SUGERENCIAS DE MARIO MURMIS. LOS MEDIADORES DEBEMOS ELEVAR EL NIVEL DE NUESTRAS QUEJAS

TRES PROPUESTAS PARA MEJORAR LA MEDIACIÓN PREJUDICIAL

Estimados colegas mediador@s:
El 3 de diciembre de 2016 envié el mensaje electrónico que les estoy reenviando y, hasta hoy, nada ha cambiado.
Entiendo que es momento de actuar de otro modo, elevando el nivel de nuestras quejas.
Creo que, además de las presentaciones formales a las autoridades, también debería promoverse la unión de todas las instituciones representativas para, en conjunto, encarar una nueva etapa de lucha.
En tal sentido, mientras se discute el traspaso de la Justicia Nacional a la jurisdicción de CABA, sería oportuno visibilizar públicamente los problemas que aquejan a la Mediación Prejudicial, y a sus operadores, en los medios de comunicación masiva; enviando gacetillas de prensa y convocando a jueces, legisladores, periodistas y funcionarios a debatir la problemática.
Lo mío no pretende ser más que un aporte, un llamado de atención y una idea; queda en manos de nuestros dirigentes la decisión.
Nuestra obligación es participar más activamente, acercándonos a las instituciones y comisiones especializadas.
De todos depende.
Cordiales saludos a tod@s
Mario Murmis
El texto original, decía:

Estimados colegas mediador@s:

            I-a) COMPETENCIA DESLEAL. El lunes 21/11/2016 les envié un mail titulado “MALAS PRÁCTICAS EN MEDIACIÓN”.

            En dicho mail planteaba, entre otras cosas:

  “En los corrillos se habla de ciertas “bonificaciones” o “ventajas económicas” que algunos mediadores ofrecen con el objeto de ser designados mediante el procedimiento previsto por el art. 16, inc. c) de la ley 26589; constituyendo ello una repudiable competencia desleal e implica, concretamente, una rebaja de los honorarios, prohibida por el art.28, inc. a), del decreto 1467/11.”

            También comenté el caso de los acuerdos celebrados fuera del procedimiento de mediación -luego de cerrado éste- con el fin de eludir el pago del honorario al mediador; comprometiendo la conducta ética de los letrados de las partes intervinientes.

            Ante ello, preguntaba: ¿Qué podemos hacer para evitar dichas conductas?

            I-b) – Entiendo que el sistema vigente de designación del mediador por propuesta del requirente permite la competencia desleal, y debe ser suprimido o modificado.

            Desde mi perspectiva no sólo permite la competencia desleal sino que, además, afecta la credibilidad de la imparcialidad y neutralidad del mediador en los participantes involucrados en el conflicto; generando dudas y resquemores respecto a su actuación.

            También entiendo que promover una reforma de la ley 26589 resulta complicado y peligroso, ya que podría estimular  la modificación de otras de sus disposiciones: poniendo en riesgo la incumbencia exclusiva de los abogados para desempeñar el rol de mediador.

            En consecuencia sólo queda, a mi criterio, plantear ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la modificación del Decreto 1467/11 reglamentario de la ley, limitando las posibilidades de la elección.

            Los actuales sistemas informáticos, léase el MEPRE, permiten detectar la cantidad de veces que, con el patrocinio  de un mismo letrado requirente, ha sido propuesto el mismo mediador; pudiéndose establecer límites.

            Dicha medida se complementaría con la obligatoria registración previa -en el sistema MEPRE- de la nueva mediación, y el deber de consignar -en la inicial notificación al requerido- el número de expediente asignado por dicho sistema. 

            Por otra parte, la proliferación de centros de mediación comunitaria en  los  barrios, como la admisión indiscriminada de casos en centros oficiales de mediación gratuita, desvirtuando la función social que éstos deben prestar, constituyen  una suerte -tal vez más sutil-  de competencia  desleal desde la política; incluyéndose los denominados “Centros de Mediación” sindicales o de entidades privadas.

