OTRO FALLO PREOCUPANTE EN MATERIA DE MPO

Desde nuestro Centro expresamos preocupación por una serie de fallos abiertamente contrarios a la normativa vigente en materia de mediación y posiblemente contra la mediación en sí, como método apropiado de resolución de conflictos.  La inclusión de Jus de apertura en eol concepto de “honorarios” paracería ser un dislate

(6)REGISTRADA BAJO EL Nº 268 (S) Fº1361/1365

Expte. Nº 160426 Juzgado Nº 2

En la ciudad de Mar del Plata, a los 15 días del mes de diciembre del año dos mil quince, se reúne la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en acuerdo ordinario, a efectos de dictar sentencia en autos: “DI GIANO MONICA VIVIANA C/ CLINICA PRIVADA PUEYRREDON S.A. S/EJECUCION DE HONORARIOS DE MEDIACION LEY 13.951”, en los cuales, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal, resultó que la votación debía ser en el orden siguiente: Dres. Rubén Daniel Gérez y Nélida Isabel Zampini.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes

CUESTIONES

1) ¿Es justa la sentencia de fs. 47/49?

2) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RUBÉN D. GÉREZ DIJO:

I.- Antecedentes:

A fs. 8 la Dra. Mónoca Viviana Di Giano, promovió el presente juicio de ejecución de honorarios de mediación, en su carácter de mediadora prejudicial contra Clínica Privada Pueyrredon SA; ya que habiendo transcurrido los plazos de ley desde el cierre de la mediación no se inició el proceso judicial.

A fs. 19 el juez de grado ordenó el libramiento del mandamiento de intimación de pago y embargo contra el ejecutado.

A fs. 32 se presentó el Dr. Daniel Alejando Ferrero, en su carácter de letrado apoderado de la “Clínica Privada Pueyrredón S.A”; oponiendo excepción de “pago parcial de honorarios”.

A fs. 47/49 se dictó el proveído apelado.

II.- La sentencia apelada:

El Sr. juez de primera instancia resolvió desestimar la excepción de pago total opuesta por la ejecutada y mandar a llevar adelante la ejecución.

En cuanto a la excepción de pago entendió que de la documental acompañada por la ejecutada y que sirvió de sustento a su excepción de pago parcial, se desprende que el recibo acompañado está expresamente imputado a “gastos de mediación apertura de carpeta Clínica Privada Pueyrredón S.A c/ Hazard Elba y otros s/ Cobro Ordinario de Sumas de Dinero”, por lo que no es posible darle la imputación pretendida por la excepcionante, esto es, “a cuenta” de honorarios.

III.- Recurso deducido y agravios:

El Dr. Daniel Alejandro Ferrero, letrado apoderado de la parte demandada, interpone recurso de apelación a fs. 51, fundándolo a fs. 55/56, con argumentos que merecieron respuesta de la contraria a fs. 58/61.

Se agravia el recurrente por cuanto sostiene que el resolutorio cuestionado no ha considerado el criterio sentado por esta Sala en la causa Nro. 159.022 en la que se dispuso dejar sin efecto una sentencia similar a la de autos por prematura, habida cuenta que no se habían regulado honorarios del mediador en forma previa a disponer el mandamiento de intimación de pago.

Considera que el fallo permite compatibilizar la protección del derecho de defensa del ejecutado, el que se resguarda en la completitud de los requisitos para la viabilidad ejecutiva del título; debiendo dejarse sin efecto la resolución por prematura.

En cuanto al pago alegado, explica que es un pago parcial del $188, (tratándose de 1 ius) motivo por el cual la mediadora debe cobrar 8 y no 9 ius, debiendo prosperar la defensa de pago.

Finalmente solicita la revocación de la sentencia.

IV.- Consideración de los agravios.

Asiste razón al recurrente en cuanto al criterio adoptado por esta Sala en la causa 159.022 RSD 99/15 del 30/06/2015 caratulada: “Suarez Isabel María Luján c/ Mengio SRL y otro s/ejecución de honorarios de mediación ley 13.951“.

Allí resolvimos que, previo al análisis de cualquier otra cuestión, el juzgador debe examinar cuidadosamente la bondad ejecutiva y certidumbre del título que se trae como base de la ejecución (art. 529 del C.P.C.; argto. jurisp. esta Cámara y Sala en la causa Nro.145.955 “Bco. Santander Río S.A. c/ Favia, Silvina s/ cobro ejecutivo”, sent. del 06-07-2010).

