RECORDATORIO SOBRE EL TEMA DOMICILIOS ELECTRÓNICOS

Nunca esta de más el recordarlo. Registro de domicilios electrónicos

Con el objetivo de favorecer el progreso de los procesos a través de medios tecnológicos y consolidar el expediente digital, a través del Acuerdo Nº 3989 y modificatorios (Ver Texto Ordenado) la Suprema Corte de Justicia dispuso crear el ‘Registro de Domicilios Electrónicos del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires’. Asimismo, mediante la Resolución SC Nº1472/20, aprobó su Reglamento. El RDE, a su vez, fue refrendado por Ley Nº 15.230.
¿Qué deberes impone el Acuerdo Nº 3989?
Además de la carga vinculada al deber de inscripción que pesa sobre los sujetos alcanzados por la misma, el Acuerdo establece ciertos deberes de información y colaboración a los letrados y mediadores
Los mediadores, por su parte, tienen el deber controlar el cumplimiento oportuno de la carga de inscripción de los domicilios electrónicos correspondientes a cada una de las partes de la mediación, y de hacerles saber a estas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, haciendo constar en el acta de culminación de la mediación, dicha circunstancia (art. 7).
Contacto
Domicilio electrónico: rde@scba.gov.ar
Consultas: rde_consultas@scba.gov.ar

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EL JUEZ CONTRA LA CAJA DE PREVISIÓN: EL TEMA DEL ART. 21 DE LA LEY 6716