            I-c)En cuanto al compromiso ético de los abogados que estimulan -o se prestan- a celebrar acuerdos fuera del proceso mediatorio (luego de clausurado éste), sin citación del mediador, no nos olvidemos que tanto los letrados de parte como los mediadores, intervenimos en los procedimientos de Mediación Prejudicial en nuestro ejercicio profesional, estando sujetos ambos, éticamente, al Tribunal de Disciplina del CPACF.

            II-a) – CERTIFICACIÓN DE FIRMAS. Asimismo cabe recordar que aún se encuentra pendiente la instrumentación,  por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la “Certificación de Firma del Mediador” para habilitar la ejecutabilidad de los acuerdos y el cobro de honorarios (art. 500, inc.4- C. Proc. y art. 29 –Anexo I- decreto 1467/11); resultando inentendible tanto la demora por parte del organismo de aplicación para su implementación, como la falta de su exigencia -por parte de los jueces- para dar curso por la vía de ejecución de sentencia el reclamo de cumplimiento de los acuerdos; cuando dicha certificación, además de proteger la percepción de los honorarios provisionales, constituye un modo de comprobación previa de la legalidad de la documentación a presentar en tribunales.

            No conozco la existencia de control alguno para evitar –hoy- la promoción de demandas judiciales mediante actas de mediación “truchas”.

            En tal sentido, reitero mi propuesta (efectuada en la Red de la UMP el 29/02/2016):

            “1º) Que el ministerio cumpla con su obligación legal y proceda a certificar las firmas del mediador en las actas y acuerdos que se le presenten.

            2º) Que se elimine, de la Resolución 2740/12 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la obligación de presentar copia de los acuerdos celebrados, ya que ello atenta contra la confidencialidad, viola el art.19 CN  y es propio de un Estado Inquisidor.

            3º) Con idéntico criterio y por las mismas razones, deberá  eliminarse la obligación de “cargar” los acuerdos en el MEPRE, manteniéndose la posibilidad de extenderlos en los actuales formularios; SIN obligación de incorporarlos al sistema.

            4º) La “Certificación” deberá hacerse en el acto de su presentación, ante el interesado, sin copiar ni escanear nada, confrontando los datos con los registrados en el MEPRE, verificando la conformidad para el pago de los honorarios provisionales, y expidiéndose sobre la similitud de la firma del mediador con la oportunamente registrada; firma de persona  autorizada, algún sello de agua (o banda de seguridad), y NADA MAS. No puede demorar más de tres minutos.”

            Cabe recordar, asimismo, lo que ya expresara en mi blog “A DOS AÑOS DEL DECRETO 1467/11 – Honorarios y Ética del Mediador”,  del 17/11/2013 (HACE TRES AÑOS), al decir, tal como lo sostienen María Rosa Fernández Lemoine y Pedro Horacio Zuanich (“Práctica de la Mediación”, Ed. Astrea 2012, pág.191): “El pago del honorario provisional deberá constar en el acta de cierre de la mediación para habilitar la certificación de firma del mediador en el Ministerio de Justicia; ante su omisión el decreto establece la presunción que no fue abonado y en ese caso se denegará la certificación de la firma…”,  refiriendo al párrafo segundo del art. 28 –Anexo I- del decreto 1467/11; criterio que se mantiene como inc. c) de dicho art.28,  s/ decreto 2536/15.        

            De tal modo, dicha certificación, en armonía con el régimen tuitivo de la remuneración de los mediadores establecido por el legislador, constituye un muro infranqueable para quienes se niegan a abonar dicho honorario al cierre del proceso mediatorio.

            Debo admitir que cada día me resulta más sorprendente -y hasta sugestiva- la oposición de algunos mediadores a exigir el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a la certificación, toda vez que es EN SU PROPIO BENEFICIO, sin ocasionarle molestia ni gasto alguno.