El examen de la habilidad ejecutiva del título no se limita al que deberá efectuarse por el Juez de grado al momento de ordenar la intimación de pago y embargo y en el de dictar sentencia, sino que también tal deber se traslada a la Cámara de Apelación quien deberá analizar si el título sobre el cual se acciona es idóneo para sustentar la ejecución (argto. jurisp. Cám. de Apel. Civ. y Com. de Lomas de Zamora, Sala I, en la causa N°67.017 “Tallon, Marta Rosa y otro c/ Trifiletti de Milone, Elvira s/ cobro ejecutivo”, sent. del 27-04-2010; Cám. 2da. de Apel. Civ. y Com. de La Plata, Sala I, en la causa N°104.598 “Menéndez, Marcelo Alejandro c/ Loschiavo, René s/ cobro de alquileres”, sent. del 15-04-2008).

Es consecuencia de lo anterior, que el Juez podría rechazar la ejecución si advirtiera que el “título” no reviste carácter ejecutivo, sea por no hallarse entre los mencionados en el art. 521 del C.P.C. o por carecer de los requisitos necesarios constituyentes de su habilidad ejecutiva (argto. jurisp. esta Cámara y Sala en la causa N°149.753 “Banco Francés c/ Sánchez, Pablo Horacio s/ cobro ejecutivo”, sent. del 02-02-2012).

En el caso de autos, el título que pretende ejecutarse es el acta de cierre de la mediación -ver fs. 5-, éste instrumento encuentra sujeta su aptitud ejecutiva al cumplimiento de los requisitos previstos en los arts. 18 de la ley 13.951 y 28 del decreto reglamentario 2530/2010.

Tales normas disponen que en el acta de mediación debe constar: a) la firma del mediador, las partes y los letrados intervinientes y; b) la consignación del monto, lugar, fecha y obligado al pago de los honorarios que se reclaman (argto. jurisp. esta Cámara y Sala en la causa N°153.513 “Ballestero, Claudia Victoria c/ Soprano, Sergio Gabriel s/ ejecución de honorarios”, sent. del 30-04-2013).

Llevando tales premisas al supuesto en estudio advierto que el acta de cierre de mediación cuya ejecución se pretende no reúne la totalidad de los requisitos previstos por la normativa aplicable.

En efecto, tal instrumento carece de la indicación del monto al que ascenderían los honorarios del mediador, como así también, de toda referencia respecto al plazo y lugar donde éstos se abonarían.

Si bien la circunstancia apuntada, que evidencia la inhabilidad del título por carecer de uno de sus requisitos esenciales, impide el progreso de la presente ejecución en las condiciones actuales, entiendo que no corresponde sin más el rechazo de la presente acción sino, por el contrario, la adecuación de su trámite.

Pasaré a desarrollar los argumentos que abonan la conclusión precedente.

En tal tarea, entiendo necesario destacar que el art. 27 “in fine” del decreto reglamentario 2530/2010 prevé que: “…Si promovido el procedimiento de mediación éste se interrumpiese o fracasase y el reclamante no iniciase el juicio dentro de los 60 días corridos, quien promovió la mediación deberá abonar al mediador en concepto de honorarios el equivalente de nueve ius arancelarios o la menor cantidad que corresponda en función del importe del reclamo, a cuenta de lo que correspondiese si se iniciara la acción y se dictase sentencia o se arribase a un acuerdo. El plazo se contará desde el día en que se expidió el acta de finalización de la mediación. Si el juicio fuese iniciado dentro del término mencionado, la parte deberá notificar la promoción de la acción al mediador que intervino. El mediador tendrá derecho a percibir de quien resulte condenado en costas el monto total de sus honorarios o la diferencia entre éstos y la suma que hubiese percibido a cuenta. Deberá notificarse al mediador la conclusión del proceso, la homologación de un acuerdo que ponga fin al juicio y la resolución que disponga el archivo o paralización de las actuaciones. Si el reclamante desistiera de la mediacióncuando el mediador tomó conocimiento de su designación, a éste le corresponderá la mitad de los honorarios a que hubiese tenido derecho…” (el resaltado no es de origen).

De la norma transcripta surgen tres supuestos frente al fracaso o interrupción de la mediación: a) si el juicio no se inicia dentro de los 60 días corridos de finalizada la mediación, la percepción de honorarios a cargo de quien promovió la mediación será considerada “a cuenta” si se iniciara posteriormente la acción y se dicta sentencia o se arriba a un acuerdo; b) si el juicio fue iniciado en término donde se determina que la parte deberá notificar la promoción de la acción al mediador que intervino, quien “tendrá derecho a percibir de quien resulte condenado en costas el monto total de sus honorarios o la diferencia entre estos y la suma que hubiese percibido a cuenta” y c) si el reclamante desiste al momento en que el mediador ya había tomado conocimiento de su designación supuesto en el cuál se fija una retribución equivalente a la mitad de los honorarios a los que hubiese tenido derecho (argto. jurisp. esta Cámara y Sala en la causa N°152.288 “Favacard S.A. c/ González, Marcelo Javier s/ cobro sumario de sumas de dinero”, sent. int. del 13-11-2012).