Un fallo para meditar …
«RODRIGO DIEGO CARLOS Y OTRO/A C/ LORENZO RICARDO RUBEN S/REIVINDICACION». Expte. N° 126693.
La Plata, de diciembre de 2022. pc
Proveyendo el escrito de fecha 14/11/2022:
AUTOS Y VISTOS: Para resolver acerca del planteo introducido con fecha 29/6/2022 por el mediador Dr. J.M.C., de cuyo traslado guardaron silencio las partes y respecto del cual se expidió la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires el día 5/10/2022, dictamen que mereció la réplica de la parte actora (escrito del 17/10/2022) y,
CONSIDERANDO:
I) Que, con fecha 29/6/2022 y 6/9/2022 el mediador Dr. J.M.C. se presenta solicitando que no se ordene medida alguna en cumplimiento del objeto del proceso en tanto no se encuentren satisfechos sus honorarios con más los aportes de ley. Funda su petición en que al momento de dictarse la sentencia definitiva en estas actuaciones se encontraba vigente el decreto 43/19, reglamentario de la ley 13.951 el que, en su art. 31 anteúltimo párrafo dice ”Ningún proceso judicial podrá considerarse concluido sin previo pago de los honorarios del mediador. No se ordenará el levantamiento de embargos, inhibiciones y/o cualquiera otra medida cautelar, ni se hará entrega de fondos o valores depositados, inscripciones y/o cualquier otra gestión que fuera objeto del proceso, hasta tanto no se haga efectivo el pago de los mismos y cumplido con el art. 21 de la ley 6716”.
Refiere también que la actividad que desarrolla el mediador es propia de un abogado, tiene carácter judicial y está sujeta a las mismas obligaciones en orden al cumplimiento del pago de los aportes y contribuciones previsionales establecidos en los artículos 12 inc. a) y 13 de la ley 6716 t.o. Dec. 4771/95 y que no puede desconocerse la importancia de la mediación previa obligatoria, a la que comparecieron la parte requirente y el requerido Lorenzo Ricardo Rubén, excediéndole a él las razones por las que no lograron componer el conflicto.
Que, con fecha 29/9/2022 se ordenó vista a la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, presentándose mediante escrito electrónico de fecha 5/10/2022 a través de letrado apoderado, manifestando que previo al curso de cualquier medida prevista por el art. 21 de la ley 6716 t.o. Dec. 4771/95, deberán encontrarse acreditadas las cargas previsionales relativas a los letrados intervinientes como así también al mediador designado, (…) derivadas de los honorarios regulados por la Excma. Cámara de Apelaciones con fecha 07/04/2022, conforme porcentuales, plazos y pautas establecidas por los arts- 12 inc. a, 14, 21 y 22 del citado texto legal, como así también lo previsto por el art. 31 Dec 43/19 » in fine» y que, en relación a la presentación del mediador corresponde se acrediten sus cargas previsionales previo al curso de cualquier medida prevista por la mencionada norma en atención a lo dispuesto por el citado art. 31 del Dec 43/19.
Que, con fecha 17//10/2022 el letrado apoderado de la parte actora manifiesta que el representante de la Caja de Abogados realiza una interpretación errónea, ya que pretende extender los efectos de lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 6716 a todos los profesionales que tomaron intervención en autos. Refiere que esa interpretación es contraria al propio texto de la ley dado que la norma hace referencia que lo es «con respecto a los profesionales de las partes a quienes beneficie la medida», que de esta manera se pretende extender los efectos de dicho artículo a profesionales que no se corresponden con ese concepto y que sólo se corresponde con sus mandantes vencedores en el pleito.
II) Que, corrido que fuera el pertinente traslado mediante el proveído del día 31/10/2022 las partes guardaron silencio.
III) Que, cabe señalar que tanto el art. 27 del decreto reglamentario 2530/10 (vigente al momento de la mediación), como el art. 31 del dec. 43/19 (vigente al momento de la regulación) y el actual art. 31 del dec 600/21 establecen que el mediador tiene derecho a cobrar sus honorarios de quien resulte condenado en costas.
Así también corresponde mencionar que resulta cierto lo expuesto por el mediador en cuanto a lo establecido por el art. 31 del dec. 43/19 tal como ya me referí supra , pero entiendo, este precepto debe ser interpretado en armonía y en forma coherente con la totalidad de ese mismo artículo, pues no resulta lógico entender que en primer término se cite como obligados al pago a los condenados en costas para luego ampliar esa legitimación pasiva a la totalidad de las partes.
Así también debe ser interpretado en sintonía con la normativa vigente en la materia, esto es, con el art. 21 de la ley 6716 el cual dispone que los honorarios y aportes y contribuciones que deben encontrarse pagados o afianzados antes de aprobar o mandar a cumplir conciliaciones, transacciones, hacer efectivos desistimientos, dar por cumplidas sentencias, levantar embargos o garantías reales, dar por concluido un proceso, resultan ser los de los profesionales de las partes a quienes beneficia la medida y no otros.
Ello así, entiendo que el decreto 43/19 no puede imponerle al actor ganancioso la carga de abonar los honorarios y aportes del mediador interviniente, pues si la misma normativa no lo menciona como obligado al pago de los estipendios de ese profesional no puede en el párrafo siguiente condicionar el efectivo cumplimiento de una medida que lo beneficia a un recaudo que la propia ley 6716 no contempla.
Más aún, vale aclarar que tampoco se ha configurado en autos la demora en el inicio de las actuaciones, tal el supuesto del art. 27 del dec. 2530/10 (vigente en aquel momento) que pone en cabeza de los requirentes la carga de abonar al mediador la suma allí prevista a cuenta de honorarios definitivos en caso de no iniciar las actuaciones dentro del plazo de 60 días corridos de cerrada la mediación, ya que ésta se dió por concluida el 10/10/2014 y la acción fue interpuesta el día 12/11/2014 (ver fs. 7 y 141 vta.).
Adoptar un criterio distinto sería otorgarle al decreto reglamentario 43/19 facultades que exceden su cometido pues estaría modificando la ley 6716 dándole un sentido diferente al pensado por el legislador. Sabido es que el Poder Ejecutivo tiene facultades para dictar los decretos reglamentarios que sean necesarios para la ejecución de las leyes, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias (artículo 99, inciso 2 CN y 144 inc. 2 CP, Sent. 2/11/2021 Cám. I LP, expte. 276062).
A mayor abundamiento cabe señalar que en la normativa vigente al día de la fecha ( dec. reglamentario 600/21) esta disposición ya no se encuentra en su articulado, habiendo sido eliminada por el legislador.
Atento lo expuesto, corresponde desestimar el planteo formulado por el mediador Dr. J.M.C., debiendo ejecutar sus honorarios por la vía correspondiente, sin imposición de costas en virtud del carácter alimentario de los honorarios que se pretenden y la ambigüedad de la norma que he interpretado (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
Por último y en virtud de lo expuesto por el representante de la Caja de Abogados en su dictamen en cuanto a la necesidad de que se encuentren acreditadas las cargas previsionales relativas a la totalidad de los letrados intervinientes, dejo aclarado que siguiendo los lineamientos antes expresados y de conformidad con lo dispuesto por el art. 21 de la ley 6716 a los fines del cumplimiento de la sentencia dictada en autos deberán encontrarse abonados y/o garantizados los honorarios y aportes de los letrados respecto de la parte a la cual beneficia la medida con el único valladar en relación a aquellos casos en los que esa parte resultara parcial o totalmente vencida en costas (arts. 68, 69, 21 ley 6716).
Por todo lo expuesto, RESUELVO: Desestimar el planteo formulado por el mediador Dr. (…), sin costas tal como se ha decidido supra, y aclarando que deberán encontrarse -a los fines del cumplimiento de la sentencia dictada en autos- abonados y/o garantizados los honorarios y aportes de los letrados respecto de la parte a la cual beneficia la medida a excepción de aquellos casos en los cuales la parte haya sido condenada en costas (arts. 68, 69, 21 ley 6716, dec. 43/19, ley 13.951). REGISTRESE. NOTIFIQUESE POR SECRETARIA (art. 135 del CPCC; 10 Ac. 4013).
Proveyendo el escrito de fecha 25/11/2022: Agréguese (art. 1.1 Ac. 854/73). Hágase saber el depósito y la dación en pago efectuados. Notifíquese con copias (arts. 120 y 135 del C.P.C.C.).
MARÍA DANIELA FERENC -JUEZ
Firmado digitalmente
(arg. art. 288, 2° párr., C.C. y C. de la Nación)

