FALLO MAGNANI DE TRENQUE LAUQUEN (NOVIEMBRE DE 2015): DE UTILIDAD PARA ANALIZAR LA CONDUCTA

Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen

Juzgado de origen: Juzgado Civil y Comercial 2

                                                                                 

Libro: 46– / Registro: 364

                                                                                 

Autos: “MAGNANI OLGA ESTER C/ DOMINGUEZ ALFREDO LUIS S/DILIGENCIAS PRELIMINARES”

Expte.: -89606-

                                                                                  

En la ciudad de Trenque Lauquen, provincia  de  Buenos Aires,  a  los dos  días del mes de noviembre de dos mil quince, celebran Acuerdo  extraordinario  los jueces  de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Silvia E. Scelzo, Toribio E. Sosa y Carlos A. Lettieri,  para  dictar  sentencia  en  los autos “MAGNANI OLGA ESTER  C/ DOMINGUEZ ALFREDO LUIS S/DILIGENCIAS PRELIMINARES” (expte. nro. -89606-), de acuerdo al orden de  voto  que surge  del  sorteo  de foja 19, planteándose las siguientes cuestiones:

PRIMERA:   ¿es   procedente   la   apelación  de  foja 10 contra la resolución de fojas 9/vta.?.

SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde emitir?.

A LA PRIMERA CUESTION EL JUEZ LETTIERI   DIJO:

Se desprende de la versión que la peticionante proporciona en la especie, que no tiene conocimiento de negocio jurídico alguno que pueda ser causa del libramiento de un cheque contra una cuenta de la que es titular, por parte de su apoderado, quien le indicó que la causa era ilícita, ya que nunca había celebrado operación alguna con quien lo ejecutara en los autos ‘Domínguez, Alfredo Luis c/ Magnani, Olga Ester s/ cobro ejecutivo’.

No obstante, sostiene que ante la eventualidad de una causa legítima de la ejecución, el reclamo debería hacerlo contra su apoderado por haberse excedido en sus facultades (fs. 6/vta.).

Por ello pide, como diligencia preliminar, se corra traslado a Domínguez, fijándole un plazo para que informe la causa de la obligación que hace a su derecho y acompañe u ofrezca la prueba respaldatoria (fs. 6/vta., tercer párrafo y 8.VI.3; art. 323 del Cód. Proc.).

Se trataría de una medida preparatoria, del género de aquellas que tramitan antes de un proceso, en miras a procurar a quien ha de ser parte en un juicio de conocimiento, colectar información que no se ha podido obtener por otros medios, con el designio de plantear la demanda con certidumbre.

Aparecen enunciadas en el artículo 323 del Cód. Proc., pero el carácter no taxativo con que se interpretan el elenco contenido en esa norma, de acuerdo a una corriente jurisprudencial que se ha ido acentuando en los últimos años, ha llevado al reconocimiento de un universo de situaciones no contempladas expresamente, en que se han considerado procedentes.

Sin embargo, tal criterio no debe exagerarse, pues si el único patrón para medir la procedencia de la diligencia fuera que el litigante llegue a establecer con precisión las posibles alegaciones de la futura contraparte, la prueba con que cuenta o preparar adecuadamente el proceso a iniciar, casi toda petición podría transitar por sus carriles.

Alineándose en esa directiva, es un elemento a contemplar para decretar o no la medida, la necesidad del dato o de la información, que no se haya podido obtener mediante una exploración privada, el resguardo del derecho de defensa de la contraparte, no romper la igualdad de quienes podrá ser partes de un litigio, ni colocar en situación ventajosa a una de ellas en detrimento de la otra. Para mejor decir, de ningún modo resulta legítimo conceder una diligencia preliminar que tenga por finalidad o efecto colocar en situación desfavorable en cuanto al fondo del asunto, a la parte requerida.

En ese marco, no es un dato menor que el cheque de que se trata, fue librado por el apoderado de la peticionante, mencionado como Luis Navarro. Y en la narrativa del escrito inicial no se controvierte que la firma de ese librador ha sido auténtica (fs. 4 y 6.II.a).

Antes, en el ejecutivo -que se tiene a la vista- Olga Ester Magnani, había alegado que el formulario de cheque le había sido sustraído de la chequera, completado y presentado al cobro por Luis A. Domínguez, lo que motivo la denuncia penal que formulara  Luis Alberto Navarro, tramitada en la UFI III (fs. 20/21 de los autos ‘ Domínguez, Alfredo Luis c/ Magnani, Olga Ester s/ cobro ejecutivo’; fs. 1/vta., 9/vta., 24/vta.,  causa ‘Domínguez, Alfredo. Hurto. Defraudación en tentativa’, número 17-00-002831-08).

En el juicio ejecutivo, la pericia caligráfica determinó que la firma era de puño y letra de Luis Alberto Navarro (fs. 110/vta., de tal expediente). Y la causa penal fue archivada hasta que se acompañaran nuevos elementos probatorios, formándose de oficio una nueva investigación por haber incurrido el denunciante Navarro en el presunto delito de falsa denuncia (fs. 105 de la causa penal indicada). El imputado Domínguez no fue citado a declarar (fs. 5/vta. del expediente penal).

Si bien resulta de la lectura de algunas de las piezas colectadas, que la peticionante -en algún momento- mostró inclinación a considerar ilícita la causa por la cual Domínguez obtuvo el mencionado valor, no puede desconocerse que  -hasta lo que informan los elementos colectados- no ha  podido obtener por carriles propios, ni  -aparentemente- en el curso de la fracasada mediación, ese dato acerca de la causa por la cual Domínguez fue tenedor del cheque ejecutado. Cuya revelación por parte de éste, por encima de otras consideraciones, no se advierte pueda colocarlo en una postura desventajosa.

En rigor, lo que pretende la actora bien puede semejarse a otras medidas puntuadamente previstas en el artículo 323 del Cód. Proc., como  -por ejemplo-: que el eventual demandado por reivindicación u otra acción similar, exprese a qué título tiene la cosa, o en caso de evicción el enajenante exhiba los títulos u otros instrumentos referidos a la cosa vendida.

Y el contexto apreciado, amerita su procedencia.

En suma, desde esta perspectiva la medida solicitada debe ser decretada con el alcance que el tenedor del cheque ejecutado manifieste la causa de la obligación, entendiéndose por tal, las circunstancias determinantes del acto cambiario o las determinantes de la adquisición del título (Cám. Com., en pleno, sent. del 19-6-1980, ‘Difry S.R.L.’, en La Ley t. 1980-C pág. 78). Y exhiba los títulos u otros elementos referentes a la misma.

Por consiguiente, en esos términos se admite el recurso.

TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION  EL JUEZ SOSA  DIJO:

1- Lo usual entre nosotros -cosechando resultados insatisfactorios en clave de eficiencia del servicio de justicia-  es que dentro de un proceso de conocimiento y ante un juez letrado, las partes pongan en tensión relatos unilateralmente construidos; en su  transcurso  se  tiene que producir  la prueba pertinente y conducente para determinar, en la sentencia que lo corona,  qué relato es el más probable y, al fin,  cuál es su significación jurídica.

Y, antes del proceso judicial así concebido, se ha  “injertado” un procedimiento obligatorio de mediación (cuya constitucionalidad ha sido rescatada por la Corte Suprema de la Nación, en “Baterías Sil-Dar S.R.L. c/ Barbeito, Walter s/ Sumario”, causa B-118 XXXV, sent. del 27/9/2001), orientado a la obtención de un acuerdo sin el simultáneo  esclarecimiento de los respectivos relatos,  siendo  posible que así ese medio alternativo conduzca: (i)  a acuerdos injustos;  (ii) o, en su defecto,  a su tránsito con rapidez, con disgusto y sin ningún provecho,  con pena y sin gloria, en tanto  visualizados como  rituales vacíos, inútiles y antieconómicos en tiempo y dinero (ver  VILLA, Pedro S. “La etapa preliminar al proceso. Reflexiones a partir de la experiencia del derecho comparado”, en  “XXV Congreso Nacional de Derecho Procesal”, Ed. Facultad de Derecho UBA y AADP, Bs.As., 2009, pág. 392).

2- Por más serio que fuera el esfuerzo unilateral  del abogado de cada parte realizando cada uno  una concienzuda  instrucción preliminar (FALCON, Enrique M. “La recolección probatoria en el proceso civil”,  en Revista de Derecho Procesal. Prueba – I, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2005, to. 2005-1, pág. 113 y sgtes.  TESSONE, Alberto J. “El abogado y la instrucción preliminar”, La Ley 1997-E-151), sólo serviría  para tener más o menos en claro con qué cartas cuentan sus respectivos clientes (el relato y las fuentes de prueba propias), pero no para conocer con esa misma claridad las cartas del adversario (el relato y las fuentes de prueba ajenas), máxime si cada cual  al mismo tiempo procura ocultarlas para utilizarse lo más sorpresivamente posible dentro del proceso. Además, sin una cierta dosis de bilateralidad en la delimitación del conflicto, siempre se correrá el riesgo de ser víctimas del humano don para la “visión de túnel”, consistente en, desde una posición parcial,  filtrar los datos de la realidad rescatando los que se acomodan a la forma en que queremos que las cosas sean y descartando los que no se acomodan así (HONORÉ, Carl “La lentitud como método”, Ed. RBA, Barcelona, 2013, pág. 39).

La adecuada delimitación y depuración  del conflicto previa al juicio supone, entonces, el diálogo entre las partes, en una suerte de comparación y eventualmente confrontación de posiciones (“Aportes para un diálogo  sobre el acceso a la justicia y reforma civil en América Latina”, publicación fomentada por el gobierno alemán a través de la GIZ,  Santiago, 2013, pág.124 y sgtes.).

3- Antes del juicio, ¿en qué consistiría determinar de qué se trata el conflicto?

Consistiría en:

a- al menos, determinar cuáles son los relatos (Sobre las nociones  de relato, de verosimilitud del relato y de probabilidad del relato, enlace

https://drive.google.com/file/d/0B9Y-8wCRdSJ-VFA5ajNoa09WVE0/view?usp=sharing)   de las partes;

b- si hubiera discrepancia entre los relatos,  adicionalmente establecer de qué fuentes de prueba en poder de cada parte podría extraerse respaldo para cada relato;  eventualmente podría producirse cierta prueba tempranamente;

c- todo lo más,  incluso  sentar cuál es la calificación o sentido jurídico que cada parte atribuye a su relato y al de su adversaria.

El conocimiento del relato de cada parte, de la prueba en aval de cada cual  (de alguna forma producida, o cuanto menos revelada como fuente)  y de su comprensión jurídica:

(i) Propiciaría negociar  sobre bases más firmes un acuerdo más justo.

“Sin clarificación de los hechos, aun en grado de verosimilitud y superficialidad, la negociación “pedalea en el aire”, es algo así como un vuelo a ciegas. Al ensamblarse apropiadamente ambas actividades, las partes llegan al acuerdo amistoso con conocimiento de causa, lo que garantiza un consentimiento “maduro” fruto de una evaluación fundada de las circunstancias de hecho y de derecho que particularizan el caso.” (BERIZONCE, Roberto “Mediación, cultura y valores: por qué la conciliación-mediación ‘valorativa’”, en Revista de Derecho Procesal. Modos Anormales de terminación del proceso, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2012, t. 2012-1, pág. 305).

(ii) Facilitaría consensuar complementariamente sobre  aspectos formales.

Si no se llegase a un acuerdo,  no olvidemos que al menos ambas partes conocerían sus respectivos relatos y, con la prueba propuesta e incluso en alguna medida producida,  estarían en condiciones de medir las chances de éxito de cada quien de cara a una eventual salida heterocompositiva.

Sin autocomposición pero desde la perspectiva de un conflicto delimitado, las partes verían al menos:

a-  más asequible la chance de acordar alguna modalidad de arbitraje, en vez de la justicia estatal; o, en su caso, acordar o profundizar  alguna modalidad de negociación asistida;

b- más cercana  la posibilidad de realizar acuerdos procesales (MORELLO en la década de 60 del siglo pasado ya pensaba que era deber de los jueces provocar “acuerdos procesales” que tuvieran por fin la simplificación del tema en debate, la abreviación de sus desarrollos y la economía en los procedimientos, ver en “La Justicia de Paz en la provincia de Buenos Aires. Necesidad de su reforma”, Jurisprudencia Argentina 1965-III-33) para abreviar o simplificar  el proceso judicial (si el proceso fuera inevitable, flexibilizando las formas no sólo el juez podría determinar el tipo de procedimiento aplicable, sino  que las partes deberían poder acordarlo para asegurarse un fast track, ej. uno sumarísimo, ver BIAVATI, Paolo “Tendencias recientes de la justicia civil en Europa”, en Revista de Derecho Procesal, Sentencia – II, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, t. 2008-1, pág.538 y sgtes.; BIAVATI, Paolo “Apuntes introductivos sobre el nuevo proceso de cognición simplificada”, en Revista de Derecho Procesal. Sistemas cautelares y procesos urgentes (2ª parte),  Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2010, t. 2010-1, pág. 556) al que tuvieran que acudir en procura de una resolución para su conflicto,   v.gr. demanda y contestación conjuntas (art. 335 cód. proc.);

(iii)  Provocaría la descongestión del posterior proceso judicial.

