AMPARO PARA NO PAGAR EL JUS DE APERTURA

AMPARO POR EL JUS APERTURA .
Carátula: MARCEILLAC JUAN IGNACIO C/ SOROLLA MARIEL ANDREA S/ AMPARO
Fecha inicio: 20/12/2018 Nº de Receptoría: Nº de Expediente: 167164
Estado: En Letra – Espera Cédulas REFERENCIAS
Sentencia – Folio: 1212
Sentencia – Nro. de Registro: 328
Sentido de la Sentencia Confirma
21/12/2018 – SENTENCIA DEFINITIVA

REGISTRO Nº 328 S. FOLIO Nº 1212
Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata

Expte. Nº 167164.-
Autos: «MARCEILLAC JUAN IGNACIO C/ SOROLLA MARIEL ANDREA S/ AMPARO».-
En la ciudad de Mar del Plata, a los 21 días de diciembre de 2018, habiéndose practicado oportunamente en esta Sala Primera de la Cámara de Apelación Civil y Comercial el sorteo prescripto por el artículo 263 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, del cual resultó el siguiente orden de votación: 1º) Dr. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ y 2º) Dr. RAMIRO ROSALES CUELLO, se reúnen los Señores Magistrados en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos «MARCEILLAC JUAN IGNACIO C/ SOROLLA MARIEL ANDREA S/ AMPARO».-
Instruidos los miembros del Tribunal, surgen de autos los siguientes
A N T E C E D E N T E S :
Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal con motivo del recurso de apelación y nulidad deducido y fundado a fs. 44/9 por el Dr. Juan Ignacio Marceillac, por derecho propio, contra el decisorio luciente a fs. 35/9 en el cual se decide rechazar in limine la acción de amparo interpuesta por el mencionado letrado contra la Dra. Mariel Andrea Sorolla, en su condición de Mediadora en los términos de la ley 13.951, por entender la Sra. Juez de Grado que esta no es la vía idónea a los efectos de asegurar el alegado acceso a la jurisdicción.
En base a ello, los Señores Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes
C U E S T I O N E S :
1ª) ¿Es justa la sentencia de fojas 35/9?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ DIJO:
Primeramente, es menester destacar que el recurrente centra su crítica en que la imposición de un cargo económico al consumidor por parte de la Mediadora se constituye en la conducta arbitraria e ilegítima que justifica el amparo, y que la falta de conclusión del trámite de Mediación prejudicial obligatoria le ha impedido de acceder a la jurisdicción.
Ahora bien, y al margen de todas las particularidades que contiene la causa, del análisis del fallo atacado y contrastado con el memorial luciente en autos, podemos verificar que el punto central del proceso resulta ser que a juicio del actor, la conducta de la Mediadora designada le ha afectado la garantía constitucional de acceso a la jurisdicción.
Sobre esto se ha apoyado la resolución dictada que rechaza in limine el ampro, al decidir que no se ha acreditado que la decisión adoptada por la Sra. Mediadora Sorolla lesione derechos constitucionales (v. fs. 39 punto 1).
Se ha dicho que «en lo referido al amparo en particular, para que se preste la actividad jurisdiccional protectora, deben concurrir las circunstancias o presupuestos descriptos en el artículo 43 de la C.N. entonces no se podrá abrir el cauce tutelar cuando de la propia demanda surja palmariamente la inexistencia de un derecho cierto y líquido, la inexistencia o falta de actualidad de la lesión o la inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta. De tal manera, el rechazo liminar evitará desgastes innecesarios para el amparista como para el Estado. Al primero, le podría evitar la pérdida de la vía de tutela pertinente, liberándolo además de los gastos de tiempo y dinero propios del desarrollo de todo proceso. Al segundo le ahorraría el dispendio de actividad jurisdiccional inútil, evitando dar curso a una demanda de amparo condenada desde el inicio a fracasar (Ponencia «El derecho a la tutela judicial, los principios procesales y el proceso de amparo individual», por Ramiro Rosales Cuello, presentado en la Comisión de Derecho Procesal Constitucional, en el Congreso Nacional de Derecho Procesal, Santa Fe, 2011; SBDAR, Claudia, Amparo de derechos fundamentales, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2003, pág. 172)».
En tal sentido, consideramos que ha sido bien decretado el rechazo in limine del amparo, en tanto no se verifica que se den los presupuestos que permitan acreditar la existencia de lesión de derechos constitucionales.
Veamos.