 

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SEÑORES JUECES: NO REGULEN – POSTURA DEL EMAC

“NO REGULEN”

Sres. Jueces es hora de que todos ubiquemos la Mediación donde corresponde, sin menoscabar el trabajo del mediador, a partir de ahí surgirá la obligación de No Regular.
La Mediación es producto del contrato social entre el Estado y los ciudadanos.
El Requirente pide la intervención Administrativa del Estado, Poder Ejecutivo, y este designa aleatoriamente un funcionario para tratar el tema, ese funcionario es el Mediador.
Como pueden pensar que nuestra relación es de un trabajador independiente que se obliga por si… nuestra obligación es con el Estado, tanto que para rechazar una Mediación tenemos límites y en tal sentido se nos regula y se nos controla.
El Mediador es un “Funcionario Público de Gestión Privada”.
Imposible comparar nuestra labor con el trabajo en el proceso judicial donde el imperio, en poder de los jueces, y el rigor normativo dirigen el proceso, la Mediación es libre de formas, su único limites son la “imparcialidad” y “confidencialidad”, que nos impone la misma Ley, controla y juzga el Poder Ejecutivo.
En Mediación el “resultado” no es lo importante… si hubo acuerdo mejor, pero si no hubo acuerdo, nuestro objetivo se cumplió igual… muchas veces sin acuerdo la contención que se realiza en Mediación va mucho más allá de un momento, trasciende el proceso y aun sigue en sede judicial.
Juzgar nuestra actividad con reglas resultadistas, pensando que lo escrito es lo actuado, que el tiempo, que la cantidad de audiencias, son factores que hacen a nuestra profesión es UN GRAVE ERROR DE LA JUSTICIA.
Intentamos cambiar el paradigma de ganar o perder, nuestro trabajo es ser facilitadores del dialogo, lejos del proceso judicial, nuestro paradigma va hacia una comunicación donde la negociación es la alternativa al proceso de resolución judicial.
Hay que tener en cuenta que esta Ley 13951, y sus Decretos complementarias nos impone obligaciones que conllevan costo, ese costo está incluido en nuestra retribución.
No se debe abusar de la ley, o peor no la cumplirla, hay jueces que minimizan nuestra tarea cuando nos dicen “solo un acta” o “trabajo realizado”, creyendo descubrir el trabajo del Mediador desde un escritorio, y por ello aplicar nomas del Código Civil y Comercial como el art. 1255… sin darse cuenta de que la Retribución del Mediador contempla cargas impuestas por Ley, que a su costo debe soportar el Mediador.
Es un absurdo jurídico, pues el Juez no puede saber cuál fue nuestro trabajo durante el proceso de Mediación que termino en un acta, que solo trasmite un resultado que para nosotros no es trascendente, y omite cumplir con la Ley que regula nuestra actividad.
Aplicar el art. 1255 del Código Civil y Comercial de la Nación, es desconocer el texto de la Ley y pretender usar un párrafo de dicho artículo fuera del contexto del mismo, es al menos arbitrario, y en definitiva parten de un error conceptual.
Como vemos la realidad, da que la obligación de pago se basa en la relación de las partes con el Estado, en la figura de su funcionario delegado, pero siempre entre el Estado y las partes… la sociedad.
Pretender aplicar sin derribar este argumento el art. 1255 CCyCN, es un abuso, y esta contra legen.
Sres. Jueces, el CCyCN ubica al art. 1255, en el Título IV “Contrato entre particulares”, aquí no hay relaciones entre particulares, existe una relación entre la Administración, Poder Ejecutivo, y los ciudadanos, donde la Administración asigna aleatoriamente a un Mediador para intervenir.
Buscar vueltas para intervenir en esa relación es Abusar de la ley, forzando una interpretación sesgada, donde convierten al Juez en un Super Poder, cuando en realidad el espíritu de la ley es otro.
Nos cansamos de decir que nuestra relación con las partes nace de una Intervención del Estado, en busca de la Paz Social, y como un método alternativo de solución de conflictos, es imposible interpretar la Ley como una relación entre nosotros y las partes, sin intervención del Estado.
Lamentablemente al querer “regular” nuestra retribución están violentando la Ley.
Sres. Jueces estamos en un momento difícil de la Sociedad toda, no podemos menospreciar otras profesiones, es necesario que cada uno ocupe un rol dentro de la sociedad.
Nosotros los Mediadores desde la función delegada por el Poder Ejecutivo, Administración, tratar de pacificar la Sociedad, sin que importe el resultado, pues el fin es mayor a un ganar o perder.
Y Ustedes desde El Poder Judicial, imparten el Imperio delegado por Estado imponiendo resultados.
El Mediador, como parte del Poder Ejecutivo (Administración), con una función delegada, buscamos el dialogo de las partes en busca de la paz social… nuestro trabajo está más allá del conflicto.
Tal como afirma el Dr. Cárdenas: “…la mediación no es una panacea. No reemplazará, ni pretende hacerlo, a las consultas evacuadas por los Abogados ni a las negociaciones asesoradas o encabezadas por ellos. No reemplazará al sistema contradictorio ni a las sentencias judiciales, aunque quizá disminuya el volumen de trabajo de los tribunales. La mediación es uno de los recursos de la cultura de la paz. Lo mejor que podemos hacer los abogados y los jueces es hacerlo nuestro con entusiasmo y explorar todas sus posibilidades, que son muchas…”.
Por todo esto Sres. Jueces les pedimos NO REGULEN, apliquen la ley.