En el peor de los casos,  a falta de avenimiento y de acuerdos formales, se habría acotado el volumen del  posterior proceso judicial, el que  podría haber pasado a ser  de puro derecho o, en todo caso, a tener una controversia fáctica  reducida a una mínima expresión (HITTERS, Juan C. “La justicia conciliatoria y los conciliadores”, en “La justicia entre dos épocas”, Ed. Platense, La Plata, 1983, pág. 163).

4-  Pero el diálogo librado sólo a las partes no siempre es fructífero según la cultura de litigar imperante. Si existiera una  cultura de litigar que incluyera el uso fecundo del diálogo,  se iniciarían menos juicios, se los iniciaría en el marco de acuerdos procesales (como demanda y contestación conjuntas), no habría necesidad o sería menor la utilidad de la audiencia preliminar  y no se habría previsto la intervención obligada del juez bajo pena de nulidad, etc., etc., etc.

La adecuada delimitación y depuración  del conflicto previa al juicio supone, entonces, el diálogo entre las partes, pero asistido por un tercero imparcial.

En la audiencia preliminar, ese tercero imparcial es el juez (ver más sobre la audiencia preliminar a los fines de delimitar y depurar el conflicto, en https://drive.google.com/file/d/0B9Y-8wCRdSJ-M2RqM21hSmhYQmM/view?usp=sharing) .

Pero, ¿antes del juicio?

Las normas vigentes no prohíben un diálogo previo asistido judicialmente, que no coincide  con el discovery norteamericano (que está librado a las partes, a  salvo la intervención judicial para  algunas puntuales medidas, en caso de abuso de la discovering party o de irrazonable falta de colaboración de su rival; para las características del discovery y su comparación con nuestra prueba anticipada, brevitatis causae remito a  SOSA, Toribio E. “La prueba anticipada con finalidad proactiva”, en “Aportes para una justicia más transparente”, BERIZONCE, Roberto (coordinador),  Ed. Platense, La Plata, 2009, pág. 357 y sgtes.; ver haciendo enlace con https://drive.google.com/file/d/0B9Y-8wCRdSJ-SHItOWhCMzNWRFE/view?usp=sharing) , excede la medida de un intercambio informal y no vinculatorio (como el mini trial en EE.UU., ver ROJAS, Jorge A.  “Etapa preliminar al proceso civil”, ponencia general para la subcomisión 3,  en  “XXV Congreso Nacional de Derecho Procesal”, Ed. Facultad de Derecho UBA y AADP, Bs.As., 2009, pág.356) y  va algo más allá de la “letter before action(mecanismo según el cual cuando una persona decide accionar contra otra, debe escribirle una carta informando de su intención con sumaria noticia del alcance y fundamentos de su pretensión, en algunos lugares –ciertas regiones de Brasil- con obligación de contestarla y a continuación negociar so pena de alguna clase de sanción en caso de violarse es protocolo, ver PELLEGRINI GRINOVER, Ada y CALMON, Petronio (organizadores),  “Direito Processual Comparado, Ed. Forense, Río de Janeiro, 2007, p. 207).

5- Cooperar en la etapa previa de delimitación y depuración del conflicto no debe ser una concesión gentil: no cooperar o cooperar insuficientemente   debería dar pábulo a alguna clase de disfavor.

5.1. ¿Qué es una implicatura?

No cooperar o cooperar insuficientemente  puede significar una implicatura denotativa de sinrazón (arg. arts. 34.5.d, 163.5 párrafo 2° y 384 cód. proc.).

Mediando diálogo sea en el proceso o sea para evitar o preparar el proceso, no deberíamos desatender a la lingüística para, superando la mera intuición,  rescatar los estudios sistemáticos allí realizados en torno al diálogo como fenómeno lingüístico (CUCATTO, Mariana y SOSA, Toribio E. “ Breve introducción a la  pragmática conversacional en el proceso judicial”. en revista Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas. ISSN 2250-4087. Volumen 4-Nº1-Año 2013, sección “Divulgación científica,  en prensa a abril de 2015. CUCATTO, Mariana y SOSA, Toribio E. “Sobre cuestiones y argumentos” en rev. La Ley del 19/6/2014. CUCATTO, Mariana y SOSA, Toribio E. “La pretensión es algo más que un pedido”,  exposición  en el I Simpósio Internacional de Estudos sobre o Discurso Jurídico – I DISJURI, organizado por la UFRN, en Natal (Brasil), del 25 al 28 de noviembre de 2014, en prensa.  ROJAS, E. Gustavo y SOSA, Toribio E. “La lógica del diálogo en el proceso judicial: su descripción e interpretación a partir de la pragmática lingüística”, exposición en el XIV Congreso de la Sociedad Argentina de Lingüística, Catamarca,  22 al 24 de abril de 2014, en prensa).

Entre esas reglas rectoras de todo diálogo como fenómeno del lenguaje,  sólo trataré aquí, como ejemplo,  las máximas que dan forma al principio cooperativo de Paul Grice, las cuales de un modo u otro están intuitivamente reflejadas en las leyes de procedimiento como rectoras del diálogo dentro del proceso.

Según el filósofo inglés Paul Grice ( ”Las intenciones y el significado del hablante” en Valdés Villanueva, Luis M.L.  (ed.), La Búsqueda del significado. Ed. Tecnos,  Madrid, 1991, pág.  481-510;   “Lógica y conversación” en Valdés Villanueva, Luis M. L. (ed.), La Búsqueda del significado, .Ed.  Tecnos, , Madrid., 1991, pág..  511-530),   la comunicación  entre dos o más personas está sujeta tácitamente a cuatro máximas que caracterizan esa comunicación como una conducta cooperativa. Estas cuatro máximas son:

a- Calidad:

            Haz que tu contribución sea verdadera:

            * No digas aquello que consideres falso.

            * No digas aquello de lo cual carezcas de pruebas adecuadas.

            b-Cantidad:

            * Haz tu contribución tan informativa como se requiera para los propósitos del intercambio informativo.

            *No hagas tu contribución más informativa de lo necesario.

           

            c- Relevancia:

            *Sé pertinente (que tu aporte “vaya y llegue al grano” )

 

            d- Claridad.

            *Evita las expresiones oscuras o complicadas.

            *Evita las expresiones ambiguas.

            *Sé breve (evita las divagaciones innecesarias).

            *Sé ordenado.

            Como se puede apreciar, en la interpretación de los enunciados es tan importante  “lo que se dice” (el contenido literal o proposicional de los enunciados) como “lo que se comunica” (toda la información que se transmite con ese enunciado y que no es su significado literal o proposicional). Estos contenidos “comunicados”, implícitos, son las implicaturas, que son  inferencias pragmáticas que se definen y explican de acuerdo con el principio cooperativo y sus máximas.

