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Novedades

ABOGADO DEL NIÑO// JORNADA DE REFLEXION A LOS 30 AÑOS DE LA CDN

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Disertantes: Dra. Mariana Gulminelli; Dra. Alejandra Germinario; Dra. Cristina Casals; Dra. Catalina Bascolo Viviani.-

PRESENTACIÓN DE LA DRA MARIA VICTORIA PELLEGRINI DEL DÍA 27-09-18

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EXCELENTE presentación a cargo de la Dra María Victoria Pellegrini quien expuso sobe: Cuestiones relativas a la Indivisión Post Comunitaria y el estado de Indivisión hereditario. Agradecemos a la Dra y a todos los asistentes por su presencia y por las múltiples donaciones recolectadas que serán entregadas al Comedor La Esperanza de Mar del Plata.

RESULTADO DE CEDULAS DIGITALIZADO

Desde la Comisión de Administración de Justicia del colegio durante el año 2016 les pedimos a los tribunales de trabajo que incorporaran a la MEV el resultado de las cedulas. Tuvimos muchas reuniones de trabajo, sin sacarnos fotos. Enviamos incluso una peticion a la SCBA firmada por los jueces de 4 tribunales y la jefa de la oficina de mandamientos.
Hoy el secretario del TT 4 nos informa que a partir del dia de la fecha, se podrá ver en la MEV, escaneado, el resultado de las cédulas de traslado de demanda y la cedula escaneada. Un gran paso que ojala sigan los demás tribunales.
Felicitaciones a los miembros de la comisión, que me acompañan y que pese a la falta de apoyo de la actual gestión del Camdp, siguen peleando silenciosamente por los colegas.

BUENAS PRÁCTICAS EN EL TRATO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Esta guía de buenas prácticas en el tratado para personas con discapacidad, tiene la intención de generar herramientas para las personas que consulten en los Consultorios Jurídicos Gratuitos, y para los abogados y abogadas que asesoran en los mismos.
Cuando concurra una persona con discapacidad (cualquiera sea su discapacidad), venga sola o acompañada diríjase directamente a ella.
Pregúntele si necesita apoyo para comunicarse, y que tipo de apoyo (puede ser hablar en lenguaje simple, escribir las frases, parafrasear, etc.).Si la persona no comprende que significa la palabra apoyo, se sugiere explicarle que significa la palabra apoyo.
Es necesario tomarse un tiempo más amplio que el que ud. utiliza cotidianamente para entablar y continuar el diálogo.
Si ud. encuentra dificultad de su parte frente a la persona con discapacidad, pida APOYO a otro profesional del consultorio para que lo acompañe a ud. y participen ambos en la consulta.
Si la persona no puede comunicarse de ningún modo o medio adecuado, ud. podrá preguntar a la persona que lo acompaña, y en su caso dejar por escrito que la persona con discapacidad no puede comunicarse por ningún modo o medio, y que se evacuó a la persona que acompaña su consulta.
Prestar atención a la persona, actuar que lo haría con una persona sin discapacidad.
Tratar a la persona con discapacidad en los términos de la ley 14.519. Recuerde siempre que como lo establece el artículo 1 de la Convención de las Personas con Discapacidad, la misma es una construcción social por las BARRERAS(actitudinales, comunicacionales, edilicias, tecnológicas, etc.) que tienen que sortear las personas con discapacidad en el acceso, goce y disfrute de sus derechos humanos.
La personas con discapacidad tienen derecho que el Consultorio Jurídico Gratuito le garantice la accesibilidad en la comunicación, en la movilidad, en trato, en la formar de brindar la información, etc.
Si la persona con discapacidad viene acompañada de quien es su apoyo tener en cuenta que: la función de este NO es decidir por la persona con discapacidad

SI TRATA CON UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, MENTAL Y PSICOSOCIAL
Cuando concurra una persona con discapacidad, venga sola o acompañada diríjase directamente a ella.
Pregúntele si necesita apoyo para comunicarse, y que tipo de apoyo (puede ser hablar en lenguaje simple, escribir las frases, parafrasear, etc.).Si la persona no comprende que significa la palabra apoyo, se sugiere explicarle que significa la palabra apoyo.
Es necesario tomarse un tiempo más amplio que el que ud. utiliza cotidianamente para entablar y continuar el diálogo.
Háblele directamente, con frases simples, cortas y de fácil y usuales, para una comprensión adecuada.
Si ud. no es comprendido intente decir lo mismo con otras palabras.
Mantenga un tono de voz uniforme, no crea que levantando la voz lo comprenderán mejor.
Compruebe que la información ha sido comprendida (Por ejemplo, parafraseando, limpiando el discurso, el replanteo, etc.)
Si es necesario según su criterio puede tener una entrevista con la persona con discapacidad a solas, sin la presencia del acompañante. Es un derecho de la persona con discapacidad, sea niño/niña, adolescente o adulto.