Comisión Directiva EMAC, Asociación Civil

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REUNIÓN CON LOS MAGISTRADOS: NOVIEMBRE DE 2022

REUNION CON MAGISTRADOS/AS DEL FUERO CIVIL Y COMERCIAL Y DE FAMILIA

El pasado 23 de noviembre, el Presidente del Colegio, Dr. Leandro Gabás, acompañado por el Secretario y Tesorero del CAMDP, Dres. Nicolás Busti y Facundo Bustos respectivamente, mantuvieron una nueva reunión con integrantes de la Cámara Civil y Comercial y magistrados/as de órganos de primera instancia de dicho Fuero y el de Familia local.

En la oportunidad se abordaron distintas temáticas vinculadas al ejercicio profesional, a la administración de justicia y una vez más, se hizo hincapié en las regulaciones de honorarios, problemática que tanto aqueja a nuestros matriculados/as.

Sobre éste último punto, se insistió desde el Colegio en la necesidad y obligatoriedad de una debida fundamentación y justa valoración de la labor profesional en las resoluciones que a tales efectos se dicten. Asimismo, se informó a los funcionarios que el observatorio de regulaciones ha tenido muy buena recepción por parte de los colegas, quienes nos han hecho llegar varios casos de resoluciones contrarias a la ley arancelaria, las cuales fueron abordadas y objeto de intercambio de opiniones entre los presentes.

El Presidente del CAMDP destacó también que es fundamental evaluar pormenorizadamente las tareas desplegadas por los letrados/as, en los trámites sucesorios, y que no se apliquen parámetros preestablecidos para este tipo de procesos.

Los magistrados/as resaltaron que es muy importante que los profesionales cuando solicitan la regulación de sus honorarios, incluyan y describan las tareas extrajudiciales efectuadas para su valoración en el ámbito judicial, por ejemplo, cuando se someten a homologación convenios en el Fuero de Familia y/o las tareas desplegadas por los mediadores en el la M.P.O.

Por su parte, los representantes del Poder Judicial hicieron referencia al exponencial incremento de causas, lo cual conlleva aumento de trabajo y que el común denominador de falta de personal en los órganos del Fuero, hace que su tarea se dificulte.

Desde el CAMDP coincidieron con los magistrados/as en cuanto a los beneficios de privilegiar la oralidad en los procesos y que es fundamental la presencia del Titular del órgano en dichas audiencias. Asimismo, desde el Colegio se valoró el esfuerzo realizado para la digitalización de los procesos y la utilización del sistema de consultas MEV. Respecto de éste último punto, sugirieron los funcionarios que es importante que las consultas sean puntuales y concretas.