Si para arribar a una interpretación adecuada y consistente el significado literal de un enunciado no alcanza (incluso porque acaso ese enunciado ni siquiera exista debiendo haber existido), eso podría entrañar algún otro significado o interpretación oculta: la importancia de lo que se dice  pasaría a estar en lo que “no se dice o no se dice literalmente”  pero de alguna manera  “se comunica”,  y  estaríamos “autorizados” a buscar esos otros significados “no dichos” o “comunicados”,  implicaturas o interpretaciones alternativas.

Por ejemplo, según el principio cooperativo de Grice podemos (rectius, deberíamos) entender que, a través de su silencio frente a la demanda, el demandado nos comunica que sensatamente no tiene con qué o cómo resistirla, es decir, podemos interpretar que, a falta de toda justificación razonable en otro sentido,   el silencio del demandado implica que admite que el demandante “tiene razón” (MORELLO, en el art. 17.E de su anteproyecto para la Justicia de Paz de la provincia de Buenos Aires, a comienzos de la década del 60 en el siglo pasado,  proponía como deber del juez “admitir como reconocidas o confesadas las afirmaciones litigiosas, cuando quienes tengan la carga de desconocerlas o impugnarlas no comparezca o guarden silencio, sea al contestar la demanda o absolver posiciones o al evacuar el traslado…”,  ver en “La Justicia de Paz en la provincia de Buenos Aires. Necesidad de su reforma”, en J.A. 1965-III-33).  Más genéricamente, el incumplimiento de las máximas del principio cooperativo de Grice, como v.gr. las falsedades y omisiones en materia de alegación (TESSONE, Alberto J. “El abogado y la instrucción preliminar”, La Ley 1997-E-151), pueden valer  como argumentos de prueba o como indicios relevantes que autoricen a formar presunciones hominis capaces de coadyuvar a la formación de convicción. Etc., etc., etc..

En suma, “evadirse” de las reglas del diálogo es lingüísticamente oneroso y, para estar a tono, debería ser “oneroso” también cuando se aborda la solución de un conflicto de intereses precisamente mediante el diálogo.

5.2.  De lege ferenda, incluso, las normas jurídicas deberían considerar la no cooperación o la cooperación insuficiente como un comportamiento socialmente inaceptable y por ende pasible de oportunas consecuencias jurídicas adversas. En efecto, no participar en  esa etapa previa, o participar sin cooperar suficientemente,  debería ser visto como infracción al deber de buena fe (la buena fe exige un esfuerzo para evitar un litigio innecesario y sus costos consecuentes)  e implicar consecuencias desfavorables regladas específicamente, como ser económicas (costas agravadas si quien no participa en la etapa previa es derrotado en el juicio posterior;  costas a  cargo de quien no participe en la etapa previa,  aunque gane en el juicio posterior; ver HITTERS, Juan C. “La justicia conciliatoria y los conciliadores”, en “La justicia entre dos épocas”, Ed. Platense, La Plata, 1983, pág. 163 y 180; sobre los pre-action protocols, de Inglaterra y Gales, ver VILLA, Pedro S. “La etapa preliminar al proceso. Reflexiones a partir de la experiencia del derecho comparado”, en   “XXV Congreso Nacional de Derecho Procesal”, Ed. Facultad de Derecho UBA y AADP, Bs.As., 2009, pág. 394 y sgtes.), o acaso jurídicas (imposibilidad de fundar la demanda posterior en hechos que no hubieran sido informados; considerar admitidos en un juicio posterior los hechos constitutivos aducidos por el rival en la etapa previa;  imposibilidad en el juicio posterior  de plantear hechos impeditivos, extintivos, invalidativos o modificativos que hubieran podido ser dados a conocer en la etapa previa; que la falta de participación sin justificado motivo permita al juez, al sentenciar en el ulterior proceso,  extraer de allí argumentos de prueba; imposibilidad de prueba que no se hubiera revelado a la contraria), o tal vez profesionales (descalificación para actuar en el juicio, del abogado no cooperativo en la etapa previa; es la figura del “collaborative law”, ver PONCE, Carlos R.”Negociación previa al proceso: hacia un cambio de mentalidad”, en “XXV Congreso Nacional de Derecho Procesal”, Ed. Facultad de Derecho UBA y AADP, Bs.As., 2009, 405.).

6- En el caso, según se lo sintetiza en el voto que abre el acuerdo,   se ha ejecutado a la actora en base a un cheque librado por su apoderado, quien le ha informado que el ejecutante lo hubo de modo ilícito, no obstante lo cual la investigación penal ha sido archivada.

Por otro lado, la mediación prejudicial civil fracasó y extrajudicialmente el ejecutante esquivó informar sobre la causa del libramiento del cheque pretextando escuetamente improcedencia de la misiva que se lo requirió (fs. 3/5).

Entonces, para tomar la decisión de accionar o bien contra su apoderado por alguna clase de abuso de mandato o bien contra el ejecutante a través de un juicio de conocimiento posterior, y así para evitar actuaciones judiciales inútiles y dispendiosas,  la actora quiere que el ejecutante coopere y sólo  le diga cuál es la causa del libramiento del cheque y de qué pruebas dispone para sostenerla.

No se ve por qué razón actuando de buena fe el ejecutante no pudiera -para empezar, cuanto menos-  dar a conocer su relato sobre la causa del libramiento del cheque, conducta deseable análoga a otras expresamente admitidas por la ley procesal en el marco de diligencias preliminares -arts. 2 y 9 CCyC y art. 323 incs. 1, 6 y 10 cód. proc.-.

En definitiva, el ejecutante será libre de responder o no responder, aunque no podrá ignorar que en el futuro su silencio injustificado podría eventualmente ser interpretado como conducta cargada de significado no precisamente en su favor (art. 19 C.N.; arg. arts. 34.5.d, 68 párrafo 2°,  163.5 párrafo 2°, 384, etc. cód. proc.).

7- En conclusión y con el alcance de lo que llevo expuesto, adhiero al voto que antecede.

ASÍ LO VOTO.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO  DIJO:

Adhiero al voto que abre el acuerdo en los términos que lo hace el segundo voto en su punto 6.

A LA SEGUNDA  CUESTION EL JUEZ LETTIERI DIJO:

Corresponde, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, admitir el recurso de foja 10 contra la resolución de fojas 9/vta..

            TAL MI VOTO.

A LA MISMA CUESTION EL JUEZ SOSA DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

A LA MISMA CUESTION LA JUEZA SCELZO DIJO:

Que adhiere al voto emitido en primer término al ser votada esta cuestión.

CON  LO QUE TERMINO EL ACUERDO, DICTANDOSE LA SIGUIENTE:

         S E N T E N C I A

Por lo que resulta del precedente Acuerdo, habiéndose alcanzado las mayorías necesarias, la Cámara RESUELVE:

Admitir el recurso de foja 10 contra la resolución de fojas 9/vta..