            II-b) – Frente al nuevo sistema electrónico de asignación de causas dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a implementarse a partir del mes de febrero de 2017, considero imprescindible que el sistema se encuentre configurado para la verificación del pago de los honorarios provisionales a través del MEPRE; denegándose la radicación, en sede judicial, de aquellas causas en las que no se encuentre registrada la conformidad del mediador a dicho pago.

            Los invito a dejar sus comentarios en el blog MIS PROPUESTAS en la Red de la UMP               

            III-a) – CAPACITACIÓN CONTINUA. Recordemos siempre, sin descuidar la capacitación continua en mediación,  la primordial necesidad de fomentar la actualización jurídica de los mediadores mediante la organización de seminarios y talleres referidos a novedades legislativas o jurisprudenciales, como de alguna materia específica entre las planteadas en mediación, con asignación de puntajes equivalentes a horas de capacitación continua obligatoria.

            III-b) – El 5 de agosto de 2010, en la Red de la UMP, publiqué un blog que titulé “¿EL NEGOCIO DE LA CAPACITACIÓN o LA PERINOLA DE LA MEDIACIÓN?” dónde, entre otras cosas, expresaba: “El mercado de la capacitación nació -para la mediación- a mediados de la década de los noventa, como un negocio de venta de conocimientos en el que buena parte de brillantes docentes -del inicio- quedaron desplazados por la competencia mercantilizada; donde “los formadores” –hoy- “muchos dictan clases”, “pocos enseñan”, pero “todos cobran”; mientras los mediadores, como en el juego de la perinola, “todos pagan”.

            En aquella oportunidad también dije: “Hace años que el Ministerio de Justicia S. y D. H. ha dejado de impartir los cursos obligatorios de Capacitación Continua para mediadores; debiendo estos, en masa y como clientela cautiva, desde entonces recurrir a las denominadas “entidades formadoras” habilitadas por el organismo de aplicación, pagando los “cursos” (muchas veces verdaderas y aburridas “horas/silla”) a precios de “oro” y sin la contraprestación –en calidad- que los justifique, salvo el certificado para cumplimentar su obligación”.

            Luego, con fecha 23/07/2012, publiqué –también en la Red de la UMP- un trabajo que titulé “¿CAPACITACIÓN CONTINUA o CONTINÚA EL NEGOCIO?”, y allí decía: “Hoy, ya implementada y vigente la reglamentación de la ley 26.589, la situación no ha cambiado; los mediadores prejudiciales tenemos idéntica obligación de cumplimentar la llamada “capacitación continua”, y seguimos siendo “clientela cautiva” de las denominadas entidades formadoras”.

            Hoy, en diciembre de 2016, se torna impostergable la modificación del sistema y de los criterios aplicados para la habilitación de entidades formadoras, la selección de docentes, y la aprobación de los programas de los cursos.

LA CAPACITACIÓN DE LOS MEDIADORES

ES EL MEJOR Y ÚNICO MODO DE JERARQUIZAR LA MEDIACIÓN PREJUDICIAL

 

            IV – Entiendo que, finalizado el “2º Congreso de Mediadores Prejudiciales” organizado por la UMP, como es costumbre en este tipo de eventos, sus organizadores no sólo harán una crónica del mismo, sino que –también- informarán públicamente de las ponencias presentadas y sus conclusiones.

            De tal modo, todos podremos informarnos si, además de las cuestiones  académicas, los temas que planteo –de real importancia para la subsistencia de los mediadores y de la mediación prejudicial  fueron también abordados en dicho cónclave y, en su caso, las recomendaciones  a las que se haya arribado respecto a dichos tópicos.

            Cordiales saludos

    Mario Murmis
   abogado-mediador
 Libertad 353-piso 6º “G”
 Tel. (+5411) 4382-6365
 Buenos Aires-Argentina

Acerca de mediacion

Abogado T. 4 Folio 203 CADJMDP; Concejero (S) periodo 2012-16 por lista Celeste Renovación; Director Gral Centro de Mediación Colegio de Abogados de Mar del Plata; delegado CADJMDP ante la Comisión Consultiva Mediación de COLPROBA
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