Se planteó asimismo, el tema vinculado a la necesidad de que los poderes especiales efectuados en forma privada y registrados ante el Registro de Instrumentos Privados del CAMDP sean aceptados para su presentación en juicio, a lo cual los funcionarios expresaron que la cuestión será analizada en cada caso en particular. Desde el CAMDP también se hizo referencia a la aplicabilidad de los poderes otorgados ante actuario en asuntos de menor cuantía, conforme lo determina el art. 46 del CPCC, manifestando los magistrados/as que pueden ser solicitados sin inconvenientes, ya que así lo marca el código procesal.

Finalmente se acordó mantener una nueva reunión en el mes de febrero de 2023, a los fines de continuar con la mesa de trabajo y evaluar éstos y otros temas que sean consensuados para su abordaje conjunto.

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NUESTRA POSICIÓN

En primer lugar valorar la gestión colegial en defensa de la retribución (mal llamada «honorario»- SIC-) del mediador

En segundo,sin desmedro de lo anterior, destacar lo erróneo de la pretensión de la judicatura. Parecen no aceptar (¿entender?) que no tienen facultades técnicas para «regular» dado que tienen como obstaculo la confidencialidad y además hay tareas del mediador que el juez no puede ni debe cualificar:por ejemplo la tarea del encuadre inicial, del consentimiento informado acerca del dispositivo (procedimiento) de la MPO y el uso de una amplia gama de herramientas que el mediador utiliza con losparticipantes para tratar de llegar a un acuerdo. La cantidad de audiencias, cédulas, emails, llamados telefónicos, etc., no tienen virtualidad suficiente para autorizar a los jueces a incumplir la ley 13951 y su reglamentación- ambas de interes público- ignorando e irrespetando los minimos establecidos para la retribución tasada. Señores jueces: Uds no pueden (no pueden) aplicar la ley 14967 excepto para la ejecución ni mandas del CCC como los arts. 730 y 1255. Todos: Uds y nosotros debemos respetar la ley y actuar sin abuso

 

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REPUDIABLES PALABRAS CONTRA LA MPO Y LOS MEDIADORES

REPUDIABLES PALABRAS . Erase una vez en el Dpto. Judicial de Morón cuando un «abogado» escribió, con total desapego a la ética profesional y sin verecuendia alguna
PARTE ACTORA SOLICITA CONTESTA TRASLADO –
SEÑOR JUEZ:

(…) , abogado, inscripto en el C.A.L.Z. bajo el Tº IV – Fº 325 (C.U.I.T.: 20-12921328-1 -I.V.A.: resp. inscripto), por la parte actora, manteniendo domicilio procesal (…) en éstos autos caratulados: (…) «RAMOS FABIO JESUS Y OTRO/A C/ AHUMADA CARLOS JAVIER Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO). Expte. MO-5084-2019» a V. S. expone:

  1. Visto el traslado conferido del memorial presentado por la Mediadora, solicito se rechace su apelación en tanto que su trabajo profesional resultó absolutamente inoficioso, sólo se limitó a levantar un acta de cierre de la mediación. Su trabajo profesional sólo se limitó a identificar a las partes y sus letrados patrocinantes, FUERON 10 MINUTOS lo que demoró su tarea, sería una grave injusticia que se aumentara su honorario por una tarea que no tuvo ninguna incidencia en el resultado del pleito. En general el trabajo del mediador resulta inútil para los abogados litigantes de fuste, y estoy convencido que dicha figura obedece a la inventiva de asegurarle el trabajo a los abogados que no quieren trabajar haciendo lo que tienen que hacer, que es LITIGAR, es un verdadero CURRO LEGAL avalado por el ordenamiento jurídico y a más de ser una labor ineficaz piden el aumento del honorario regulado, lo que genera aún más impotencia! Que país generoso y de locos !.-

        (…)»

Algo huele mal. Estas cosas deben ser denunciadas y corregidas

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/operativos-por-sumarios-fraguados-nid86073/ 

https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/detienen-abogado-inventar-testigos_0_B1Le0CJ-AYg.html.    

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SUSPENSIÓN DEL CONVERSATORIO DEL 29/11/22

Por razones de calendario, ajenas al Centro de Mediación, lamentablemente se suspende la reunión de hoy, martes 29 de noviembre de 2022, oportunamente fijada para las 18:00 vía zoom. Rogamos sepan disculpar las eventuales molestias ocasionadas. Oportunamente estaremos comunicando nueva fecha para el encuentro mensual abierto de mediadores y abogados

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CADUCIDAD Y MPO

JURISPRUDENCIA

Ver correlaciones: Striner, Norberto Daniel c/Fernández Floriani, Rodolfo s/medida precautoria – Cám. Nac. Com. – Sala F – 01/12/2016 – Cita digital IUSJU016946E

AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha 27 de Octubre de 2020, que fuera concedido en relación y se fundara con el memorial de fecha 15 de Noviembre de 2020, replicado con el escrito de fecha 18 de Noviembre de 2020

Y CONSIDERANDO: Que llega discutido el rechazo del planteo de caducidad de la medida cautelar decretado.