Regístrese.  Notifíquese   según   corresponda (arts. 133, 135 inc. 12 y 249 últ. párr. CPCC). Hecho, devuélvase.

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CONDUCTA DE LAS PARTES EN LA MPO

¿No debería considerarse por los jueces, en el post de la MPO, la conducta de las partes, ese disvalioso «no tengo instrucciones, cierre nomás» (sic)

Esta cuestión fue abordada en un fallo de la Cámara de San Nicolás autos FOURCADE JAVIER JUAN C/ SERVICIOS FLUVIALES DEL PARANA S.A. S/ NULIDAD ACTO JURIDICO opírtunamente publicado en este sitio.

Algún funcionario judicial ha edscrito en las redes: Andres Nizzo En algunos juzgados tratamos de hacerlo. Más de una vez se ha considerado esa actitud para evaluar aplicación de daños punitivos.

Del fallo citado, apuntamos:

«(…) la conducta de las partes en la mediación, unida a la que guarden en el proceso judicial, merece valoración judicial, por ejemplo, al resolver en el pleito la cuestión del agravio (las costas). Destaco también como indicios que la intimación cursada por el actor para la convocatoria a Asamblea tuvo tardía respuesta una vez llevada a cabo aquélla sin su conocimiento, y al accionar por su nulidad, el requerido dejó pasar la ocasión de un acuerdo en mediación para el posterior allanamiento, fundado en el cual pidió exención de costas.
6. La conducta de las partes es una fuente de prueba indiciaria, como hecho que prueba otro hecho. La actitud que un litigante asuma en el proceso, suministra indicios acerca de la sinceridad de su desempeño y de la seriedad de sus razones (Alberto, Misael E, “Valor probatorio de la conducta en juicio. Un aporte más para su consideración como indicio y otras cuestiones más…”, en Valoración judicial de la conducta procesal, Obra colectiva del Ateneo de Estudios del Proceso Civil de Rosario, Rubinzal-Culzoni, págs. 129/130) y si muchas veces puede servir para tener por acreditados comportamientos incoherentes o contradictorios de las propias partes una vez abierta la instancia, con mayor razón aún podría considerarse lo actuado en mediación, pues se trata de una instancia obligatoria incorporada a este proceso. Todo lo vinculado con la doctrina de los «propios actos» constituye «argumento de Derecho» y como tal, encuadrable en los términos del iura novit curia, facultad que además, es un deber del órgano jurisdiccional (Peyrano, Jorge W, El proceso civil. Principios y fundamentos, Astrea, Bs.As. 1978, pág. 101) (…)»

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CUADERNO N° 1 CIJUSO- ARTICULO SOBRE HOMOLOGACIÓN EN LA MPO

En este Cuadernos de CIJUSO N° 1, del año 2014, pág. 68, se publicó un interesante artículo del Dr. Enrique Toribio Sosa, referido a la HOMOLOGACION

 

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» Mediación- Allende a homologación judicial del acuerdo alcanzado a través de la mediación prejudicial obligatoria bonaerense»

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La usucapión no va a mediación – Fallo Cámara Mar del Plata – Sala 1

REGISTRO Nº 556.R FOLIO Nº706

– Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata –

Autos: «KARABAN TATSIANA C/ MUSTICA RUBEN CLAUDIO Y OTRO/A S/ MATERIA A CATEGORIZAR».

Expte. Nº 168673

Mar del Plata, 29 de Octubre de 2019.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- A fs. 63 la Señora Jueza de Primera Instancia ordenó remitir las presentes actuaciones a la R.G.E. a los fines de recaratular y cumplimentar con la mediación obligatoria por tratarse, la ventilada en el proceso, de una materia mediable.

A fs. 64/66 interpuso la actora recurso de revocatoria con apelación en subsidio. A fs. 68 se desestimó la revocatoria y se concedió la apelación subsidiaria.

Se agravia la apelante de la exigencia de transitar por la etapa de mediación prejudicial obligatoria. Argumenta que si bien la usucapión no se encuentra dentro de las materias exceptuadas al proceso de mediación prejudicial, al ser de orden público las normas que regulan la prescripción adquisitiva de bienes inmuebles, tanto la doctrina como la jurisprudencia, sostienen que no es una cuestión disponible para las partes.

II.- Adelantamos que el recurso debe prosperar.

En efecto, y si bien en diversos supuestos hemos resuelto que la orden de acudir a la instancia de mediación prejudicial obligatoria no causaba gravamen irreparable en los términos del art. 242 del C.P.C. (vgr. causas n° 165.126, 163.232, 162.394, 161.333, entre otras), lo cierto es que en este caso en particular donde se plantea la usucapión de un bien, vale precisar que al ser de orden público las normas que regulan este modo de adquirir el dominio, la cuestión no podría ser resuelta de manera privada en una audiencia de mediación y corresponde excluirla de tal proceder. Lo expuesto, independientemente de que no se encuentra dentro de las materias exceptuadas al proceso de mediación prejudicial (art. 4 ley 13.951; igual criterio, esta Sala, causa n. 168624, del 8/10/2019; Sala Segunda de este Tribunal en causa «Delmastro», n. 156.282, del 10/06/2014).

III.- Es por todo lo expuesto que se RESUELVE: HACER LUGAR al recurso de apelación deducido subsidiariamente por la actora a fs. 64/66 contra la resolución de fs. 63, la que se REVOCA. Transcurrido el plazo del artículo 267 CPCC, devuélvase.-

RAMIRO ROSALES CUELLO RODRIGO HERNÁN CATALDO

JOSÉ L. GUTIÉRREZ
– Secretario –

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CHARLA DR. CATALDO: 7/11/19- ANÁLISIS ANTEPROYECTO REFORMA CPCyCF

El próximo pasado 7/11/19, en un emprendimiento los institutos de reformas legislativas(IRL) y de prevención, administración y resolución de conflictos (IPARC) se llevó a cabo, a partir de las 16:30, en el salón de actos, la programada disertación del Dr. Rodrigo Hernán Cataldo.

Este magistrado marplatense (sala 1 CApelCyC) , de reconocida trayectoria y sólida formación, se refirió a la reforma (anteproyecto), actualmente radicado en el Senado Provincial, en tratamiento por una comisión de notables designados al efecto.

Presentado por la Dra. Laurnagaray de Urquiza y el Dr. Stinson (moderadores, cuasi panelistas), acompañado de una proyección en power point, preparada por los anfitriones, que acompañaba la disertación con los artículos con la vista de la letra del anteproyecto, Cataldo trató puntualmente las cuestiones.

ANALISIS DEL PROYECTO DE REFORMA DEL CPCyCF

agregamos el trabajo de presentación en formato opdf. ya que el programa no permite el pptx

Explicó en primer lugar los antecedentes , recordando un proyecto impulsado por el colegio de abogados de La Plata, del año 2017/7 , reflotado casi sin variantes en el año 2018 y elevado al gobierno provincial con el visto bueno de  la autoridad de aplicación.

