INVITACIÓN AL DR. STINSON A DISERTAR EN INSTAGRAM LIVE: LA MEDIACIÓN COMO SOLUCIÓN

En sábado 11 de julio de 2020, nuestro Director General, Dr. Jorge Alberto Stinson, ha sido gentilmente invitado por la colega mediadora de San Isidro, Dra. Fabiana Matrecari, a disertar sobre la mediación como solución en tiempos extraordinarios.

El desarrollo de la charla se llevará a cabo en Instagram live, a las 16:30 en @dra.matrecari

La charla no tuvo lugar por problemas técnicos 

 

Publicado en Actividad institucional, MEDIACIÓN ELECTRÓNICA- ONLINE- DE CONFLICTOS, OPINIONES, ¿Quién es quién en mediación? | Deja un comentario

Charla La Mediación y las audiencias remotas vistas por un Juez

LA MEDIACIÓN, LOS MEDIADORES Y LA MIRADA DE UN JUEZ CONVERSACION CON EL DR. PAULO MARESCAEste jueves 8 de julio de…

Publicado por Encuentro de Mediadores en Viernes, 10 de julio de 2020

Para ver el video: doble clic sobre la imagen   

Publicado en NOTICIAS DE LA MEDIACIÓN EN EL PAÍS Y EN EL MUNDO, OPINIONES, ¿Quién es quién en mediación? | Deja un comentario

INSTRUCTIVO DE LA RECEPTORIA GENERAL DE EXPEDIENTES PARA INGRESO DE CAUSAS

INSTRUCTIVO_RECEP_EXPTES

Publicado en NOTICIAS Y NOVEDADES | Deja un comentario

A TRIBUNALES CON TURNO A PARTIR DEL 8/7/20

A tribunales con turno

La Suprema Corte bonaerense aprobó el servicio web de asignación de turnos para concurrir a los tribunales. La utilización de la herramienta será «de uso facultativo»

Archivos adjuntos

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires aprobó el servicio web de asignación de turnos para la concurrencia a la sede de los órganos jurisdiccionales y dependencias ubicadas en los departamentos judiciales.

Así lo resolvió mediante la resolución 32/20, suscripta por el presidente del Alto Cuerpo, Daniel Soria, quien ponderó que «el mecanismo tiene por objetivo no solo satisfacer las demandas del servicio de justicia y disminuir la acumulación de personas en las sedes, sino también brindar una herramienta informática para la organización interna del trabajo, en los casos de concurrencia de personas».

El sistema estará disponible a partir del 8 de julio, en principio en aquellos organismos en los que se halla dispuesta la habilitación plena del servicio, conforme las resoluciones 583/20, 654/20, 655/20 y 707/20.

Quienes deseen acceder a un turno, deberá ingresar a la web del Poder Judicial, cumplir con una breve registración como usuario y luego deberá seleccionar el tribunal al que desea asistir, especificar el trámite a realizar y, finalmente, será dirigido a un almanaque digital para acordar el día.

Podrán utilizar este sistema tanto profesionales como público en general. Asimismo, la acordada específica que esta modalidad aprobada resulta independiente de la citación de personas a audiencias.

El sistema estará disponible a partir del 8 de julio, en principio en aquellos organismos en los que se halla dispuesta la habilitación plena del servicio, conforme las resoluciones 583/20, 654/20, 655/20 y 707/20, y funcionará bajo el instructivo que elaborará la Subsecretaría de Tecnología Informática y se publicará el la web del Superior Tribunal.

La resolución, finalmente, establece que la utilización de la herramienta será «de uso facultativo» tanto para profesionales como para el público general

Publicado en NOTICIAS Y NOVEDADES | Deja un comentario

MPO no transforma en indisponibles los derechos ni conculca beneficio consumeril

El trámite de mediación prejudicial obligatoria no transforma en indisponibles los derechos ni conculca el beneficio de justicia gratuita.

shutterstock_128217269Partes: Juarez Roberto Carlos c/ Renault Argentina S.A. y otros s/ actos de particulares

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata

Sala/Juzgado: Tercera

Fecha: 28-may-2013

Cita: MJ-JU-M-79318-AR | MJJ79318 | MJJ79318

Cumplir con el trámite de mediación prejudicial obligatoria regulado por la ley 13951 no transforma en indisponibles los derechos ni conculca el beneficio de justicia gratuita receptado por el art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que ordenó al actor cumplir con el trámite de mediación prejudicial obligatoria regulado por la ley 13951 , en tanto la intervención forzada del Ministerio Público Fiscal regulada en la Ley de Defensa del Consumidor no transforma per se en indisponibles los derechos que el accionante pretende hacer valer mediante su acción individual ya que el legislador legitima la actuación del organismo de cara a la efectiva tutela de la legalidad y los derechos del consumidor.

2.-Debe desestimarse el planteo vinculado con la alegada configuración del supuesto de excepción previsto en el art. 4 inc. 4to de la ley 13.951, por cuanto no se verifica el presupuesto de hecho previsto en la mentada normativa para exceptuar el trámite de mediación prejudicial obligatoria, es decir, no se trata de una causa en las que el Estado Nacional, Provincial, Municipal o los Entes Descentralizados sean parte.

3.-Si alguien acude a la mediación y no tiene recursos para ello, puede solicitar previamente la aplicación del instituto del beneficio de litigar sin gastos ante el juez sorteado y, una vez que le sea otorgado, presentarse al mediador designado para que medie ajustándose al beneficio otorgado, en virtud de lo cual se rechaza lo expresado por el recurrente quien expresó que la decisión del magistrado de la instancia de origen provocaba un gravamen irreparable, en tanto el cumplimiento de la mediación obligatoria lo expondría a afrontar los gastos que exige tal procedimiento, conculcándose de tal modo el beneficio de justicia gratuita receptado por el art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor.