Al respecto, recordamos que el art. 207 del CPCC determina la caducidad «de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiere la demanda dentro de los 10 días siguientes al de su traba».

Aquí la demandada ha planteado la caducidad de la medida decretada (escrito del 23 de Octubre de 2020) y el Sr. Juez de Grado repele el mismo, con el argumento de que en tiempo propio se inició la mediación prejudicial, lo cual disconforma a la recurrente.

Abordando el tema, es necesario señalar que la finalidad de la caducidad prescripta por la norma es que se preserve el principio de accesoriedad que rige en la materia, evitando -a su vez- situaciones abusivas (PALACIO, Lino E., Derecho Procesal Civil, 4ª ed, actualizada por Carlos Enrique Camps, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2017, T IV, nro. 1310).

Así las cosas es inevitable señalar que la norma en cuestión proviene de la redacción original de nuestro Código de Procedimientos, obviamente anterior a la implementación de la mediación previa como recaudo, insoslayable, para la ulterior promoción de la demanda judicial (ley 13.951, especialmente arts 1, 2, 6 y ccdtes.).

De este modo, la convivencia del art. 207 (anterior a la ley 13.951) con el instituto de la mediación previa, a la luz de la mencionada finalidad, necesariamente debe conducir a la hermenéutica del a quo.

Es que, existiendo la mediación como recaudo previo (e insoslayable), para la promoción de las demandas judiciales, resultaría imposible la iniciación de la demanda dentro del plazo indicado por el art. 207 del CPCC.

De este modo, si el CPCC contempla la posibilidad de requerir cautelares como previas a la iniciación a la demanda (art. 195, primer párrafo), reconociéndole dicha posibilidad a las partes, lo cual puede ser necesario frente a las características de ciertas controversias, la interpretación de la caducidad discutida necesariamente debe enrolarse en ese sentido; incluso dado que la posibilidad del artículo citado puede ser de imprescindible articulación previa al inicio de la mediación (en aquellos supuestos en los cuales el conocimiento de la controversia por la contraparte pudiera frustrar la finalidad asegurativa).

Luego, y con este lineamiento, consideramos que la interpretación del Sr. Juez de Grado es la correcta.

En este mismo sentido, se ha resuelto que la iniciación de la mediación obligatoria previa al correspondiente juicio de conocimiento impide la configuración de la caducidad de la medida cautel ar (C. Civ. y Com. Azul, sala 1ª, 3/9/2013, «Strosio, Nancy Beatriz y otro v. Defortuna, Elvio Victoriano y otros s/daños y perjuicios»).

El tema se había planteado, incluso, en la jurisprudencia nacional (donde el CPCCN ha sido modificado por la ley 26.589 y ahora el art. 207 habla de la mediación también)

Con todo, y observando el estado de cosas anterior (equivalente al que actualmente tenemos en el ámbito local), la jurisprudencia le había reconocido a la mediación efectos suspensivos sobre el plazo de caducidad de la cautelar, el que cesa una vez agotada dicha etapa (C. Nac. Com., sala B, 4/10/1999, «Ojeda, Adrián v. Conrepar SA s/medida precautoria»; C. Nac. Com., sala A, 24/4/2007, «Imágenes Diagnósticas y Tratamiento Médico SA v. Tomografía Computada de Buenos Aires SA s/medida precautoria»; C. Nac. Civ., sala L, 18/8/2009, «Lotke, Ernesto v. Propietario y/o Propietarios Pavón 1423 2º F Capital s/medidas precautorias») o, según otros, interruptivos (C. Nac. Civ., sala G, 16/4/1998, «Sandaza, Sixto Alfredo v. Danziger, Héctor Benjamín s/medidas precautorias»; C. Nac. Civ., sala E, 4/9/2000, «Estudio de los Dres. O’Farrell Sociedad Civil v. Falcone, Domingo N.»)

La cuestión, insistimos, fue zanjada al modificarse por ley 26.589 el art. 207 del CPCCN pero lo relevante es que, en general, la jurisprudencia capitalina le había reconocido virtualidad a la mediación sobre el plazo de caducidad.

Por lo demás, la apelante argumenta en el plano de la caducidad y prescripción del CCyCN.