Adelantó -para alegría del auditorio- que luego de una reunión celebrada el 24/10/19, hubo prácticamente un acuerdo de no seguir de momento con el proyecto de reforma existiendo centenares de observaciones ya presentadas y algunas más. Entre ellas , alguno de los puntos conflictivos fueron los atinentes al fuero de familia y a la mediación prejudicial obligatoria.

En lo puntual, acerca de la MPO en este proyecto quien es a la fecha presidente de la Asociación de Magistrados de nuestra provincia, manifestó su desacuerdo con la inserción de la mediación del modo en que esta predispuesta. Afirmó que la MPO no es jurisdiccional, sino previa, prejudicial. Demarcó varias contradicciones en el articulado, por ejemplo, en el tratamiento de la caducidad.

Respecto a la génesis del proyecto manifestó que no creía que fuera necesaria la reforma si el motivo principal era tan solo ponerla a tono con el nuevo CCC.

Luego de su larga y docta exposición el Dr. Cataldo respondió algunas inquietudes. El Dr. Stinson hizo mención especial a un artículo del año 2009 autoría del procesalista platense Grillo Ciocchini («LA DESATINADA MEDIACIÓN PREVIA OBLIGATORIA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES»,  Grillo Ciocchini, Pablo A. Publicado en: DJ 15/04/2009 , 1003) que resultaría a su juicio ser un adelanto disvalioso, casi idéntico, al anteproyecto y se produjo un  intercambio en derredor del llamado «Discovery» anglosajón

No faltaron comentarios críticos sobre el sistema  remuneratorio implementado por la autoridad de aplicación para los mediadores y la necesidad de reformar la normativa especial de aplicación

Más tarde se dió por finalizado el acto con un cerrado y merecido aplauso

El Centro  agradece la participación y compromiso de sus miembros dedicados  a dar publicidad a esta charlas y efectuar los controles de acreditación
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¿Qué es un mediador? – Gema Murciano Álvarez

¿Qué es un mediador?, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul
22 junio, 2018 , por Gema Murciano Alvarez
Documentación Jurídica de Sepín. Analista y gestora de conflictos. Abogada

Pues un mediador es…, un momento concrétame más.

¿Mediador amateur sin profesionalizar? El que interviene, sea una persona u organismo, en una discusión o en un enfrentamiento entre dos partes para encontrar una solución y sólo cuenta con buena intención.

¿Mediador cultural? Según Lev Vygotsky, es quien “ayuda a otro a reconocer los rasgos significativos de su entorno, ya sea físico o social, ya sea de la experiencia inmediata o de la pasada. El mediador filtra y organiza los estímulos que de otra forma llegarían al sujeto “mediado” de una manera azarosa, y vuelve evidentes las relaciones entre los estímulos, cualesquiera que sea la naturaleza de éstas. En pocas palabras, el mediador ayuda a lograr un sentido del universo”.

¿Mediador de seguros? el mediador es la persona, física o jurídica, que se encarga de asesorar a aquellos que estén pensando en contratar un seguro acerca de las diferentes modalidades y coberturas que mejor se ajusten a su situación personal.

¿Mediador de contrato? Es quien se encarga de informar (corredor o mediador) de la ocasión u oportunidad de concluir un negocio jurídico con un tercero (mediatario) o que le sirva de intermediario en esta conclusión, realizando las oportunas gestiones para conseguir el acuerdo de voluntades encaminado a su realización a cambio de una retribución (prima o comisión), mediante un contrato en el que el comitente u oferente es quien se lo encarga.

¿Mediador comunicativo? El que tiene como usuarios a personas oyentes, sordas, sordociegas y personas con problemas de comunicación y lenguaje y que busca adecuar el entorno para desarrollar las capacidades de su usuario y mejorar su independencia.

¿Mediador turístico? Como ya llevamos pocas clases de mediadores, la Comunitat Valenciana establece en el art. 69 de la Ley 15/2018, 7 de junio, sobre turismo, ocio y hospitalidad (SP/LEG/24223, disponible en valenciano bajo la referencia SP/LEG/24229), en vigor desde el 8 de julio de 2018, crea una nueva categoría: el mediador turístico, que son aquellas empresas que desarrollan actividades de intermediación y organización de servicios turísticos de forma profesional, a través de procedimientos de venta presencial o a distancia.

¿Mediador de conflictos? El art.13 de la Ley de Mediación (SP/LEG/9662) de manera un tanto simplista, señala que el mediador es aquél que facilita la comunicación entre las partes y vela porque dispongan de la información y el asesoramiento suficientes, desarrollando una conducta activa tendente a lograr el acercamiento entre aquellas, con respeto a los principios recogidos en la Ley.

Pero además, dentro de la mediación de conflictos encontramos diferentes tipos: Intrajudicial, extrajudicial o privada, familiar, intergeneracional, sanitaria, deportiva, administrativa, en empresa familiar, mercantil, vecinal, intercultural, penal (como herramienta de Justicia Restaurativa), penitenciaria, con menores infractores, escolar, organizacional, en la construcción, internacional, policial, hipotecaria, administrativa, en consumo, incluso el Compliance, incluido por la Agencia Nacional de Nacional de mediación, y eso con las atribuciones oficiosas que nos otorgan alguna que otra norma autonómica. (No quiero mirar a la Ley de Mediación social y Familiar de Castilla La Mancha, que requiere al mediador que asesore, facilite relaciones posteriores, o prepare al adoptado para una mediación o a la Ley 4/2016, sobre Medidas de Protección del Derecho a la Vivienda Personas en Riesgo de Exclusión Residencial de Cataluña, que solicita al mediador que elabore un estudio de orientación con análisis, y proponga un plan de saneamiento para superar la situación económica del deudor. Por poner un ejemplo. [Si no le ha entrado desazón recomendamos leer esta entrada publicada hace tres años: ¿Hay un apoyo real a la Mediación desde el poder legislativo?] ).

A la vista de lo anterior, ¿es posible que el mensaje no termine de llegar bien al resto de la población por los numerosos apellidos de la mediación?

Cuando hablábamos de que el gran problema de la mediación (de conflictos) es llegar al público en general, se nos olvida muchas veces que también tenemos otro frente abierto y es que, que seamos tantos los profesionales compartiendo terminología puede crear cierta confusión en el receptor del mensaje.

Todo es mucho más simple.

A fin de cuentas, todos analizamos y exploramos los conflictos enconados que nos traen, y los gestionamos restableciendo otros canales de comunicación que favorezcan el acuerdo y por ende la solución que parecía imposible a su problema.

Todos somos analistas y gestores de conflictos y de la comunicación.