Fallo:

Mar del Plata, 28 de Mayo de 2013

Con motivo del recurso de apelación en subsidio interpuesto a fs. 111/ 112 vta. por la parte actora contra la resolución de fs. 106/ 107 vta., del 19 de Marzo de 2013; y

VISTO:

El presente expediente traído a conocimiento de la Sala Tercera de este Tribunal de Alzada,

CONSIDERAMOS que:

I. – Antecedentes

a) A fs. 94/ 105 se presenta el Sr. Roberto Carlos Juárez -por derecho propio y con el patrocinio letrado de la Dra. Paula G. Braciale- promoviendo demanda “por violación a lo dispuesto en la ley de Defensa del Consumidor y con más los daños y perjuicios derivados de ese incumplimiento, requiriendo la aplicación del Título VII, Capítulos I, II, III, IV y V de la ley provincial N°13.133”, contra Renault Argentina S.A; Francisco Osvaldo Díaz S.A; La Caja de Seguros S.A y Rombo Compañía Financiera S.A.

Afirma que -con fecha 13/10/11- adquiere en la Concesionaria Francisco Osvaldo Díaz S.A un automóvil Marca Renault, Modelo Duster 1.6 Expression, Dominio KLI 625.

Explica que la compra del vehículo fue abonada entregando en el acto de compra la suma de pesos cincuenta mil ($50.000), financiándose el saldo restante a través de Rombo Compañía Financiera S.A.

Agrega que el rodado fue asegurado por la compañía ofrecida por Rombo Financiera S.A (“La Caja Seguros S.A”).

Comenta que -con fecha 08-07-12- participa de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Avenida Patricio Peralta Ramos y Sánchez de Bustamente.

Señala que, con fecha de 17 de septiembre de 2012 y luego de reiterados e infructuosos reclamos, logra ingresar su vehículo en el taller de reparaciones de la concesionaria Francisco Osvaldo Díaz S.A.

Puntualmente, manifiesta: “a la fecha no cuento con el auto, vale decir que se encuentra en el mismo estado en el que entró, no se ha procedido a arreglar absolutamente nada (.) La Cía.de Seguros y el Taller habilitado para la reparación alegan que desde la fábrica Renault no proveen los repuestos originales necesarios y ni siquiera pueden determinar una fecha “estimativa” de culminación de la misma, causándome ello innumerables perjuicios, disgustos, contratiempos y gastos por la falta de disponibilidad de mi vehículo” (textual).

Destaca que el plafón fáctico descripto revela que se ha incumplido el art. 12 de la ley 24.240 en cuanto establece que “Los

fabricantes, importadores y vendedores de las cosas deben asegurar un

servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos” (textual).

Asevera que, habiendo agotado todas las tratativas extrajudiciales destinadas a obtener una solución extrajudicial del conflicto, sin obtener respuesta favorable alguna, se ve obligada a promover la presente acción.

En el punto que identifica como 7.9, sintetiza el contenido de sus pretensiones solicitando la concesión de los puntos que se detallan a continuación: 1) entrega inmediata del vehículo (reparado en perfectas condiciones de funcionamiento) o entrega de una unidad 0 km de idénticas características a la adquirida, o la entrega del valor en pesos, considerando el porcentaje efectivamente abonado a la concesionaria y compañía financiera; 2) aplicación de una multa -como daño punitivo- por la suma de pesos pesos cincuenta mil ($50.000); 3) indemnización del daño moral en la suma de pesos veinte mil ($20.000); 4) reparación de la disminución del valor del vehículo en la suma de pesos dieciocho mil ($18.000) y 5) resarcimiento de la privación del uso del vehículo por la suma de pesos cuarenta y ocho mil ($48.000).

Pide que le sea concedido el beneficio de gratuidad consagrado por la Ley de defensa del Consumidor.

Solicita que se de intervención al Ministerio Público Fiscal como parte esencial del litigio.

Ofrece prueba, funda en derecho y solicita que se haga lugar a la demanda, con costas.

II.- La resolución recurrida

A fs. 106/ 107 vta. el Sr. Juez de primera instancia resuelve:”Teniendo en cuenta el objeto de la demanda expuesto a fs. 94/ vta punto I, los hechos narrados a fs. 94/ vta. punto 2 y ss., el tenor del petitorio detallado a fs. 104/ vta punto 14, y reparando muy especialmente en que las pretensiones se fundan en derechos que estimo disponibles para el actor, concluyo que el reclamo contenido en la demanda debe ser sometido previamente al sistema de Mediación Previa Obligatoria regulado en la Ley 13.951 y su decreto reglamentario N°2530/10″ (textual, el resaltado nos pertecenece).

Considera el a quo que “el art. 1 de la Ley 13.951 estableció la obligatoriedad del sistema de Mediación Previa para toda contienda judicial cuyo objeto sea materia disponible por los particulares. El artículo 2 de dicha ley acentúa este carácter al consignar que “todo juicio” debe ser sometido a dicho sistema, con la sola excepción de las exclusiones en listadas en el art. 4, en cuyos incisos no se incluyen reclamos como el que aquí es detallado en el escrito de demanda”(textual).

Paralelamente, destaca que “en atención a que el nombre de la carátula en nada altera la naturaleza del reclamo hecho por la actora -ni limita al suscripto para decidir el encuadre jurídico y dar solución a la controversia- procédase al cambio de carátula de la presente, debiendo quedar enlistada como “JUAREZ, ROBERTO CARLOS C/ RENAULT ARGENTINA S.A. Y OT. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES” -código 64-” (textual).