SI TRATA CON UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD MOVILIDAD REDUCIDA.
Cuando concurra una persona con discapacidad, venga sola o acompañada diríjase directamente a ella.
Pregúntele si necesita apoyo y que tipo de apoyo requiere.
Las sillas de ruedas, los bastones y muletas son elementos imprescindibles para quién los usa, no los manipule ni cambie de los lugares donde están los mismos sin autorización de la persona.
Previa consulta y si la persona lo requiere, pregunte como le gustaría ser trasladado, evite los movimientos bruscos y conduzca firmemente.
No tocar la silla de ruedas si no nos solicita ayuda para trasladarse, sepamos que la misma es parte de su espacio corporal
Durante el diálogo, ubíquese a la misma altura.
Coloque los objetos a la altura donde pueda visualizarlos y alcanzarlos.
Disponer de salas accesibles.
En todos los casos de personas con movilidad reducida debemos tener en cuenta que tenemos que garantizar la accesibilidad al lugar de la entrevista y al edificio donde desarrolle su actividad el CJG, incluyendo rampas de acceso, lugares de estacionamiento exclusivo y ascensores con la medida apropiada para el ingreso de sillas de ruedas.

SI TRATA CON UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.
Pregúntele si necesita apoyo, y que tipo de apoyo necesita.
Háblele de frente, despacio, use gestos sin exagerar para que la lectura labial y gestual le sea comprensible. No ocultar el rostro con las manos o con bolígrafos ni bajar el rostro, pensemos que algunas personas sordas pueden leer los labios.
Si le resultara difícil entender el mensaje de su interlocutor, pídale amablemente que lo repita.
Pueden utilizar notas escritas, apoyos técnicos.
Tratar que los CJG cuenten con la información necesaria para poder obtener traductores en la Lengua de Señas Argentinas. Cada País tiene una lengua de señas distinta.
El Programa ADAJUS (pagina oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación), provee de interpretes en lengua de señas.
Para quienes tengan un dispositivo como implantes cocleares o audífonos, realizar la entrevista en una sala silenciosa, o que posea aro magnético, que los abogados consultantes hablen de a uno a la vez para favorecer el diálogo.

SI TRATA CON UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD VISUAL.
Pregúntele si necesita apoyo, y que tipo de apoyo necesita.
Para indicar una ubicación emplee expresiones tales como “a su derecha”, “arriba”, “abajo”, “un escalón” “una silla” y no expresiones vagas como “allí”, “ahí”.
Cuando la persona le pide que la ayude a desplazarse, no la tome del brazo, deje que se tome al suyo o bien la persona apoye su mano sobre su hombro, colocándose del lado inverso al bastón.
El perro guía es un apoyo para la persona con discapacidad visual y es ésta quién debe interactuar con el. Tener en cuenta que si la persona con discapacidad visual se presenta con un perro guía , debemos facilitarle el ingreso y la permanencia del mismo en la sala.
No interactúe con el perro guía ni le hable o tome contacto físico con él.
En los desplazamientos, nos ubicaremos en el lado contrario al que ocupa el animal.
Si una Personas utiliza bastón de color blanco y rojo, es una persona con sordo ceguera, por ende la forma de comunicación es táctil.
Apoyos técnicos: Personas con ceguera total utilizan bastones blancos.
Personas con baja visión utilizan bastones verdes.

Algunas Normas Aplicables.
Nuestra importante tarea es facilitar a las personas con discapacidad la accesibilidad al pleno ejercicio de sus derechos, garantizándoles el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad.
Para ello es importante el lugar que le damos a la comunicación, según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad incorporada a la normativa local por la Ley 26.378 con rango constitucional, a través de la ley 27.044, la define de la manera siguiente:
Artículo 2: Definiciones. A los fines de la presente Convención: “La comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso;
Por “lenguaje”; se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal;…..”

Artículo 8 Toma de conciencia
1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para:
a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas;
b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida;
c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad.
2. Las medidas a este fin incluyen:
a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a:
i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad;
ii) Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas con discapacidad;
iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral;
b) Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las personas con discapacidad;

Artículo 13: Acceso a la justicia. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.
LEY 14.564. ART. 1ª: “Establecer la obligatoriedad de otorgar prioridad de atención a mujeres embarazadas, a personas con necesidades especiales o movilidad reducida y a personas mayores de setenta (70) años en: A) Todo establecimiento público dependiente de la Provincia de Buenos Aires. B) Todo establecimiento privado que brinde atención al público a través de cualquier forma y/o modalidad.”