Fuente: https://blog.sepin.es/2018/06/que-es-un-mediador/

 

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CHARLA CON JOVENES ABOGADOS (COMISIÓN) DEL CAMDP: 31/10/19

Charla con noveles (jovenes) abogados. Se desarrolló ayer jueves 31/10, en la sala de usos múltiples (SUM) del CAMDP. ¿El tema: una breve introducción a la MPO?

Hubo café y medialunas mediante; el desarrollo de un pptx de autoría del director general del Centro, Dr. Jorge A. Stinson, el que se dejó a disposición de la comisión de jovenes para su uso.Más abajo se deja a disposición de nuestros lectores aunque en formato pdf ya que el pptx no se admite poir cuestiones de seguridad.

En un clima distendido y participativo se corono el fin de reunión, interacción incluída. Actuó como co-equiper la vocal del Centro, Dra. Laura Rodríguez Osoro

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NOTICIAS SCBA

De interés: de la página de la SCBA

Ponemos en conocimiento que la Suprema Corte de Justicia dispuso que, a partir del 4 de noviembre, todos los organismos jurisdiccionales y Registros públicos de los Departamentos Judiciales de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, deberán librar indefectiblemente los documentos judiciales a fin de ser anotados, inscriptos o que requieran informes por parte de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas a través del Sistema de Comunicaciones y Presentaciones Electrónicas.

Para consultar el texto completo de la Resolución S.C.B.A. 2913/19, ingresando a ESTE ENLACE:

https://drive.google.com/file/d/1WzT0oaTIRdsQ8eNGudkOFkKJjDX6EcDT/view?usp=sharing

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Importante fallo de Cámara: Procede la ejecución por 9 ius aun cuando este iniciado el principal