Explica que “tratándose de un código de materia de juicio que es receptado como “mediable” conforme el listado del que dispone la Receptoría de Expedientes, podrá darse cumplimiento a la mediación y se evita que la parte actora se vea imposibilitada de acceder al procedimiento por razones administrativas que le son completamente ajenas” (textual).

Concluye señalando: “En razón de lo expuesto, remítase la presente causa a la Receptoría de Expedientes a los fines de proceder al cambio de carátula y sortear el correspondiente mediador (art.1, 2, 4 a contrario de la ley 13.951; art. 1, 2 y ss. del decreto 2530/10; art. 58 inc. “a” del Acuerdo 3397/08 de la Suprema Corte de Justicia provincial) (textual).

III. El recurso interpuesto

A fs. 111/ 112 vta. la actora interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución de fs. 106/ 107 vta. y lo funda mediante los argumentos que -sintéticamente- se exponen a continuación.

Sostiene que el sentenciante se equivoca cuando considera que resultan disponibles los derechos en tela de debate ya que se trata de un proceso judicial en el que resulta parte necesaria el Ministerio Público Fiscal.

Puntualiza que el art. 4 inc. 4 de la ley 13.951 exceptúa de la mediación las causas en las que el Estado Nacional, Provincial, Municipal o los entes descentralizados sean parte, lo que revelaría que en caso particular la mediación no sería procedente.

Critica la decisión por la que el magistrado de la instancia de origen dispone la recaratulación del expediente habida cuenta que la materia del litigio no se encuentra incluida dentro de las materias “mediables” establecidas por la ley 13.951 y el decreto reglamentario 2530/10.

Afirma que, de acuerdo a lo establecido en el art.24 de la ley 13.133, el juez se encuentra facultado para llamar a una audiencia de conciliación a fin de arribar a una solución temprana del conflicto, evitando de tal modo el desgaste jurisdiccional que importaría el procedimiento relativo a la mediación previa.

Finalmente, destaca que provoca un gravamen irreparable el hecho de tener que someter el caso a mediación ya que se vería obligado a desembolsar fondos para cancelar los gastos que exige tal procedimiento.

Asevera que en función de la naturaleza jurídica del proceso iniciado, debe prevalecer el principio de gratuidad receptado por la Ley de Defensa del Consumidor.

Pide que se revoque el pronunciamiento recurrido y, por consiguiente, se proceda a dictar el primer despacho que ordena correr traslado de la demanda a la parte demandada por el plazo de ley.

A fs. 113/ 115 vta. el Sr. Juez de primera instancia rechaza el recurso de revocatoria y concede la apelación deducida en forma subsidiaria.

IV.- Tratamiento del recurso

Ingresando en el estudio de la cuestión sometida a consideración de esta Alzada, advertimos que el recurso no debe prosperar.

Expondremos seguidamente las razones que nos conducen hacia dicha conclusión.

1. – La ley 13.951 instituye en el ámbito bonaerense, con carácter obligatorio, el régimen de la mediación previa como método alternativo de los conflictos judiciales cuyo objeto sea materia disponible por los particulares (argto. art. 1, 2 y conds. de la ley 13.951; arts. 1, 2 y conds.del Dec Reg.2530/10).

La exposición de fundamentos del proyecto de ley subraya que el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria tiene por objeto “instaurar un medio alternativo de resolución del conflicto, antes que el mismo sea llevado a cabo por las partes hasta los estrados judiciales (.) refleja una clara voluntad política de institucionalizar nuevos mecanismos alternativos para la resolución de disputas, que conlleven a solucionar los problemas de sobrecarga de tareas, debido al volumen de demandas incoadas que soporta el Poder Judicial” (textual).

Puntualmente, en su segundo artículo la ley 13.951 dispone:

“Establécese con carácter obligatorio la Mediación previa, a todo juicio, con las exclusiones efectuadas en el art. 4to., con el objeto de promover y facilitar la comunicación directa entre las partes que permita a solución del conflicto” (textual, el resaltado nos pertenece).

El procedimiento de mediación previa se erige entonces en una instancia forzada en todos los juicios civiles y comerciales cuyo objeto verse sobre materia disponible para las partes, delimitándose expresamente en su artículo cuatro las cuestiones que deben quedar exceptuadas de este modo alternativo de solución de conflictos (argto. arts. 1, 2, 3, 4 y conds. de la ley 13.951; art. 4 del Dec Reg.2530/10; conf. Mariana Cerowski, “Mediación en la Provincia de Buenos Aires”, nota publicada en LLBA2009 (julio), 695; Héctor Eduardo Leguisamón, “La Ley de Mediación de la Provincia de Buenos Aires”, nota publicada en LLBA2011 (febrero), 1; José María Lezcano, “Mediación: una práctica profesional. Anotaciones a la ley de mediación bonaerense”, nota publicada en LLBA2012 (octubre), 937).

2.- En el sublite, el apelante cuestiona el pronunciamiento del magistrado de la instancia de origen en tanto ordena cumplir con el trámite de mediación prejudicial obligatoria regulado por la ley 13.951.

Por razones de rigor metodológico, y con la finalidad de facilitar la comprensión de la solución que se ha anticipado, consideramos conveniente justificar la improcedencia del recurso rebatiendo separadamente los argumentos que dan sustento a los embates formulados por el apelante.

a) En primer término, debe desecharse que los derechos que pretende resguardar el Sr. Roberto Juárez se tornen “indisponibles” por el hecho que el Ministerio Público Fiscal intervenga obligatoriamente como “fiscal de la ley” en los términos y con los alcances de art. 52 de la ley 24.240.