NATURALEZA JURÍDICA DEL MEDIADOR HACIA UN NUEVO PARADIGMA POR RICARDO BRACAMONTE

NATURALEZA JURÍDICA DEL MEDIADOR HACIA UN NUEVO PARADIGMA

 Por Ricardo A. Bracamonte – Ex – Director Provincial de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos – Ministerio de Justicia de la Pcia. de Buenos Aires (2012/2016)

       Con el correr de los años – al menos en la Argentina – las herramientas de resolución de conflictos, aunque indiscutido su valor y relevancia en la ardua tarea de abordar la conflictividad de la sociedad, han ido perdiendo el impacto buscado.

Circunscribiéndome específicamente al ámbito de la Pcia. de Bs. As., con la implementación obligatoria de la mediación, ha quedado demostrado en la práctica que la misma no ha sido tan eficaz como se la intenta o intentó promocionar. Me animaría a decir demasiado poco eficaz, toda vez que sus elementos constitutivos imposibilitaron la evolución de su paradigma y posterior adecuación a nuestra cultura.

De este modo se ha ido perdiendo la oportunidad de aprender de experiencias originadas en ámbitos y contextos diferentes, no teniendo en cuenta que el perfil sociocultural en el que la misma intenta insertarse determina – de algún modo- su destino.

Poner en palabras este secreto a voces no busca denostar a la mediación, sino por el contrario realizar un análisis crítico en aras de fortalecerla, adecuarla e incluso evolucionarla, a los fines de que sus  resultados sean lo suficientemente sólidos para modificar en parte, el paradigma imperante, en donde aún la litigiosidad es la norma y la sentencia es el objetivo final.

Haré un recorte de la situación descripta para posicionarme en lo normado por la Ley 13.951 que establece el Régimen de Mediación como Método Alternativo de Resolución de Conflictos Judiciales en el Ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Como he señalado en reiteradas oportunidades (congresos y/o artículos doctrinarios) el tratamiento que se le da a la mediación en dicha norma, claramente la entiendo como judicial.

He señalado que desde ese encuadre el mediador –sin decirlo específicamente- es un funcionario público “sui generis”.

Y resalto este punto, porque entiendo que hay que modificar la perspectiva actual y comenzar a transitar diferentes caminos que nos posibiliten una mirada acorde a los tiempos que corren. Debemos asumir nuevos compromisos y reformular los paradigmas establecidos, entendiendo que los significantes de la resolución de conflictos deberían evolucionar en el mismo sentido que la sociedad. Lo contrario sería negar una y otra vez el propio espíritu de las herramientas de resolución de conflictos.

Las fundamentaciones segmentadas según ámbito, ciencia y experticia, deben dar paso a un enfoque holístico amplio y universal elaborando nuevas respuestas.

Debemos dejar de ver a la mediación como anti-jurisdiccional, no es este un planteo novedoso, pero si en alguna manera disruptivo, cuya búsqueda final es la de resaltar la importancia de valorar posiciones mixtas. Esta nueva mirada o reconfiguración seguramente generará férreos oponentes con sesgadas argumentaciones.

En lo personal evaluó a la mediación implementada en la provincia de Buenos Aires como un logro inconcluso, inacabado en razón de prejuicios y erradas interpretaciones, las cuales impidieron la simpleza de visualizar la ley, como la ley se escribió, imponiéndole injustamente una mala redacción a su texto. Estos conceptos fueron explicitados en una entrevista [1]a la que fui invitado por el Instituto de Reformas Legislativas del Colegio de Abogados de Mar del Plata. En dicho artículo señalé que el encuadre jurídico que la ley establece, no es otro que el de la Mediación Judicial con intervención de operadores externos.

Antes de incursionar en los fundamentos que me llevan a entenderlo de esta forma, me parece pertinente analizar el contexto actual, en donde el menosprecio, el rechazo y quizás la indiferencia ha sido la norma habitual de interacción para con los mediadores prejudiciales – en particular los del ámbito de la provincia de Buenos Aires-.

Este tratamiento se ha establecido en las facetas de este tetraedro que forma la realidad donde interactuamos, con los mediables, con su representación letrada (nuestros pares), con la jurisdicción que deviene al final de nuestra actuación, y primariamente con el ámbito que nos regula y dirige.