Lo atinente a la prescripción no se aplica aquí, porque estamos hablando de otra cosa. La prescripción se refiere a la posibilidad de accionar, la caducidad a una cautelar ya decretada. Con lo cual, las normas sobre prescripción no juegan aquí, al menos como lo pretende la quejosa.

En lo que hace a la caducidad, estas normas generales sí serían de aplicación; eso nadie lo discute.

La controversia se emplazada en otro cuadrante: determinar si la mediación previa configura, o no, el supuesto del art. 2569 inc. a del CCyCN, como acto obstativo de la caducidad.

Y, tal lo dicho, es así como debe interpretárselo.

Por lo demás, el plazo del art. 207 del CPCC es un plazo procesal y, por tal, lo computamos en días hábiles (C. Civ. y Com. Dolores, 20/4/2007, «Travieso, Analía v. Gondra, Mario Alberto s/embargo preventivo-secuestro»); en tal sentido, no podemos menos que resaltar el singular momento en el que se verificó esta situación: el mes de Marzo de 2020.

Siendo necesario destacar que la SCBA mediante la Resolución 386/2020 dispuso la suspensión de los plazos procesales, la cual se fue prorrogando después y sucesivamente.

Queda por señalar, sobre el final, que las cuestiones que se traen aquí en relación al procedimiento de la mediación, además de ser introducidas en infracción a lo previsto por el art. 272 del CPCC, para nada enervan lo ya expuesto: con la promoción de la mediación previa, como hemos concluido, fue suficiente para tener por satisfechas las exigencias del art. 207 citado.

Quizás el tema podría llegar a observarse, en algún supuesto, desde el ángulo del retraso indebido de la mediación (si ello fuera abusivo y conllevara a mantener indefinidamente una cautelar sin promover la demanda); pero la atípica situación en la que se dio esta controversia (en medio de una pandemia mundial, durante el cual la posibilidad de llevar a cabo la mediación se vio, por largo tiempo, impedida y lógicamente ello enervaba el inicio de la demanda) diluye, en el caso, tal posibilidad (de hecho, la mediación se fue impulsando antes de que se planteara la caducidad, se la dio por cerrada y el proceso principal ya ha sido promovido).

Consecuentemente y por lo que se lleva dicho, entiende la Sala que el auto apelado se ajusta a derecho

Consecuentemente, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio, con costas a la recurrente (art 68 CPCC).

REGISTRESE. NOTIFIQUESE EN LOS TERMINOS DEL Ac. 3991, MEDIANTE RESOLUCION AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 18/02/2021 13:14:22 – JORDÁ Roberto Camilo – JUEZ

Funcionario Firmante: 18/02/2021 13:16:51 – GALLO José Luis – JUEZ

Funcionario Firmante: 18/02/2021 13:17:41 – QUADRI Gabriel Hernan – SECRETARIO DE CÁMARA

 

Correlaciones:

Striner, Norberto Daniel c/Fernández Floriani, Rodolfo s/medida precautoria – Cám. Nac. Com. – Sala F – 01/12/2016 – Cita digital IUSJU016946E

 

 

Cita digital:IUSJU004261F
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Caducidad de las medidas cautelares y mediación por JORGE L. KIELMANOVICH

  • Caducidad de las medidas cautelares y mediación

    por JORGE L. KIELMANOVICH
    30 de Junio de 1999

    REVISTA JURISPRUDENCIA ARGENTINA Nro. 6148, pág. 2

    JURISPRUDENCIA ARGENTINA S.A.
    Id SAIJ: DACN990176

    El artículo 2 de la ley 24.573 no apareja la derogación implícita del régimen de caducidad de las medidas cautelares previsto en el art. 207 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en lo que hace a la carga de interponer la demanda.

    En todas aquellas causas insertas en el marco de la Ley de Mediación previa obligatoria se configura una causal de suspensión de hecho y de derecho del plazo para deducir la demanda. El plazo de diez o cinco días que los arts. 207 y 231 del Código de rito preven para interponer la demanda y evitar la caducidad de la medida cautelar interpuesta habrá de computarse desde el día siguiente al de la fecha en que la Mediación ha concluído ya que a partir de ese momento queda expédita la posibilidad de interponer la demanda.

    El inicio de la Mediación sólo habrá de efectivizarse una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que admite o desestima la medida cautelar. El magistrado debe al momento de acordar la medida fijar una plazo dentro del cual el interesado deberá formalizar la solicitud de mediación bajo apercibimiento de caducidad de la medida cautelar. La falta de señalamiento de dicho plazo permite, frente a la inacción del peticionante, decretar la perención de la instancia del incidente de medidas cautelares.

    REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

    Kielmanovich, Jorge L., «Medidas cautelares en el proceso sucesorio», Revista de derecho Procesal, Ed. Rubinzal-Culzoni, Sta. Fe, p. 169.

    Colombo, «Código Procesal», t. I, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., ps. 333 y 342.

    Alsina, «Derecho Procesal», t. I, p. 540.

    Morello – Sosa – Berizonce, «Códigos Procesales», t. II B, p. 305.

    I. D’ Acunto – M. del R. Mattera, «Mediación familiar: alimentos (retroactividad de la cuota- honorarios del mediador)», E.D., 19-04-99, pág. 1.

    Rebon, «Medidas cautelares. Diligencias preliminares. Prueba anticipada y mediación», L.L. 1997-A-1006.

    Kielmanovich, «La Convención sobre los Derechos del Niño y el juicio de alimentos», Rev. de Derecho de Familia, Ed. Abeledo- Perrot, Bs. As., p. 109 nro 14.

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CAFÉ JURÍDICO: JOVENES ABOGADOS Y CENTRO DE MEDIACIÓN: 24/11/22 -16:30

¿NOS ENCONTRAMOS EN EL COLEGIO PARA HABLAR DE MEDIACIÓN?

                                                                                                                                

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SUPUESTO COMUNICADO INTERNO DEL COLEGIO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES SOBRE «HONORARIOS»

Circula por la Internet un supuesto «comunicado interno» , un libelo que habría sido emitido por el  «Colegio de magistrados y funcionarios judiciales» (lleva un isotipo supuestamente perteneciente al mismo), dirigido a los jueces («olegas»-SIC) , evidentemente en respuesta a la actividad del COLPROBA sobre honorarios de abogados (ley 14957) y retribución de Mediadores ( ley 13.951). Esto, de ser cierto, debería de merecer pedido de juicio para los firmantes además de acciones judiciales. Obviamente, de den cuenta o no los destinatarios, esto afecta la dignidad de la judicatura, la de los abogados en general y de los mediadores. Afecta el orden público y el interés público.
De confirmarse la especie vaya el expreso y enfático repudio. Ningún sector merece tal cosa aunque en un país donde ni la CSJN no se respeta nada impide que la citada colegiatura irrespete la ley
El dislate de referencia, sin firmas, sin autencidad comprobada reza:
La Plata, 15 de noviembre de 2022.
COMUNICADO INTERNO
Regulación de honorarios
«Estimados/as colegas, en respuesta a la exhortación formulada por los presidentes de los colegios profesionales de la abogacía, a los magistrados y magistradas de la provincia de Buenos Aires a cumplir los mínimos y pautas arancelarias de la ley de honorarios local, nuestro Colegio provincial les recuerda:
1) Que se encuentra reservada a la jurisdicción la interpretación de las leyes, las que no pueden apartarse del contexto constitucional y de su integración normativa.
2) Toda interpretación ha de ser de carácter teleológico como único modo de garantizar el acceso a la justicia, de la que no está exenta la ley arancelaria local.
3) En el respeto a esa actividad jurisdiccional se halla comprometida la independencia del Poder Judicial (arts. 1, 5, 109 y concs., Const. Nac.; 1, 3, 57 y concs., Const. Prov.)
4) Cuando la aplicación estricta de la ley de aranceles locales, conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución de advertirse esa desproporción, adecuando los honorarios a las pautas de justicia y razonabilidad que se desprenden del art. 28 de la Constitución Nacional.
5) El art. 16 de la ley 14.967, en la medida que impone su aplicación bajo pena de nulidad, ofende y atenta contra la autoridad decisoria de los magistrados.
6) En este sentido se ha expedido la Corte Federal (CSJN, Fallos: 248:681), en línea con nuestro Superior Tribunal (SCBA LP P 133318 S 24/09/2020).
7) La tarea de los mediadores deberá sujetarse a tales pautas y principios, respetando la proporcionalidad con los demás profesionales que hayan intervenido en el proceso (art 1255 Cód Civil y Comercial).
Lo expuesto no implica en modo alguno menoscabar la alta dignidad y profesionalismo puesto de manifiesto por los abogados y abogadas que como operadores del derecho cumplen una tarea imprescindible y esencial para brindar un acabado servicio de justicia.
Estos argumentos han sido puestos en conocimiento del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires.
Como siempre, seguiremos informando las novedades».
(SIC)
Hacemos saber al lector que est tema será tratado en la próxima reunión del consejo superior del COLPROBA a realizarse en Mar del Plata
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