Contrariamente a lo sostenido por el recurrente, el ordenamiento consumeril, con la obligada participación del mentado organismo, pretende conferir un instrumento al consumidor para garantizar la efectiva tutela de sus derechos, asegurando el respeto al debido proceso y el efectivo cumplimiento de la legislación, más allá de que se trate de un proceso en el que se intente proteger un derecho privado de naturaleza patrimonial (argto. art. 52 de la ley 24.240; Conf. Picasso-Vázquez Ferreyra, “Ley de Defensa del Consumidor”, T.I., Ed. La Ley, 2009, pág. 590/ 591; Francisco Juyent Bas-Candelaria Del Cerro, “Aspectos procesales en la ley de Defensa del Consumidor”, nota publicada en La Ley2010-C, 1281).

Es decir que la intervención forzada del Ministerio Público Fiscal regulada en la Ley de Defensa del Consumidor no transforma per se en “indisponibles” los derechos que el accionante pretende hacer valer mediante su acción individual ya que el legislador legitima la actuación del organismo de cara a la efectiva tutela de la legalidad y los derechos del consumidor (argto. art. 52 de la ley 24.240; art. 42 de la C.Nac.

; art. 38 de la Const. prov.; Conf.doctrina citada).

b) Debe desestimarse también el planteo vinculado con la alegada configuración del supuesto de excepción previsto en el art. 4 inc. 4to de la ley 13.951.

Ello así por cuanto no se verifica el presupuesto de hecho previsto en la mentada normativa para exceptuar el trámite de mediación prejudicial obligatoria, es decir, no se trata de una causa en las que el Estado Nacional, Provincial, Municipal o los Entes Descentralizados sean parte

(argto. art. 1, 2, 4 y conds. de la ley 13.951).

Reiteramos que en el caso particular el Ministerio Público Fiscal, lejos de participar obligatoriamente en función de la legitimación activa regulada en el art. 52 in fine de la ley 24.240 (cuando una asociación de consumidores desistiera o se apartara de la intervención en un proceso en donde se tratara la afectación de derechos de incidencia colectiva), actúa como “fiscal de la ley”, es decir, en defensa de la tutela judicial efectiva y derechos individuales que invoca el Sr. Roberto Juárez en su condición de consumidor (argto. art. 1, 2, 4 y conds. de la ley 13.951; art. 1, 52 de la ley 24.240; art. 42 de la C.Nac. ; art. 38 de la Const. prov.).

c) Con relación al cuestionamiento que formula el apelante en cuanto a la recaratulación del expediente dispuesta por el magistrado de la instancia de origen, cabe subrayar que -a nuestro modo de ver- dicho embate deviene inatendible.

En efecto, la temática que es materia de agravio queda subsumida dentro de las facultades ordenatorias que le asisten al juzgador, es decir que -en principio- no provoca al recurrente un perjuicio insusceptible de reparación posterior y, por lo tanto, deviene inapelable (argto. arts. 36 inc. 2do, 242 y conds. del CPC; jurisp. esta Sala, causa N° 153641, RSI-116-13 del 5-413; causa N°147.952, RSI-189-11 del 12-5-11; entre otras).

d) El apelante desliza que, de acuerdo a lo establecido en el art.24 de la ley 13.133, el juez se encuentra facultado para llamar a una audiencia de conciliación a fin de arribar a una solución temprana del conflicto, evitándose de tal modo el desgaste jurisdiccional que importaría el procedimiento relativo a la mediación prejudicial.

La crítica en esta parcela tampoco ha de tener favorable recepción por cuanto la facultad que el ordenamiento procesal concede en su art. 36 inc. 4to. al juez -en su condición de director del proceso- no transforma en letra muerta el carácter obligatorio que de la ley 13.951 en cuanto el régimen de la mediación previa como método alternativo de solución de un conflicto cuyo objeto es una materia disponible por los particulares (argto. art. 1, 2 y conds. de la ley 13.951; arts. 1, 2 y conds. del Dec Reg.2530/10).

Máxime teniendo en consideración que en la propia exposición de fundamentos del proyecto de la ley 13.951 -reiteramos- se subraya que la implementación de la mediación prejudicial obligatoria tiene por objeto instaurar un medio alternativo de resolución del conflicto, antes que sea llevado a cabo por las partes hasta los estrados judiciales, resaltando el legislador la voluntad política de institucionalizar nuevos mecanismos alternativos para la resolución de disputas, que conlleven a solucionar los problemas de sobrecarga de tareas, debido al volumen de demandas incoadas que soporta el Poder Judicial (conf. exposición de fundamentos de la ley 13.951; arts. 1, 2 y conds. de la ley 13.951; arts. 1, 2 y conds. del Dec Reg.2530/10).

e) El recurrente expresa, finalmente, que la decisión del magistrado de la instancia de origen provoca un gravamen irreparable en tanto el cumplimiento de la mediación prejudicial obligatoria lo expondría a afrontar los gastos que exige tal procedimiento, conculcándose de tal modo el beneficio de justicia gratuita receptado por el art.53 de la ley de Defensa del Consumidor.

El embate no debe prosperar.

En primer término, porque el argumento que da sustento a la critica no reviste entidad para invalidad el carácter obligatorio de la ley 13.951 en lo que aquí es materia de debate (art. 1, 2, 4 y conds. de la ley 13.951).

En segundo lugar, porque la ley de mediación regula expresamente en su art. 7 la aplicación del instituto del beneficio de litigar sin gastos (art. 7 y conds. de la ley 13.951).

