 2019

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Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la “Convención de Singapur 2019″

Convención de Singapur sobre Mediación – A Mediar

Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la “Convención de Singapur 2019″

 

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Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción…
Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la “Convención de Singapur 2019″
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La Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación, aprobada en diciembre de 2018 y conocida también como la “Convención de Singapur sobre la Mediación” (en adelante, “la Convención”) se aplica a los acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación (“acuerdo de transacción”).
La Convención establece un marco jurídico armonizado para el derecho a invocar acuerdos de transacción, así como para su ejecución.

La Convención es un instrumento para facilitar el comercio internacional y promover la mediación como método alternativo y eficaz de solución de controversias comerciales. Como instrumento internacional vinculante, se espera que ofrezca certeza y estabilidad al marco internacional en materia de mediación, lo que contribuirá al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente al Objetivo 16.

La Convención está abierta a la firma de los Estados y las organizaciones regionales de integración económica (a los que se hace referencia como las “partes”).

    • Disposiciones principales
      En el artículo 1

      . . .se dispone que la Convención será aplicable a los acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación que hayan sido celebrados por escrito por las partes con el fin de resolver una controversia comercial. En el artículo 1 también se excluyen ciertos supuestos del ámbito de aplicación de la Convención, a saber, los acuerdos de transacción concertados por un consumidor con fines personales, familiares o domésticos y los relacionados con el derecho de familia, el derecho de sucesiones o el derecho laboral.

      Los acuerdos de transacción que puedan ejecutarse como una sentencia o un laudo arbitral también quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Convención para evitar un posible solapamiento con otros tratados vigentes o futuros, en particular, la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (1958), el Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro (2005) y el convenio sobre sentencias que prepara la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.
      Además, el artículo 3

      . . .trata de las obligaciones fundamentales de las partes en la Convención respecto de la ejecución de los acuerdos de transacción y el derecho de las partes a invocar un acuerdo de transacción a los que se aplica la Convención. Cada parte en la Convención podrá determinar los mecanismos procesales que podrán utilizarse en los casos en que la Convención no fije ningún requisito al respecto.
      El artículo 4 se refiere

      . . . a los requisitos que deben cumplirse para hacer valer un acuerdo de transacción, en particular, que la parte litigante presente a la autoridad competente el acuerdo de transacción firmado por las partes y pruebas de que se llegó al acuerdo de transacción como resultado de la mediación. La autoridad competente podrá exigir cualquier documento que sea necesario para verificar que se cumplen los requisitos establecidos en la Convención.
      En el artículo 5 de la Convención

      . . .se establecen los motivos por los que un tribunal puede negarse a otorgar medidas a instancia de la parte litigante contra la cual se solicitan. Esos motivos pueden agruparse en tres categorías principales, según se relacionen con las partes litigantes, con el acuerdo de transacción o con el procedimiento de mediación.

      En el artículo 5 se incluyen otros dos motivos por los que el tribunal puede denegar de oficio el otorgamiento de medidas: uno de ellos guarda relación con el orden público y el otro con que el objeto de la controversia no sea susceptible de resolverse por vía de la mediación. Con el fin de disponer la aplicación del marco más favorable para los acuerdos de transacción, en el artículo 7 se prevé que se apliquen la ley o los tratados más favorables.
      El artículo 8 trata de las reservas.

      La primera reserva permite que una parte en la Convención excluya de la aplicación de la Convención los acuerdos de transacción en los que sea parte, o en los que sea parte cualquier organismo del Estado, o cualquier persona que actúe en nombre de un organismo del Estado, en la medida que se establezca en la declaración. La segunda reserva permite que una parte en la Convención declare que aplicará esta solo en la medida en que las partes litigantes hayan convenido en que se aplique.
      Como establece el artículo 9.

      La Convención y las reservas a esta que se formulen se aplican hacia el futuro, a los acuerdos de transacción concertados tras la entrada en vigor de la Convención respecto de la parte de que se trate.
      La Convención

      . . .está en consonancia con la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Mediación Comercial Internacional y Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación, de 2018. La finalidad de este enfoque es dar a los Estados flexibilidad para que aprueben la Convención y/o la Ley Modelo como textos independientes, o ambos textos como instrumentos complementarios de un marco jurídico amplio en materia de mediación.

      A través de este enlace , se puede seguir toda la información publicada en LinkedIn sobre la noticia y el seguimiento de la misma por los profesionales, que in situ han podido compartir sus impresiones.

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Herramientas de la Mediación – Curso Virtual abril 23 de 2020 (PAGO)

Herramientas de la Mediación – Curso Virtual abril 23 de 2020

VER VIDEO PRESENTACIÓN

PROPÓSITO DE LA FORMACIÓN
Explorar los aspectos prácticos del abordaje del proceso y aplicación de las herramientas de mediación.