Por su parte, el art. 28 del decreto ley 2530/2010 dispone, refiriéndose a la oportunidad del pago de los honorarios del mediador y a su ejecución, que: “…el acta final de la mediación será título suficiente a los fines del cobro de los honorarios del mediador. En todas las mediaciones, salvo pacto en contrario, una vez finalizada, las partes deberán satisfacer los honorarios del mediador. En el supuesto que los honorarios no sean abonados en ese momento, deberá dejarse establecido en el acta: Monto, lugar, fecha de pago –que no podrá extenderse más allá de treinta días corridos- y los obligados al pago. En cualquier supuesto el mediador con la sola presentación del acta en la que conste su desempeño y la finalización del procedimiento, estará habilitado para ejecutar sus honorarios. Será competente, en todas las cuestiones vinculadas a la determinación del honorario y su cobro, el Juzgado que hubiere sido sorteado para la mediación o el juzgado descentralizado que corresponda…”.

Ahora bien, de la lectura de la norma precitada se advierte claramente que, no obstante que allí se dispone que en “cualquier supuesto” bastará con el acta de cierre para que se encuentre habilitado el mediador a ejecutar sus honorarios, ello será así siempre que se cumpla con los requisitos que el propio art. 28 del decreto ley 2530/2010 requiere para la confección del acta que, a posteriori, devendrá en el título fundante de la ejecución.

En el particular caso de autos, considero que para alcanzar aptitud ejecutiva el acta de cierre deberá complementarse necesariamente con la regulación de honorarios que el a quo, en forma previa a dar curso a la ejecución, tendrá que efectuar, siendo éste el modo en que podrá fijarse el monto por el que se librará el correspondiente mandamiento de intimación de pago.

A la par de lo anterior, entiendo que tal oportunidad resultará idónea al efecto de corroborar: a) si han transcurrido los 60 días sin que se haya iniciado el juicio, presupuesto éste último de inexcusable cumplimiento ante la pretensión de acceder al cobro de honorarios cuando no se desistió de la mediación habiendo tomado conocimiento el mediador de su designación, b) si no se arribó a acuerdo en la mediación o, c) si no se ha iniciado un juicio que culminase con sentencia o acuerdo transaccional homologado (art. 31 de la ley 13.951; arts. 27 y 28 del decreto reglamentario 2530/2010; argto. jurisp. esta Cámara y Sala en la causa N°152.288 “Favacard S.A. c/ González, Marcelo Javier s/ cobro sumario de sumas de dinero”, sent. int. del 13-11-2012).

La solución propuesta entiendo permite compatibilizar la protección del derecho de defensa del ejecutado, el que se resguarda en la completitud de los requisitos para la viabilidad ejecutiva del título, y la finalidad de la ley que, ante el carácter alimentario del honorario del mediador, prevé una vía expedita para su cobro.

En consecuencia, considero que debe dejarse sin efecto la resolución de fs. 47/49, por prematura, debiendo el a quo proceder del modo indicado precedentemente.

Por los fundamentos expuestos, VOTO POR LA AFIRMATIVA.

La Sra. Jueza Dra. Nélida I. Zampini votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RUBÉN D. GÉREZ DIJO:

Corresponde: I) Dejar sin efecto la resolución de fs. 47/49, por prematura, debiendo el a quo proceder del modo indicado en los considerandos; II) No imponer costas atento el modo en que se resuelve (art. 68 2da. parte del C.P.C.); III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).

ASI LO VOTO.

La Sra. Juez Dra. Nélida I. Zampini votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

En consecuencia se dicta la siguiente;

S E N T E N C I A

Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo: I) Se deja sin efecto la resolución de fs. 47/49, por prematura, debiendo el a quo proceder del modo indicado en los considerandos; II) No se imponen costas atento el modo en que se resuelve (art. 68 2da. parte del C.P.C.); III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE O POR CÉDULA (ar. 135, inc. 12, del C.P.C.). y transcurridos los plazos legales, DEVUÉLVASE. 

RUBÉN D. GÉREZ.
NÉLIDA I. ZAMPINI.
Marcelo M. Larralde
Auxiliar Letrado

 

Acerca de mediacion

Abogado T. 4 Folio 203 CADJMDP; Concejero (S) periodo 2012-16 por lista Celeste Renovación; Director Gral Centro de Mediación Colegio de Abogados de Mar del Plata; delegado CADJMDP ante la Comisión Consultiva Mediación de COLPROBA
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