Es decir que si alguien acude a la mediación y no tiene recursos para ello, puede solicitar previamente dicha franquicia ante el juez sorteado y, una vez que le sea otorgado, presentarse al mediador designado para que medie ajustándose al beneficio otorgado (art. 7 y conds. de la ley 13.951; conf. Juana Dioguardi, “La instancia previa obligatoria en la Provincia de Buenos Aires”, nota publicada en LLBA2012 (junio), 473; Alan Gobato, “La protección de los usuarios y consumidores de la Provincia de Buenos Aires. Reforma de la ley 13.133”, nota publicada en LLBA2012 (marzo), 127).

Sellada de tal modo la suerte adversa del agravio, como mera referencia obiter dictum consideramos conveniente aclarar que esta Sala se ha pronunciado sobre el sentido y alcance del beneficio de gratuidad en el marco de un reclamo individual iniciado con fundamento en la existencia de una relación de consumo (conf. Jurip. esta Sala, 150.495, RSI-335-12 del 12-07-12).

En tal sentido, se ha interpretado que la legislación consumeril no puede tener otro alcance que el de garantizar la irrestricta gratuidad del acceso a la jurisdicción (eximición del pago de tasas y demás sellados de actuación), como así también, la liberación de las costas del proceso en caso de que el consumidor resulte vencido en el litigio, sin perjuicio de la facultad que le asiste a la parte contraria de demostrar incidentalmente la solvencia del peticionario y, una vez acreditada, provocar el cese de la franquicia (argto. arts.42 de la Const. Nac.; art. 38 de la Const. Prov.; art. 53 y conds. de la ley 24.240; conf. Jurip. esta Sala, 150.495, RSI-335-12 del 12-07-12; CSJN “Unión de Usuarios y Consumidores y otros c/ Banca Nazionale del Lavoro S.A. s/sumarísimo”, sent. del 11 de octubre de 2011).

En definitiva, y teniendo en consideración los argumentos desarrollados en párrafos precedentes, consideramos que la decisión que ordena cumplir con el trámite de mediación prejudicial obligatoria regulado por la ley 13.951, debe confirmarse, lo que así se resuelve.

Por todo lo expuesto, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales,

RESOLVEMOS:

I) Rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 111/ 112 vta. y, en consecuencia, confirmar el proveído de fs. 106/ 107 vta., en lo que ha sido materia de agravio;

II) No imponer costas en atención a la inexistencia de un litigante técnicamente vencido (arts. 68 y ccds. del C.P.C.). REGISTRESE. Transcurrido el plazo del art. 267 del C.P.C., devuélvase.

NÉLIDA I. ZAMPINI RUBEN D. GEREZ

Marcelo M. Larralde Auxiliar Letrado

 

Publicado en BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS, JURISPRUDENCIA DE OTRAS JURISDICCIONES, OPINIONES | Deja un comentario

SEMINARIO INTERNACIONAL – MEDIACIÓN VIRTUAL EN USA (WRIGHT)

La imagen puede contener: Walter Wright, texto

Publicado en DOCTRINA Y PUBLICACIONES, MEDIACIÓN ELECTRÓNICA- ONLINE- DE CONFLICTOS, NOTICIAS DE LA MEDIACIÓN EN EL PAÍS Y EN EL MUNDO, OPINIONES, ¿Quién es quién en mediación? | Deja un comentario

Media sanción (diputados)reforma ley de la 13951

https://www.eldia.com/nota/2020-7-2-20-48-0-provincia-media-sancion-para-el-proyecto-de-mediacion-a-distancia-politica-y-economia

jueves 2 de julio de 2020

Política y Economía

Provincia: media sanción para el proyecto de mediación a distancia.

2 de Julio de 2020 | 20:48

El proyecto de Ley de Mediación sancionado hoy por la cámara baja bonaerense establece la modalidad a distancia, en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la mediación previa obligatoria. Se aplicará en los conflictos cuyo objeto sea materia disponible por los particulares, permitiendo acceder a la resolución de estos, o que se habilite la vía judicial para proseguirlos.

La modificación prevé que la mediación se pueda realizar total o parcialmente a distancia. La iniciativa del diputado Emiliano Balbín, acompañada por el Bloque de Diputados de Juntos por el Cambio, se aprobó en la sesión de hoy y ahora resta que lo apruebe el Senado para que sea Ley.

La Ley en vigencia, que se sancionó en 2009, estableció como regla general la mediación obligatoria en todos los casos que no admitan excepción, pero las partes deben asistir personalmente a la audiencia, no pudiendo ser sustituidas por apoderados, salvo que su domicilio exceda los 150 km. del asiento del mediador, como única excepción.

“Por eso -señaló Balbín-, hemos propuesto en el mes marzo esta modificación sustancial a la Ley 13.951 de Mediación y Conciliación Prejudicial, que permitirá no solo modernizar la ley vigente, sino que además garantizará el acceso a justicia a una innumerable cantidad de ciudadanos que hoy encuentran vedado este derecho fundamental”.

“El proyecto que presentamos incorpora el artículo 15 Bis a la actual Ley, que le da la posibilidad al mediador y a las partes a celebrar una audiencia a través de canales y procedimientos electrónicos de comunicación, asegurando además la confidencialidad e identidad de estas”, agregó.

En el mismo sentido, el legislador radical manifestó que “fruto de haber hecho un largo recorrido para llegar a presentar esta iniciativa, durante el cual se brindaron conferencias acerca del tema, consultado a juristas, académicos, colegios de abogados, mediadores, facultades, y al arco judicial en general acerca de esta modificación, es que todos coincidieron en que el proyecto actúa e influye de manera directa en tres aspectos fundamentales: garantizar el acceso a justicia, activar los procesos judiciales cumplimentando con la instancia previa de la mediación, y modernizar de manera sustancial el método con el que hoy se realizan las mediaciones”.