La imposición de un cargo al consumidor, que se encontraría tutelado por el beneficio de gratuidad que el ordenamiento n° 13.133 en su art. 25 prevé, bien pudo ser impugnado por las herramientas que la ley 13.951 indica, como ser, la del artículo 7 de la misma en el cual, por caso, se contempla que ante la solicitud de beneficio de litigar sin gastos (en este sentido equiparable al de gratuidad) se comunicará a la Oficina Central de Mediación de la Procuración General de la Suprema Corte, la que resolverá si le corresponde tomar intervención. Nótese al respecto que conforme edicta el art. 5 bis de la Reglamentación de la ley, hasta tanto dicha Oficina cuente con la estructura y organización necesaria, los honorarios de los Mediadores del Registro Provincial, cuando se hubiere actuado con beneficio de litigar sin gastos, serán abonados con los recursos del Fondo de Financiamiento del Sistema de Mediación.
En igual sentido, y en relación a las sumas (sellados, tasas, etc.) que puedan requerirse por parte de los Mediadores, se tiene dicho que «están dentro de lo razonable y en ningún modo puede considerarse que importan un gasto excesivo que pueda comprometer el acceso a la justicia. Cuando así fuera se deberá recurrir al Juez sorteado para dirimir la cuestión, tal como indica el art. 3° del Acuerdo 3592…(Patricia Leva, Ley 13.951, comentada en el Código Civil y Comercial de la Pcia. de Buenos Aires, Tomo VI, pág. 1294, 3° párrafo, Ed. La Ley)».
En función de ello, es importante analizar que si bien surgiría del intercambio de mails entre el Dr. Marceillac y la Dra. Sorolla que se habría requerido (equivocadamente según el apelante ya que resultaría ser consumidor) determinada suma de dinero para apertura de carpeta, lo cierto es que también se requirió por parte de la Mediadora el dinero suficiente para abonar la Carta Documento pertinente (v. fs. 22 al frente), y sobre este último desembolso referido el actor no ha tenido objeciones (v. fs. 22 vta.).
Ahora bien, por otro lado, vale destacar que en el marco de tensión que surge del intercambio epistolar electrónico la Mediadora ha optado por excusarse basándose en que el sorteo fue realizado con fecha 23 de junio del 2017, y la documentación arrimada con fecha 29 de noviembre de 2018.
De esto surgen dos cuestiones al respecto: la primera es que conforme edicta el art. 8 de la ley 13.591, dentro de los tres (3) días del sorteo se debía acercar el formulario pertinente al Mediador, y por otro, que ante la excusación de la Mediadora (en este caso restaría determinar si ha sido debidamente causada), se procederá inmediatamente al sorteo de un nuevo Mediador (art. 28 de la ley citada).
Aquí es donde se ve patentizado que la afirmación del Juez de Grado en torno a la inexistencia de lesión de garantías constitucionales (como ser el acceso a la jurisdicción) no ha sido debidamente acreditada, ya que por un lado el sistema prevé la automática intervención de un Mediador para dar inicio y conclusión al trámite de mediación, y por otro, que en caso de existir discrepancia en cuanto a la suma que deba abonarse al Mediador (por caso, para apertura de carpeta) sea un Juez quien dirima la pertinencia de la imposición o que tal monto sea abonado por el órgano pertinente.
Siguiendo destacada doctrina concluimos que el rechazo in limine resulta acertado en tanto se ha verificado en forma evidente que no concurren los presupuestos que habilitan la tutela diferenciada; es decir, por resultar incuestionable que en el caso no se configura la situación que, según el art. 20 de la Constitución, permite solicitar amparo (Cám. Civil y Comercial de Mar del Plata, esta Sala, del 5/9/13, «Fuentes Marcelo c/ INC S.A. s/ Amparo, expte. n° 154.439, citado en la pág. 1344 punto 4, dentro del análisis de la Ley 13.928, comentada en el Código Civil y Comercial de la Pcia. de Buenos Aires, Tomo VI, Ed. La Ley).
En tal sentido, no vemos que el apelante en su memorial demuestre la lesión alegada, con lo cual, no cabe más que rechazar el recurso deducido y confirmar el auto apelado.
VOTO POR LA AFIRMATIVA
EL SEÑOR JUEZ DR. RAMIRO ROSALES CUELLO VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ DIJO:
Corresponde, si mi tesitura ha de prosperar, CONFIRMAR el auto apelado, RECHAZANDO el recurso de fs. 44/9. Sin costas atento no haber mediado contradicción (art. 68 del C.P.C.).
ASÍ LO VOTO
EL SEÑOR JUEZ DR. RAMIRO ROSALES CUELLO VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
– – – – – – – – – – – – – – – – -S E N T E N C I A – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo:
I.) CONFIRMAR el auto apelado, RECHAZANDO el recurso de fs. 44/9. Sin costas atento no haber mediado contradicción (art. 68 del C.P.C.). II.) NOTIFÍQUESE personalmente o por cédula (art. 135 CPCC). DEVUÉLVASE.-
RAMIRO ROSALES CUELLO
ALFREDO EDUARDO MÉNDEZ
JOSÉ L. GUTIÉRREZ
– Secretario-

Acerca de mediacion

Abogado T. 4 Folio 203 CADJMDP; Concejero (S) periodo 2012-16 por lista Celeste Renovación; Director Gral Centro de Mediación Colegio de Abogados de Mar del Plata; delegado CADJMDP ante la Comisión Consultiva Mediación de COLPROBA
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