El uso adecuado de las herramientas puede verse afectado en la práctica por razones de mucha demanda, simplificación del proceso, diseño personalizado de intervención, banalización del esfuerzo, alejamiento de las formalidades aprendidas, etc.

Esta formación pretende volver a las técnicas y herramientas, al proceso y al marco epistemológico que lo sustenta, destacando las ventajas del esfuerzo, según el tipo de conflicto que nos convoque a la mediación. 

Según sea el enfoque de quienes nos capacitaron como mediadores, podemos desarrollar nuestra práctica de diferentes escuelas y fundamentos teóricos Esta propuesta es ecléctica e integradora de varias escuelas, con un enfoque más pronunciados hacia la comunicación circular, al pensamiento sistémico-constructivista y a la propuesta circular narrativa .

Ello permite entender la importancia de un proceso de mediación dinámico de estructura flexible, analizar el rol del mediador y explorar el alcance de las herramientas y su aplicación estratégica.

Fecha de Inicio el 23 de abril

Finalización 23 de julio

Con su inscripción puede invitar a un colega sin cargo

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BANCO: BBVA FRANCÉS
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CUIT: 20086072093
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Buscan modificar la ley provincial de mediación para que se pueda hacer a distancia

fuente:  https://www.parlamentario.com/tag/balbin-emiliano/

Buscan modificar la ley provincial de mediación para que se pueda hacer a distancia

La iniciativa parlamentaria busca que la mediación se pueda realizar total o parcialmente a distancia, por diferentes medios de comunicación.

  • 6 abril, 2020
  • por parlamentario
  • Buscan modificar la ley provincial de mediación para que se pueda hacer a distancia

El diputado provincial Emiliano Balbín, de Juntos por el Cambio, a través de un proyecto de Ley presentado en la Legislatura, busca modificar la Ley de Mediación, para establecer la modalidad “a distancia”, en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la mediación previa obligatoria.

Según el autor del proyecto de Ley, “el objetivo es instaurar un medio alternativo de resolución de conflictos, en aquellos casos que, por razón de distancia, imposibilidad física, o, como en la actualidad, por el distanciamiento social obligatorio, no sea posible la comparecencia presencial”.

La Ley en vigencia, que se sancionó en 2009, estableció como regla general la mediación obligatoria en todos los casos que no admitan excepción, y las partes deben asistir personalmente a la audiencia no pudiendo ser sustituidas por apoderados, salvo que su domicilio exceda los 150 km. del asiento del mediador, como única excepción.

“El  proyecto refleja  la instrumentación de nuevos mecanismos alternativos para la resolver disputas, que conlleven a solucionar los problemas de la sociedad sin la necesidad de tener que concurrir personalmente a una mediación, facilitando el contacto por diferentes medios de comunicación on line”, señaló Balbín, para agregar que “ya en nuestro país encontramos antecedentes en diferentes provincias y también la provincia de Buenos Aires lo admite en aquellos casos donde la mediación es voluntaria, teniendo a la fecha resultados muy satisfactorios”.

“Resulta necesario entonces que desde la Legislatura aportemos herramientas que se adapten a las circunstancias actuales y vayan en el sentido de las resoluciones que desde el Poder Judicial se han tomado, como medidas que favorezcan el sistema virtual de presentaciones electrónicas”, finalizó diciendo el diputado radical.

La Mediación a distancia será de aplicación en los conflictos cuyo objeto sea materia disponible por los particulares, permitiendo acceder a la resolución de los mismos, o que se habilite la vía judicial para proseguirlos.

***

Nuestra Dirección le envío el siguiente mensaje al diputado de la UCR-Juntos por el Cambio, Emiliano Balbín, el siguiente mensaje:

11:44 del 7/4/2020
«Buen día diputado. Me enteré por parlamentario.com de un proyecto que tiende a hacer viable la mediación a distancia, online, no presencial. Soy director general del Centro de mediación del colegio de abogados de Mar del Plata y me gustaría conocer el proyecto, si ello es posible. claro está. A su vez quedo a disposición para dar nuestra opinión. Como sea gracias por ocuparse de esta temática. Jorge Alberto Stinson, DNI 8069965, 2235216243; drjastinson@gmail.com»

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MEDIACIÓN COMUNITARIA EN CABA

Pasa y lee,  querido lector

Mediaciones-comunitarias-CABA(042020)  

 

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MEDIADORES DE CABA: UMP PETICIONAN. UN EJEMPLO QUE IMITAR

Red de la UMP

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de abril de 2020

Al Sr. Subsecretario de Justicia

Dr. Víctor Hugo OYARZO

S                      /                     D                             

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de abril de 2020

 

Al Sr. Subsecretario de Justicia

Dr. Víctor Hugo OYARZO

S                      /                     D                             

De nuestra mayor consideración:

Venimos a presentarnos poniendo en su conocimiento que la Unión de Mediadores Prejudiciales, Asociación Civil, CUIT 33711114349, es la institución que representa a la comunidad de los profesionales inscriptos en el Registro Nacional de Mediación (Ley 26.589).