Para finalizar, el legislador de JxC indicó que “con este proyecto le estamos dando a los ciudadanos y a los profesionales la herramienta necesaria para garantizar un derecho fundamental de nuestra Constitución Provincial, establecido en el artículo 15, que consagra la tutela judicial efectiva. Y, además, estamos sentando un precedente que será la pieza fundamental y fundacional de una manera más moderna, equitativa, rápida y justa de garantizar el acceso a la Justicia”.

Proyecto original diputado Emiliano Balbín (D541 20/21).

Artículo 1º:  Modifíquese el artículo 15 de la Ley N° 13.951, el que quedará redactado de la siguiente manera:

«Artículo 15: Para el caso de la modalidad presencial, será obligatoria la comparecencia personal de las partes y la intervención del mediador. A las sesiones deberán concurrir las partes personalmente y no podrán hacerlo por apoderado, exceptuándose a las personas jurídicas y a las personas físicas domiciliadas a más de ciento cincuenta (150) kilómetros de la ciudad asiento de la mediación, que podrán asistir por medio de apoderado, con facultades suficientes para mediar y/o transigir.”-

Artículo 2°: Incorpórese el artículo 15 bis a la Ley N° 13.951, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 15 bis: Establece la modalidad de mediación a distancia, la que se realizará a propuesta del mediador o las partes y a través de los medios electrónicos de comunicación que la Autoridad de Aplicación disponga, y que garantice la identidad de los intervinientes. La mediación se realizará total o parcialmente bajo la modalidad de distancia.”-

El proyecto con media sanción. Se incorporaron modificiones sobre la base del proyecto oficial y otro de la diputada Galván. Consultada la Dra. Vázquez por el Dr. Stinson  mostró su beneplácito

EL SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE LEY

ARTÍCULO 1°: Modifíquese el artículo 15 de la Ley 13.951, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 15. Para el caso de la mediación presencial, será obligatoria la comparecencia personal de las partes y la intervención del Mediador o mediadora. A las sesiones deberán concurrir las partes personalmente y no podrán hacerlo por apoderado, exceptuándose a las personas jurídicas y a las personas físicas domiciliadas a más de ciento cincuenta (150) kilómetros de la ciudad asiento de la Mediación, que podrán asistir por medio de apoderado, con facultades suficientes para mediar y/o transigir.”

ARTÍCULO 2°.- Incorpórase el artículo 15 bis a la Ley 13.951, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 15 bis. Opción de mediación a distancia. La primera audiencia del procedimiento de mediación podrá realizarse a distancia a propuesta de la mediadora o mediador con acuerdo de la parte requirente o a propuesta de la parte requirente. Las siguientes audiencias podrán celebrarse bajo tal modalidad si existe acuerdo de la parte requerida.

Las audiencias se celebrarán a través de los canales y procedimientos electrónicos de comunicación según lo reglamente la Autoridad de Aplicación y que aseguren la confidencialidad del procedimiento y la identidad de las partes.”

ARTÍCULO 3°.- Modifíquese el artículo 18 de la Ley 13.951, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 18. Cuando la culminación del proceso de Mediación, deviniera del arribo de un acuerdo de las partes sobre la controversia, se labrará un acta en la que deberá constar los términos del mismo, firmado por el Mediador o mediadora, las partes y los letrados o letradas intervinientes.

Si no se arribase a un acuerdo en la Mediación, igualmente se labrará acta, cuya copia deberá entregarse a las partes, en la que se dejará constancia de tal resultado.

En este caso el reclamante quedará habilitado para iniciar la vía judicial correspondiente, acompañando las constancias de la Mediación.

Cuando la mediación se realice en todo o en parte bajo la modalidad a distancia deberá dejarse constancia en el acta de dicha circunstancia.

Para el caso que no fuera posible la suscripción del acta conforme lo establecido por el artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación, será suficiente la sola suscripción por parte de la mediadora o mediador de las actas.

Para el caso que la mediación concluyera con acuerdo de las partes, el mediador o mediadora deberá constatar previamente la voluntad de las partes conforme establezca la reglamentacion.

ARTÍCULO 4°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Publicado en CONSULTAS, MEDIACIÓN ELECTRÓNICA- ONLINE- DE CONFLICTOS, NORMATIVA VIGENTE Y PROYECTOS DE REFORMA, ¿Quién es quién en mediación? | Deja un comentario

micro radial en la FM 95.7 Pablo Salgado entrevista a María Soledad Mesa

https://drive.google.com/file/d/1teh9dlFVksMgbL5TG2BvgJaLWrjT0lpf/view?usp=sharing

 