Quizás en otro arrebato de inconsciencia, me aventuraría a delinear cuales son las desventajas que visualizo en tres de esas cuatro facetas, en donde observo que la responsabilidad es mancomunada entre mediadores, partícipes y letrados, ya que cada uno de ellos debiera asumir la responsabilidad que le corresponde.

En cuanto a la cuarta faceta que sería la autoridad de aplicación, entiendo que su responsabilidad es absoluta e inexcusable, y su falta de consideración para con “sus mediadores” se ha ido agudizando en los últimos años.

Considero que seguir interpretando que la naturaleza jurídica del mediador es prejudicial nos lleva irremediablemente a diferentes encorsetamientos que enumero a continuación (remito en este caso al ámbito de la Provincia de Buenos Aires, porque creo que al interpretarla contra legem podría ser fácilmente corregible).

  1. Nos aleja de nuestros pares y colegas, ya que muchos entienden que es un escollo para su acceso a la jurisdicción y que a la postre deben compartir parte de sus honorarios con esta intervención “prejudicial” sin entender cuál es el sustento de nuestra actuación, sin dejar de mencionar que lo ven como un ámbito externo en el cual se exponen a adelantar su estrategia futura.
  2. Nos aleja de los jueces que fluctúan casi unánimemente entre considerarlo un gasto innecesario y una intervención promiscua y desvalorizante de la interpretación de hechos y derecho (hablo de la generalidad, dejando a resguardo aquellos magistrados que abonan y promueven la mediación como opción).
  3. Nos aleja de las partes fuertemente influidas por los letrados contrarios a la mediación, que solo entienden que es una demora innecesaria para su objetivo, sin poder ver las ventajas de un proceso al que son obligados a participar y que los aleja del objetivo real que es el de tener una sentencia que reconozca su reclamo.

Estoy convencido que re-pensarse desde otra perspectiva, nos aportaría valor, empoderamiento y al mismo tiempo posibilitaría recorrer un nuevo camino que vaya corrigiendo los preconceptos rígidos imperantes, no sin el esfuerzo de los mediadores y el acompañamiento de la autoridad de aplicación “sine qua non”.

A partir de lo expresado, sostengo que la naturaleza jurídica del mediador dentro de la ley 13.951 lo encuadraría en la órbita de un Funcionario Público Externo o “sui generis”, y sería externo o “sui generis” por cuanto el mismo no tiene dependencia presupuestaria del estado.

Por otro lado, el posicionar al mediador como Funcionario Público Externo o “sui generis”, lo hace pasible de una importante cantidad de atribuciones y obligaciones.

 EL MEDIADOR BAJO LA MIRADA DE UN FUNCIONARIO PUBLICO EXTERNO O “SUI GENERIS” SIN DEPENDENCIA PRESUPUESTARIA.

     

        En principio me gustaría señalar cuál es la definición de funcionario público, para entender de qué estamos hablando cuando hago mención a este carácter que –a mi criterio- reviste la figura del mediador.

       Un funcionario público es toda persona que desempeña algunas de las funciones públicas en virtud de una designación especial y legal (ya por decreto ejecutivo, ya por elección).

           Y de una manera continua bajo formas y condiciones determinadas de una limitada esfera de competencia, constituye o concurre a constituir y expresar o ejecutar la voluntad del estado, cuando esa voluntad se dirige a la realización de un fin público. (Bielsa).

Un importante número de obligaciones y competencias le son atribuidas al mediador, lo que lo colocaría en la órbita de un funcionario público. Podrán algunos señalar que estaríamos frente a una actividad fuertemente regulada, pero es errado ese pensamiento.

A continuación, enumerare las obligaciones que se encuadran más con la de un funcionario público que con la figura de un profesional independiente que ejerce la especialidad de mediador (si cabe esa distinción):