Nuestra actividad, como tantas otras, se encuentra afectada por la emergencia sanitaria declarada por la pandemia COVID 19, y en consecuencia el colectivo profesional que representamos está paralizado e impedido de brindar servicios que, en primer lugar, permiten el acceso a la justicia de los ciudadanos, siendo nuestra intervención tal como lo establece la ley de “carácter previo y obligatorio” (art. 1 Ley 26.589), y segundo lugar, es generador de trabajo y por ende, de los honorarios de sus operadores.

En ese contexto, nuestra institución le hacer saber la necesidad y urgencia de contar con otros medios alternativos a la actividad presencial que exige el proceso de mediación – debidamente reglamentados-  para la validez del mismo  a fin de reiniciar la actividad lo antes posible.

Es por ello que, ponemos a su disposición nuestra experiencia y capacidad de trabajo para elaborar en forma conjunta acciones que nos permitan readecuar nuestras tareas en lo inmediato.

Por otra parte, la entrada en vigencia del DNU 320/2020 que en su art. 12, impone la Mediación Prejudicial Obligatoria para los procesos de ejecución y desalojos, además del universo de conflictos derivados de la emergencia, torna imprescindible la pronta implementación de un sistema alternativo a distancia que permita el abordaje de los conflictos.

         Sabemos que nuestra intervención prejudicial dependerá en parte del camino que adopte el Poder Judicial de la Nación, es por ello que, a los efectos de poder iniciar futuros intercambios le acompañamos, una serie de alternativas que podrían llegar a configurar posibles soluciones aplicables al marco de la actual crisis.

Saludan atte.

ALTERNATIVAS PROPUESTAS

Alternativas para reactivar el servicio de MPO en la modalidad electrónica:

a) Mantener la notificación a la parte requerida, en la modalidad y plazos ya establecidos, y demás derechos y obligaciones, emergentes de la Ley 26.589 y Decretos Reglamentarios.

b)Incorporar el método de audiencia a distancia sugiriendo las plataformas habilitadas para el caso.
c)Implementar el pago mediante transferencia electrónica del arancel de inicio de Mediación (Ley 26.589), o en su defecto, exceptuar con carácter provisorio y excepcional el pago del mismo, a efectos de reducir cualquier trámite bancario presencial, no imprescindible.
d)Para el período extraordinario del ASPO, el requirente al solicitar la MPO deberá obligatoriamente denunciar el domicilio procesal electrónico de su letrado/a patrocinante a los fines de incorporarlo al momento de emitir la notificación que da inicio al procedimiento de mediación, conforme lo dispuesto por el art. 16, inc. “C”, de la Ley 26.589.-
e)Establecer la obligación del requerido, al momento de ejercer el derecho de opción del art. 13 Dto., o vencido el plazo del mismo y dentro de las 48hs. subsiguientes, designar patrocinio letrado, constituyendo domicilio electrónico y notificar al mediador propuesto y/o designado en los domicilios electrónicos constituidos por la parte requirente y por el mediador.
f)Asimismo, dentro de cada una de las comunicaciones entre las partes y el mediador, se propondrán 2 ó 3 métodos de conferencia virtual (Zoom, HangOut, Wapp, Face Time, etc).
g)Incorporar en el apartado “observaciones” del Acta de Audiencia Mepre, que se prohíbe la grabación de las audiencias celebradas electrónicamente, y que serán nulas de nulidad absoluta, cualquier registro que dé cuenta del contenido de la misma, toda vez que representa una clara violación a la confidencialidad inherente al proceso de mediación.
h)Las actas que surjan de este procedimiento incluirán de las partes y sus letrados, además de los datos habituales (Nombre y Apellido, DNI, matrícula profesional, domicilio real, domicilio procesal físico, teléfonos) el domicilio electrónico validado y denunciado a los efectos de la MPO. Siendo las mismas instrumento suficiente para el inicio de del proceso judicial posterior.
i)Las Actas de Audiencias y las Actas Acuerdo surgidas por la implementación de esta modalidad, tendrán los efectos previstos en la Ley 26.589 y decretos reglamentarios.
j)Para la oportunidad en que se establezca la salida progresiva del ASPO, se propone la convivencia del sistema de audiencia por medios electrónicos y la presencial, debiendo optar las partes por una u otra modalidad.

Esperando sean de utilidad los aportes de estas alternativas, lo saludan atte.

 

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El colegio de Magistrados y funcionarios del DJMDP: notificaciones por WhatsApp y videoconferencia para las audiencias

La digitalización en marcha: Publicado por el colegio de magistrados Deptal en Facebook. Hablan de notificaciones por WhatsApp y videoconferencia para las audiencias

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