Publicado en Actividad institucional, OPINIONES | Deja un comentario

RECOMENDACIONES Col.Pro.BA sobre MPO en el marco COVID-19

La imagen puede contener: texto
Con fecha 18 de marzo 2020 la Autoridad de Aplicación mediante la resolución 187/2020 dispuso instruir a las/os mediadores/as para que suspendan y/o posterguen las audiencias que se hubieran fijado eximiendo de la aplicación de la multa por incomparecencia ante tal evento.
Posteriormente y mediante las resoluciones 223/20; 259/20 y 305/20 dispuso sendas prórrogas, la última de ellas (305/20) con vigencia hasta el 24 de mayo inclusive. Sin perjuicio del tecnicismo de norma positiva o vigente, no es menor analizar el texto de la disposición prorrogada, la 187/2020, toda vez que la misma no prohíbe la celebración de las audiencias sino que instruye a los mediadores a suspender o postergar….
Por el principio de clausura, que tiene plena cabida en el plexo normativo y constitucional argentino, art. 19 último párrafo C.N., podemos concluir que las/os mediadores de la provincia de Bs As, sin por ello violar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado por el Sr Presidente de le República Argentina, podríamos llevar adelante audiencias de mediación.
Ello supeditado y en consideración a cuestiones personalísimas, tales como la propia decisión del mediador de llevarlas adelante o no, o de las propias partes involucradas en el asunto del que se trate y/o, obviamente de los letrados intervinientes.
Por su parte, desde el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, y a partir del trabajo elaborado por la Comisión Asesora de Mediación y Resolución de Conflictos, se ha solicitado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el dictado de una resolución que posibilite la celebración de las audiencias en el proceso de Mediación Previa Obligatoria en la modalidad “no presencial” o “virtual”.
Sin embargo, y hasta tanto dicha reglamentación se encuentre vigente, en la búsqueda de soluciones ante la situación de emergencia que nos toca atravesar, resulta posible interpretar que los mediadores se encuentran habilitados actualmente para la realización de determinadas acciones relativas a los procesos en los que han sido designados, conforme se puntualiza a continuación.
En tal sentido, es sabido que la mediación tiene por objeto de promover y facilitar la comunicación directa entre las partes que permita la solución del conflicto (art. 2 de la ley 13.951)
Por dicha razón y en este particular contexto, debemos recordar que el artículo 11 de la ley 13.951 dispone: “Ambas partes, de manera conjunta, podrán tomar contacto con el Mediador designado antes de la fecha de la audiencia con el objeto de hacer conocer el alcance de sus pretensiones.”
Si bien la norma hace referencia a que este contacto previo lo promuevan las partes, de manera conjunta, nada impide que sea el mediador el que lo facilite y/o viabilice, siempre que en dicha acción se resguarden los principios propios del régimen, tal como neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y consentimiento informado
Es decir que nada obsta a la posibilidad de establecer contacto -en términos oficiosos y no de notificación- antes de la celebración de la audiencia propiamente dicha, de manera “voluntaria” y como una suerte de “acto preparatorio”, brindando la posibilidad de conocer el alcance de las pretensiones y abrir un canal de diálogo para el abordaje del conflicto.
En ese contexto, y como primera cuestión se debería descartar poder avanzar si alguna de las partes se expresara en modo contrario a ello, o existiera alguna circunstancia que determine la imposibilidad de realizarlo
Establecido ese contacto, mediante algún modo que se encuentre al alcance del mediador -por ejemplo por tratarse de litigantes habituales, tal el caso de las aseguradoras- o aquellos que le proporcionen las partes, se podrá fijar una fecha y hora para realizar una reunión preparatoria virtual -también oficiosa o voluntaria- en la que se debe plantear a los intervinientes cual es la situación y como seguir adelante desde el principio de voluntariedad y de buena fe.
El mediador al tomar contacto les propondrá participar de dicha reunión mediante una plataforma de video tal como Zoom, Jitsi Meet, Teams u otra similar, brindando las herramientas y la información necesaria para ello.
Contando con la conformidad de todos los intervinientes -recomendamos que sea por escrito a través de medio electrónico- se fijará fecha y hora de esta reunión, ajustándose al siguiente protocolo:
✅Resulta conveniente y aunque ésta no sea la audiencia de mediación propiamente dicha, realizar el discurso de apertura y en lo que a tecnología se refiera, así como explicar el alcance de la reunión de la manera más concisa posible.
✅También es necesario hacer saber a todos los intervinientes que la grabación de audio y/o de video implicará para las partes y los letrados una violación del principio de confidencialidad. Y para los letrados se considerará, la grabación o propagación o utilización de las grabaciones de las audiencias, como una falta grave susceptible de sanción disciplinaria por el Colegio Departamental que correspondiere.
✅Tanto el mediador como cada uno de los letrados y requirente/s – requerido/ estarán presentes de manera virtual y de manera separada uno del otro.
✅Para el caso que el letrado y su cliente dispongan hacerlo de manera conjunta no habrá obstáculo para ello, salvo la recomendación de guardar distancia y dentro de lo posible mantenerse cada uno en un domicilio diferente.
✅Para el caso extraordinario que un adulto mayor o persona de menores recursos no pueda o no cuente con la posibilidad de acceder virtualmente mediante el sistema de video conferencia que finalmente se utilice, deberá atenderse a la excepción y hacerlo participar telefónicamente a través del teléfono celular del mediador y que de igual modo pueda contar con una persona que lo asista en la audiencia para el manejo técnico de la plataforma.
✅Cada participante se identificará de manera virtual remitiendo al mediador una copia de su DNI y/o credencial y/o poder mediante el sistema de mensajería WhatsApp o por correo electrónico.
✅El mediador dará la palabra también de la manera habitual.
✅En caso que no pudieran participar todas las partes, deberá prestarse especialmente atención a que esta intervención no vulnere los principios de neutralidad y/o imparcialidad. En caso de duda, deberá disponerse la suspensión inmediata de la misma.
✅Si alguna las partes no participara y la reunión se llevará a cabo de todos modos, el mediador deberá requerir a los intervinientes su conformidad para tomar contacto en forma posterior con dicha parte para exponerle los aspectos principales que se hubieran abordado en la misma.
✅Si el conflicto en tratamiento permitiera algún avance, se explorarán las diferentes alternativas para ello. (mecanismos de intercambio de documentación, revisación por médicos, nuevas reuniones conjuntas o privadas, etc)
✅De no resultar ello posible, se buscará mantener vías de contacto efectivas con todos los intervinientes para poder celebrar sin dilaciones la audiencia de mediación propiamente dicha en cuando la modalidad presencial se encuentre autorizada o bien en la medida que la Autoridad de Aplicación dicte una reglamentación específica para la celebración de audiencias no presenciales.
Una metodología similar podrá adoptarse cuando en aquellas mediaciones en la que ya se hubiera realizado la primera audiencia en forma presencial, en la medida que el artículo 16 de la ley 13.951 establece, en lo pertinente: “El Mediador tendrá amplia libertad para sesionar con las partes, pudiéndolo efectuar en forma conjunta o por separado, cuidando de no favorecer, con su conducta, a una de ellas y de no violar el deber de confidencialidad.”
Publicado en CONSULTAS, NOTICIAS DE LA MEDIACIÓN EN EL PAÍS Y EN EL MUNDO, OPINIONES | 1 comentario