REGISTRO Nº 267.S FOLIO Nº 1065
Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata
Expte. Nº 168352.-
Autos: «DUBOIS ANDREA C/ HEROLD SILVINA LAURA S/ EJECUCION DE HONORARIOS DE MEDIACION LEY 13.951».-
En la ciudad de Mar del Plata, a los 29 días de Octubre de 2019, habiéndose practicado oportunamente en esta Sala Primera de la Cámara de Apelación Civil y Comercial el sorteo prescripto por el artículo 263 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, del cual resultó el siguiente orden de votación: 1º) Dr. Rodrigo Hernán Cataldo y 2º) Dr. Alfredo Eduardo Méndez, se reúnen los Señores Magistrados en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos «DUBOIS ANDREA C/ HEROLD SILVINA LAURA S/ EJECUCION DE HONORARIOS DE MEDIACION LEY 13.951». Acéptase la excusación formulada a fs. 108 por el Señor Juez de Cámara, Dr. Ramiro Rosales Cuello, a mérito de la causal invocada (arts. 17, inc. 9, 30 y 32 del CPCC).
Instruidos los miembros del Tribunal, surgen de autos los siguientes
A N T E C E D E N T E S :
A fs. 76/77 el Sr. Magistrado de la Instancia de origen dicta sentencia mediante la cual hace lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta por la ejecutada con costas a su cargo en su condición de vencida.
Contra dicho pronunciamiento, la parte ejecutante interpone recurso de apelación mediante el escrito de fecha 14/03/2019 (10:40:29 a.m.), el que se encuentra concedido a fs. 80, fundado a través del escrito de fecha 09/04/2019 (06:27:17 p.m.) y sustanciado a fs. 81, sin merecer contestación de la contraria.
En base a ello, los Señores Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes
C U E S T I O N E S :
1ª) ¿Es justa la sentencia de fojas 76/77?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNÁN CATALDO DIJO:
I.- Mediante la sentencia apelada se hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta por la ejecutada con costas a su cargo en su condición de vencida. Para así resolver, el a quo tuvo en consideración que si el proceso principal ya había sido iniciado y el mediador fue notificado de tal iniciación con anterioridad a la promoción de la presente ejecución, esta última deviene improcedente y deberá la interesada aguardar a que finalice aquél, ya sea por el modo normal o anormal.
II.- El recurrente en su memorial plantea lo siguiente: 1) que si el juicio es iniciado dentro de los 60 días corridos desde el día en que se expidió el acta de finalización de la mediación, la parte debe notificar la promoción de la acción al mediador que intervino; 2) que una vez vencido dicho plazo, el decreto no considera a la notificación del inicio de la acción efecto alguno, aunque esa notificación sea anterior a la promoción de la ejecución de honorarios de mediación; 3) que no debe el mediador aguardar a la terminación del proceso principal para percibir sus honorarios a cuenta; 4) que las actuaciones principales fueron iniciadas una vez vencido el plazo previsto en el art. 27 del Decreto 2530/2010, que fija un término de 60 días corridos; y tal cuestión habilitó a que inicie la presente acción; 5) que el hecho generador de los honorarios cuya ejecución se persigue es el no haber iniciado el pleito dentro de los 60 días de finalizada la mediación, independientemente del estado de los autos principales; 6) que los honorarios de la mediadora resultan exigibles transcurridos 61 días del acta de cierre sin que la requirente (aquí ejecutada) haya iniciado el pleito.
III.- Adelanto que el recurso merece prosperar.
El art. 31 de la ley 13.951 establece:
«El Mediador percibirá por la tarea desempeñada en la Mediación una suma fija, cuyo monto, condiciones y circunstancias se establecerán reglamentariamente. Dicha suma será abonada por la o las partes conforme al acuerdo transaccional arribado.
En el supuesto que fracasare la Mediación, el Mediador podrá ejecutar el pago de los honorarios que le corresponda ante el Juzgado que intervenga en el litigio».
Por su lado, el decreto reglamentario 2530/10 en su art. 27 (que reglamenta el artículo arriba transcripto), en lo pertinente, dice:
«Si promovido el procedimiento de mediación, éste se interrumpiese o fracasase y el reclamante no iniciase el juicio dentro de los sesenta (60) días corridos, quien promovió la mediación deberá abonar al mediador en concepto de honorarios el equivalente de nueve jus arancelarios o la menor cantidad que corresponda en función del importe del reclamo, a cuenta de lo que correspondiese si se iniciara posteriormente la acción y se dictase sentencia o se arribase a un acuerdo. El plazo se contará desde el día en que se expidió el acta de finalización de la mediación.
Si el juicio fuese iniciado dentro del término mencionado, la parte deberá notificar la promoción de la acción al mediador que intervino. El mediador tendrá derecho a percibir de quien resulte condenado en costas el monto total de sus honorarios o la diferencia entre éstos y la suma que hubiese percibido a cuenta. Deberá notificarse al mediador la conclusión del proceso, la homologación de un acuerdo que ponga fin al juicio y la resolución que disponga el archivo o paralización de las actuaciones».
En el caso de autos, conforme surge del acta de cierre de mediación que en copia certificada luce a fs. 15, nos encontramos ante una mediación fracasada. Ahora bien, dicha acta tiene fecha 26 de marzo de 2014, por lo tanto, el plazo de 60 días corridos previsto en la norma referenciada más arriba se cumplió el 25 de mayo de 2014.
Por su lado, de la causa «Herold, Silvina Laura c/ Deganutti, Cristian y ot. s/ Daños y perjuicios» (de trámite ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 12 Departamental bajo el n° 33492 y que en este acto tengo a la vista) surge que la demanda fue interpuesta el día 08 de agosto de 2014, es decir, una vez cumplido el plazo en cuestión.
De lo antedicho se desprende que los presupuestos fácticos establecidos por la norma legal para que el mediador pueda reclamar los 9 jus arancelarios o la menor cantidad que corresponda en función del importe del reclamo, se encuentran configurados en autos, esto es: 1) fracaso de la mediación; 2) inicio del juicio con posterioridad a los 60 días corridos al cierre de la mediación. Además de ello, no puede soslayarse que la normativa no impone como requisito que, vencido dicho plazo de 60 días, el mediador tenga que reclamar tales estipendios antes de que el reclamante inicie el juicio correspondiente (arts. 31 de la ley 13.951; 27 del decreto 2530/10).
Por último y a todo evento, no puede perderse de vista que los honorarios que aquí se reclaman son «a cuenta» de lo que en definitiva se regule en el juicio correspondiente (art. 27 del decreto 2530/10).
En función de la forma en que propongo resolver el recurso de apelación de la actora, corresponde -vía apelación implícita- abocarme al tratamiento del planteo de inconstitucionalidad de los arts. 2 y 3 de la ley 13.951 y 27 y 28 del decreto reglamentario 2530/2010 articulado por la demandada en su escrito de fs. 57/58.
Nuestro Máximo Tribunal Provincial ha dicho que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio del orden jurídico, y de allí que para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio (conf. SCBA, I 2027 S 27-12-2000; I 2169 S 3-12-2003).
Sentado ello, advertimos en el caso que el planteo de inconstitucionalidad formulado resulta infundado.
En efecto, si bien el apelante expresa que las citadas normas afectan su derecho de propiedad, no explica el motivo o las circunstancias en que se produce tal vulneración (igual criterio CSJN Fallo 307-2-1983, 297-201, 305-831; E.D. 104-275; elDial.com – SI337). Se requiere de quien intenta un planteo de tal índole que la exposición sea precisa, seria y concreta, no pudiendo efectuarse, por el contrario, de forma vaga o abstracta (esta Sala, causa 124.853, resolución del 13 de octubre de 2011).
Por consiguiente, no habiendo suministrado el recurrente ningún argumento que permita concluir que la norma objetada aniquila el derecho de propiedad amparado por la Carta Magna, y, paralelamente no advirtiendo que haya una razón suficiente para declarar la inconstitucionalidad «de oficio», propongo rechazar el cuestionamiento efectuado (jurisp. citada).
A todo evento, no puede soslayarse que hubo un voluntario sometimiento por parte de la aquí ejecutada al régimen de mediación (ver fs. 14/15 de la presente causa y 3/5 de la causa «Herold, Silvina Laura c/ Deganutti, Cristian y ot. s/ Daños y perjuicios»), sin que ésta haya hecho reserva alguna. Al respecto, tiene dicho la CSJN que el voluntario sometimiento de los interesados a un régimen jurídico, sin expresa reserva, determina la improcedencia de su impugnación ulterior con base constitucional (CSJN Fallos 316:1802, 322:523, 325:1922, 327:2905, entre otros).
Por las razones dadas, propongo receptar los agravios vertidos, rechazar el planteo de inconstitucionalidad incoado por la ejecutada y, en consecuencia, revocar la sentencia de fs. 76/77 en cuanto fuera materia de agravio, debiendo el Sr. Juez de Primera Instancia, una vez arribada la causa a la instancia de origen, mandar llevar adelante la ejecución por el importe pertinente (arts. 498, 506, 508, y ccdts. del CPCC; 31 de la ley 13.951; 27 y 28 del decreto 2530/10).
En virtud de lo antedicho y por imperio de lo dispuesto por el art. 274 del CPCC, las costas de primera instancia y las de Alzada se imponen al ejecutado por su condición de vencido (arts. 68, 274, y ccdts. del CPCC).
Por lo expuesto
VOTO POR LA NEGATIVA.
EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNÁN CATALDO DIJO:
Corresponde: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la ejecutante, rechazar el planteo de inconstitucionalidad articulado por la parte ejecutada y, en consecuencia, revocar la sentencia de fs. 76/77, debiendo el Sr. Juez de Primera Instancia, una vez arribada la causa a la instancia de origen, mandar llevar adelante la ejecución por el importe pertinente; 2) Imponer las costas de Primera Instancia y Alzada a la ejecutada vencida (art. 68 del CPCC).
ASÍ LO VOTO.
EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – S E N T E N C I A – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo:
I.) Se hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la ejecutante, se rechaza el planteo de inconstitucionalidad articulado por la parte ejecutada y, en consecuencia, se revoca la sentencia de fs. 76/77, debiendo el Sr. Juez de Primera Instancia, una vez arribada la causa a la instancia de origen, mandar llevar adelante la ejecución por el importe pertinente; II.) Se imponen las costas de Primera Instancia y Alzada a la ejecutada vencida (art. 68 del CPCC). NOTIFÍQUESE personalmente o por cédula (art. 135 CPCC). DEVUÉLVASE.-

ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ RODRIGO HERNÁN CATALDO

JOSÉ L. GUTIÉRREZ
-Secretario-

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¿CÓMO TRATAMOS A LOS ABOGADOS?

Repasando conceptos. ¿Cómo tratamos a los abogados?

«Necesitamos ser muy cuidadosos» , nos dicen Pancho Diez y Gachi Tapia (pág. 221 y ss., Herramientas para trabajar en mediación» ,Paidós, 1999). «Necesitamos crear localizaciones positivas para el rol que ellos cumplen en la mediación. Ningún abogado puede quedar mal parado frente a su cliente» (…) «la clave suele estar en ‘poner el límite legitimándolos’, que no es lo mismo que poner límites legítimos (…)» . (acotación nuestra: el «límite legítimo» sería decirle que no puede hablar por su cliente)

El abogado dice: «(…) yo voy a hablar por mi cliente». «El metamensaje (…)será: ‘Solo si su cliente lo acepta, Doctor. Me lo tiene que decir él a mí, no a Ud’ (…)»

Esto último puede suceder tanto si le preguntamos quien prefiere hablar  o si el abogado lo hace por las suyas. En todo caso el mensaje es: quien decide si quiere hablar es el participante, no su abogado.

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