  1. Exigencia de un examen de idoneidad exclusivo y excluyente para su designación.
  2. Contar con matricula activa y vigente como profesional abogado.
  3. Régimen de actuación fuertemente regulada, ya que está obligado a actuar ante los sorteos.
  4. Régimen de excusación similar al establecido para los magistrados (restringido y especial).
  5. Deber de informar las contingencias ante el impedimento de su actuación (licencias, suspensión de matrícula, excusación, etc.) que quedará firme por una disposición emitida por la Dirección Provincial que la formalizará.
  6. Incompatibilidad de actuación como profesional del derecho para sí y para los asociados al estudio respecto de quienes hayan participado de una mediación en la que este haya intervenido.
  7. Obligación de contar con espacios mínimos e infraestructura especial para el desarrollo de su tarea como mediador.
  8. Obligación de contar con una infraestructura informática específica, conexión a internet, comunicación telefónica para el desenvolvimiento de sus tareas, etc.
  9. Obligación de actualización anual, la que se realiza bajo exclusivo costo del mediador.
  10. Obligación del pago de una matrícula de mediador judicial anual, cuyo incumplimiento puede devenir en suspensión.
  11. Obligación de notificar a las partes sobre la apertura de la mediación.
  12. Potestad para notificar como oficial ad –hoc.
  13. Ser fedatario de la notificación, de las actas de apertura; cierre y acuerdo de la mediación asignada.
  14. Uso obligatorio del sistema de gestión del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para el desarrollo de la mediación.
  15. Obligación de informar mediante el sistema de gestión y dar fe de las incomparecencias de las partes a las audiencias, las cuales en caso de corresponder serán sancionadas con multas a cargo de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires.
  16. Obligación de resguardar, reservar y archivar las notificaciones y actuaciones del proceso de mediación por tiempo determinado.
  17. Actuación dirigida a aproximar a las partes en búsqueda de posibles acuerdos utilizando las herramientas de su formación. La mediación no es un mero trámite para acceder a la jurisdicción.
  18. Restricción de actuación para intervenir exclusivamente en el departamento judicial en el que se encuentre matriculado.
  19. Obligación de fijar domicilio dentro de las treinta cuadras de los tribunales.
  20. Obligación de cumplir un horario de atención.
  21. Deber de evaluar la viabilidad de las causales de justificación por incomparecencia.
  22. Deber de verificar la personería invocada por las partes, así como valorar las singularidades de las excepciones de representación por distancia.
  23. Comparecencia obligatoria y personal del mediador a las audiencias. Imposibilidad de delegar funciones.
  24. Comunicar el resultado de la mediación con fines estadísticos a la autoridad de aplicación dentro de los treinta días corridos.
  25. En caso de acuerdo, dar fe del mismo e informar las consecuencias jurídicas.
  26. Imposibilidad de actuar como mediador en sede judicial, cuando se registren inhabilitaciones civiles, comerciales, penales, condenados con pena de reclusión y prisión por delitos dolosos o quienes hayan sido sancionados disciplinariamente.
  27. Por último, me interesa remarcar que el carácter de funcionario público del mediador está receptado también en la Ley 15.078 de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Pcial. ya que en sus artículos 51 y 52, señala que el mediador deberá dar fe de la incomparecencia injustificada de las partes a la primera audiencia lo que les generará a las mismas una multa- actividad propia de un funcionario público- haciendo mención a continuación que el importe de la misma será equivalente a “…dos veces la retribución mínima que le corresponda percibir al Mediador por su gestión…determinando sin lugar a dudas que la retribución del mediador se encuentra tarifada y que no es facultad de los magistrados regularla –funcionario público sin dependencia presupuestaria-.  No quedan dudas de que la retribución de los mediadores está establecida por ley, como se establece por la ley, la tasa de justicia.

           Esta enumeración no pretende en modo alguno ser taxativa, si no que intenta señalar algunos de los puntos que sustentan lo expuesto.

He señalado sucintamente las desventajas que implica tomar al mediador como “prejudicial”.

Por lo que los invito a reflexionar a contrario-sensu de lo expuesto, y focalizarnos en un cambio de paradigma que nos lleve a pensar sobre las ventajas de tomar al mediador como «judicial», con una naturaleza jurídica de funcionario público y con la singularidad de ser “sui generis” por su “no dependencia presupuestaria”. Lo que sin dudas contribuiría notablemente a que se reconozca la función esencial y específica que el Estado ha delegado en la figura del mediador.

 

[1] Entrevista realizada por la Dra. Verónica Gabriela Pino, al Dr. Ricardo A. Bracamonte-Director Provincial de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos- Ministerio de Justicia de la Pcia. de Bs. As. (2012/2016)  http://institutoscamdp.com.ar/reformalegislativa

Autoridades

Autoridades del Instituto.

  • Directora: Alba Marina Indrigo
  • Secretaria General: Norma Marta Tehaux
  • Tesorera: Susana Haydée Queijeiro
  • Vocales:
    • Ana María Di Ciancia
    • Edgardo Ricardo Dursi

 

DIA DEL AMBIENTE – 5 DE JUNIO

Celebramos el día del ambiente desde la cátedra de Recursos Naturales y Protección Ambiental de la Facultad de Derecho UNMdP, el Centro de Estudiantes y el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados, con esta charla abierta, entre tantos temas, del Sistema Federal de Áreas Protegidas. Están invitad@s!