IDEAS SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DE LA MPO -JUNIO 2020 (STINSON)

MIS IDEAS SOBRE FORMAS POSIBLES DE LLEVAR ADELANTE LA MEDIACIÓN
«En comunicación telefónica del día 26/06/20, la Dra. Yael Falótico, a cargo de la Dirección de Mediación, me aclaró como Director del Centro de Mediación, que la MPO sigue vigente y se sigue sorteando mediador en la receptoría general de expedientes.
A partir de allí, investigando el tema y compartiendo opiniones entiendo que el requirente iniciaría el expediente llenando el formulario de “inicio de causas”, ingresando token mediante a la página de la SCBA en el apartado correspondiente.
El formulario debería completarse sin necesidad de presentar demanda. Si la demanda fuere presentada debería quedar reservada en sobre cerrado, tal cual es el procedimiento en familia. Nunca debería ser puesta en procesal
Según el código de materia corresponderá o no sorteo de mediador. En un primer paso el sistema sortea el juzgado de radicación y va directamente al mismo donde obtendrá número de expediente. El juzgado visualiza el sorteo, pero la causa no queda radicada en el mismo. La remisión es entonces diferenciada
De acuerdo a la materia la RGE sortea mediador y lo comunica vía correo electrónico, se supone que dentro del tercero día, conforme lo manda la ley 13951 y su reglamentación
Comenzamos a partir de allí a transitar un camino lleno de dudas y vacíos normativos. Un dato curioso: la autoridad de aplicación no prorrogó la suspensión de audiencias. Luego: ¿qué hacer?
Entiendo que la mediación presencial iría contra el protocolo vigente para General Pueyrredon (no podría hacerse una audiencia con tres personas presentes). Infringir esta limitación implicaría asumir responsabilidades emergentes de incidencias epidemiológicas y en cualquier caso, jurídicas.
En cuanto a la mediación virtual está a la espera de la reforma parcial de la ley 13951 y su posterior reglamentación. Ahora bien: si los participantes, letrados y mediador se pusieran de acuerdo podrían (subrayo el potencial) intentarlo vía zoom u otras plataformas y difícilmente – creo- la autoridad de aplicación objetaría el acuerdo, el que sí debería contar con firma ológrafa (guste o displazca esta es la mecánica de la eventual puesta en marcha de la MPO no presencial). El uso de medios asincrónicos sería posible como apoyo a la gestión.
Ante la negativa o imposibilidad de una parte el proceso telemático no sería viable. No se puede obligar a los participantes, sus letrados ni al mediador a llevar adelante este mecanismo online.
El Jus de gastos (argto. art. 9, II,11 ley 14967) se podría hacer efectivo por transferencia bancaria a la cuenta que indique el mediador. Igualmente, pago de gastos por notificaciones.
Habría que prestar especial atención a la identificación de partes y letrados y a las formas de notificación. Es obvio que por los conflictos con al AJB el trámite normal por oficina no parece ser viable. ¿Notificación por CD? No todas las personas tienen los medios económicos. ¿Notificación ad hoc? El mediador que decida hacerlo personalmente correría un riesgo de contagio del COVID-19. Podría encomendarse a terceros. Igualmente habría que lograr consentimiento de participantes en cuanto a la plataforma a utilizar si bien la elección de esta corresponde, a mi juicio, al mediador. No es ocioso pensar que no todas las personas tienen acceso ni manejo de las nuevas tecnologías.
En cuanto a la validez de tal procedimiento no presencial en el plano judicial dependerá de cada juez el aceptarlo o no, lo cual implicaría un riesgo. Sin embargo, entiendo que sería la nulidad por la nulidad misma.
En cuanto al acta de cierre es aconsejable ahora más que nunca su corrección y completud.
En acta acuerdo debería contar con firma ológrafa (guste o displazca esta es la mecánica del proyecto oficial de reforma a la ley 13951 para la eventual puesta en marcha de la MPO no presencial). El artículo 288 del CCC así lo impondría. Hay que encontrar mecanismos que permitan la misma sin el encuentro grupal. Hay que tener presente también que algún potencial problema se podría presentar en caso de que un participante no pueda desplazarse.
Respecto a la firma del acta para el caso de la mediación no presencial cerrada sin acuerdo mi sugerencia es requerir también la firma ológrafa de modo tal de deslindar responsabilidades del mediador. El proyecto de reforma de la ley 13951 aceptaría la sola firma del mediador lo cual me parece peligroso.
Una opción que pongo a consideración es la posibilidad videograbar la lectura del acuerdo y la manifestación que hacen de su ratificación y compromiso a suscribirlo bajo apercibimiento de tenerlo por válido. Sistemas similares se utilizan, entre otros lugares, en la provincia de San Luis, Argentina y en España».
              Jorge Alberto Stinson
Junio de 2020
Publicado en NOTICIAS Y NOVEDADES | Deja un comentario